Nadie quiere vivir en una ciudad que asfixia

Cuando ya llevamos más de dos semanas en las que prácticamente toda España enlaza días que superan los 30 grados y noches en las que a duras penas desciende de los 20, una nueva ola de calor se aproxima y gran parte del país superará los 40 grados en las próximas jornadas. Una situación que en los núcleos urbanos se agrava debido a las islas de calor, un efecto que se intensifica en zonas densamente pobladas y con alta concentración de edificios, carreteras y otros elementos que absorben y retienen las altas temperaturas.

Las emisiones del sector transporte-movilidad son las únicas que siguen creciendo año a año en España. Ante el ineludible desafío climático y de salud pública que ello supone, la movilidad urbana se encuentra en un momento de transición crucial. O debería. Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que emergieron a principios de 2020, podrían reducir la contaminación, aliviar el calor e impulsar la transformación de la movilidad y el espacio público de las ciudades. Pero no está siendo así.

La urgencia de implementar estas zonas tiene triple justificación: ambiental, climática y sanitaria. Además, responde a obligaciones legales a nivel europeo y estatal en materia de reducción de emisiones y fomento del cambio modal en las ciudades. Más de 151 ciudades españolas estaban obligadas por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a implementarlas antes de 2023.

Estas zonas terminaron regulándose por Real Decreto a finales de 2022. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a su vez, elaboró una ordenanza tipo de mínimos que ha sido la guía para muchos ayuntamientos. La Dirección General de Tráfico (DGT) contribuyó con un largo listado de excepciones posibles. En los tres casos, ninguna ambición. Lo que tenemos hoy, o no es eficaz, o no es nada. Si estas zonas se hubieran diseñado e implementado con interés, dedicación, e información veraz, hoy nuestros municipios serían más habitables y saludables sin cuestionarse sus beneficios. De hecho, si le preguntáramos a la ciudadanía quien quiere vivir en una ciudad que asfixia, la respuesta sería “nadie”.

La contaminación del aire es el riesgo ambiental para la salud más significativo en Europa, especialmente en áreas urbanas. El tráfico es una de sus principales causas. De hecho, el sector transporte-movilidad fue responsable del 32,5% del total de Gases de Efecto Invernadero del Estado en 2024. El aumento de enfermedades pulmonares, cardiovasculares y diabetes, entre otras, son algunas de las consecuencias de no proteger el aire que respiramos. Más de 25.000 personas mueren cada año en España por causas relacionadas con la contaminación atmosférica. Una cifra espeluznante.

Si bien los límites legales identifican que el 6% de la población española está expuesta a aire contaminado, se superará el 68% cuando entren en vigor los nuevos límites europeos ya aprobados y que se deberán cumplir en 2030. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dibuja un escenario más preocupante para nuestro país: sus datos reflejan que el 100% de la población respira aire contaminado.

Construir barrios con vida es una apuesta por la salud de los ciudadanos. Sirven para devolver las calles al peatón, reducir el vehículo privado, promover un urbanismo sostenible, y sensibilizar y educar en pro de la sostenibilidad, priorizando la movilidad activa y el transporte público. Cada ciudadano tiene derecho a disfrutar de esta transformación y esta calidad de vida en sus municipios. Una planificación adecuada por parte de los ayuntamientos significa vincular su implementación a una serie de intervenciones complementarias y ambiciosas que son indispensables para reducir su supuesta potencial contribución a un incremento de las desigualdades y no dejar a nadie atrás.

A finales de 2024 el Defensor del Pueblo de España emplazaba a los municipios españoles a cumplir con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética respecto a la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones. Resulta irónico que, a pesar del escenario actual, sí está generalizada la idea entre ayuntamientos de diferente signo sobre el cambio de modelo en nuestras ciudades para priorizar un reparto justo y eficiente del espacio público. A pesar de ello, el retardismo, la negativa y la ideología se han impuesto, justificados por factores como la inseguridad jurídica derivada de la judicialización, la polarización política, la escasez de recursos económicos y/o técnicos, las deficiencias en las etiquetas ambientales de vehículos de la DGT, la falta de consenso, la preferencia por otros modelos, la desinformación (y la falta de ella) y la preocupación por su impopularidad electoral.

Aunque el Real Decreto 1052/2022 fue aprobado con el objetivo de regular los requisitos mínimos para las Zonas de Bajas Emisiones, su aplicación ha revelado deficiencias en respuesta a los altos niveles de contaminación y en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea se ha abierto un periodo de información pública para su modificación. Y es que se han observado moratorias injustificadamente extensas debido a la ausencia de un régimen sancionador, zonas sin restricciones reales, barra libre de entrada de vehículos contaminantes por las carencias del sistema de etiquetado, ámbitos territoriales insuficientes o que coinciden con áreas ya restringidas, y regímenes de excepciones demasiado amplios. Tal es el grado de exenciones, que en muchas ciudades los vehículos afectados por la ZBE no llegan ni a un 10% del total del parque automovilístico.

Además, en muchos casos no se han vinculado a medidas transversales y complementarias más amplias sobre sistemas de movilidad y espacio público. Tampoco a una progresión en su extensión, que garantizaría su eficacia en una fecha determinada en el medio plazo con una implementación ambiciosa y evitando cambios rápidos y traumáticos.

Pero todavía estamos a tiempo de aprovechar esta oportunidad y conseguir ciudades más saludables, sostenibles y pensadas para todas las personas recuperando la agenda verde, se vote a quien se vote. También una oportunidad para que el Gobierno no se olvide de la emergencia climática en un contexto como el actual, que le permitiría continuar el camino que comenzó, reforzando las medidas de mitigación, adaptaciones y eficiencia energética. Hay municipios que sí se están comprometiendo, poniendo en marcha medidas para promover la salud y la habitabilidad de las ciudades, como los firmantes del Manifiesto Clean Cities, y merece la pena ponerlos en valor. Es el momento de pensar en mejorar nuestro bienestar y calidad de vida.