Latinoamérica, la ONU y Michelle Bachelet
La propuesta de la expresidente chilena para la secretaría general busca modernizar Naciones Unidas sin abandonar sus principios, para que recupere legitimidad y eficacia frente a las crisis globales

En Nueva York, la de Michelle Bachelet fue la primera de cuatro candidaturas inscritas en exponer ante representantes de los países miembros su programa para la secretaría general de Naciones Unidas. Cuenta con el respaldo formal de Brasil y México, pero no del Estado chileno. Argentina, Costa Rica y Senegal presentan las otras candidaturas.
Ha recibido críticas la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de retirar el apoyo chileno a Bachelet. Coincido con exministros y especialistas que han señalado el error: la medida es divisiva internamente, desmerece a la única mujer que ha sido presidenta dos veces y perjudica la imagen de Chile y su tradición de política exterior basada en el respeto al derecho internacional, la defensa de los derechos humanos, la solución pacífica de controversias y el apoyo a un sistema multilateral fuerte. No es “buenismo”: es realismo geopolítico; el multilateralismo protege a los países pequeños frente a la disputa entre potencias.
Es evidente que primó el temor a un posible veto de la Administración Trump sobre otros argumentos. Sería bochornoso para el Gobierno que Bachelet llegara a la secretaría general sin el respaldo de su propio país; varios expertos y las cancillerías que hoy la apoyan la consideran una candidatura competitiva por su amplio conocimiento del sistema de Naciones Unidas y su experiencia ejecutiva: fue presidenta en dos periodos, primera ministra de Defensa en la región y ministra de Salud. Su eventual éxito revelaría además la mezquindad política detrás de la decisión gubernamental y podría impactar en sectores de derecha seguidores del fallecido expresidente Sebastián Piñera que, como ha trascendido, ofreció apoyo a Bachelet en la postulación al máximo cargo de la diplomacia internacional.
Latinoamérica tiene ahora la oportunidad de liderar una organización que enfrenta grandes desafíos e incertidumbre global. La costumbre regional de alternancia no es una norma escrita; la falta de consenso podría perjudicar a toda la región y abrir la puerta a candidaturas de otras zonas.
Y no es fácil. La integración latinoamericana está en retroceso: mecanismos como la Celac carecen de institucionalidad y no logran consensos sobre cuestiones urgentes como la crisis de Venezuela, el asedio a Cuba, la migración irregular o el combate al crimen organizado transnacional. Varios procesos subregionales colapsaron, con las excepciones relativas de Caricom y Mercosur; Unasur se fragmentó y sus reemplazos (Prosur, Grupo de Lima) fracasaron. La región pierde décadas de integración; el Consenso de Brasilia inicia tímidamente nuevas conversaciones, pero es insuficiente. América Latina muestra menor integración política y económica que el Sudeste Asiático, el África y Oceanía, y queda muy lejos de la cohesión de la Unión Europea, que mantiene políticas comunes pese a grandes divergencias internas.
El programa de Michelle Bachelet propone una ONU renovada, eficaz y cercana a las personas para afrontar desafíos del siglo XXI. Plantea cuatro ejes: 1) mirar hacia adentro, promoviendo reformas institucionales que simplifiquen la burocracia, optimicen recursos y prioricen la prevención y la diplomacia temprana; 2) mirar hacia afuera, reconectando con la ciudadanía mediante resultados tangibles, mayor transparencia y comunicación accesible; 3) mirar hacia atrás, reafirmando los principios fundacionales de la Carta de 1945 —paz, derechos humanos y derecho internacional— como guía vigente; y 4) mirar hacia adelante, diseñando colectivamente el futuro de la Organización de cara a su centenario, combinando continuidad y adaptación. El programa subraya la necesidad de gestión orientada a resultados verificables, uso eficiente de recursos y fortalecimiento de los tres pilares: paz y seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos. Propone mejorar la coordinación interagencial, apoyar a países vulnerables reformar la arquitectura financiera internacional y aprovechar tecnologías emergentes para el desarrollo y la resiliencia. Aboga por una ONU imparcial, con liderazgo activo en terreno, mayor capacidad de mediación y un sistema de derechos humanos más independiente y financiado. En síntesis, la visión busca modernizar la ONU sin abandonar sus principios, para que recupere legitimidad y eficacia frente a las crisis globales.
Al igual que los demás países de Latinoamérica, Brasil y México enfrentan problemas comunes: desigualdad, violencia, corrupción y tensiones diplomáticas que históricamente han limitado la coordinación regional. Sin embargo, ambos poseen oportunidades: economías grandes y diversificadas, liderazgo político regional, capacidad de mediación y redes diplomáticas que pueden articular cooperación en clima, comercio y seguridad. Su apoyo a Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU simboliza una apuesta por el multilateralismo, la defensa de derechos humanos y la voz latinoamericana en foros globales; puede reforzar la influencia regional y abrir espacios para alianzas estratégicas multilaterales.
Brasil y México han sido explícitos en evitar un quiebre bilateral con Chile por esta decisión; sin embargo, otorgar influencia en la región a una Administración estadounidense intervencionista es preocupante. Alejarse de la coordinación latinoamericana con dos países clave demuestra un desdén por nuestra condición regional. En tiempos de relanzamiento del intervencionismo del norte, distanciarse de nuestros aliados no es prudente, y no apoyar a la expresidenta resulta simplemente impresentable.







































