La desunida y tardía reacción latinoamericana

En los días que siguieron a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, el 3 de enero de 2026, por la que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron arrestados y trasladados a Nueva York, para enfrentar un largo proceso judicial, se produjo un posicionamiento conjunto de los gobiernos de Brasil, México, Colombia, Chile y Uruguay, más España. A pesar de la gravedad de la incursión armada en Caracas, los mandatarios del progresismo iberoamericano se limitaron a expresar “preocupación y rechazo” por el unilateralismo de Washington y llamaron a regresar al cauce del derecho internacional y las normativas de la ONU.

También reiteraron los presidentes su compromiso con uno de los principios básicos de la tradición diplomática latinoamericana: el respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. Por último, suscribieron otra premisa de la legislación social y económica del siglo XX latinoamericano, reclamo de las largas luchas revolucionarias y soberanistas de la región en el siglo XX: el control nacional de los recursos naturales y energéticos.

Dada la crispación del momento, es probable que no pocos leyeran el documento como un respaldo a Maduro. Pero lo cierto es que varios de aquellos gobiernos, como el español, el chileno, el brasileño y el colombiano, no reconocieron, en diversos tonos o grados, la reelección de Nicolás Maduro en el verano de 2024. Una frase en el segundo punto de la declaración sostenía que la crisis venezolana “debía resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, en todas sus expresiones” y agregaba que dichos gobiernos apostaban por “un proceso inclusivo, liderado por las y los venezolanos, que pueda conducir a una solución democrática”.

Estas palabras, solución democrática o transición democrática, no se habían pronunciado en la conferencia de prensa de Donald Trump, Marco Rubio y Pete Hegseth en Palm Beach el mismo 3 de enero. En los días siguientes, tanto Trump como Rubio descartaron explícitamente un proceso de cambio de régimen o tránsito democrático en Venezuela, cuestionaron el liderazgo de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, vencedores en las elecciones de 2024, y autorizaron a Delcy Rodríguez como sucesora designada por el propio Maduro.

No solo no se partía de los resultados electorales de 2024 para la reconstrucción de Venezuela, tampoco se contemplaba la celebración de elecciones, previstas por la propia Constitución venezolana. Según Trump y Rubio, una sucesión conducida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, consistía en la mejor opción para garantizar la máxima prioridad de Washington: acceso privilegiado a los enormes recursos petroleros del país suramericano y, a partir del control energético, recomposición de la red geopolítica de Caracas.

El progresismo latinoamericano asumía finalmente una clara diferenciación de las otras dos agendas fuertemente involucradas en el proceso venezolano desde los tiempos de Hugo Chávez: la estadounidense, que tiende al tutelaje del cambio o a la contemporización con el madurismo, y la bolivariana, agenciada fundamentalmente por Caracas y La Habana, que busca involucrar intereses de rivales de Washington, como China, Rusia e Irán, en el Caribe, para contrarrestar la hegemonía de Washington.

Desde las elecciones de 2024, esa ruta estaba intelectualmente perfilada, pero no logró concretarse por medio de un plan de acción a favor del desconocimiento de la reelección de Maduro. Tres fenómenos intervinieron: el regreso de Trump a la Casa Blanca y su oferta inicial de diálogo con Maduro, el ascenso de nuevas derechas en América Latina, alineadas con el trumpismo, y la propia vacilación dentro del polo progresista. El México de Andrés Manuel López Obrador fue fundamental en esa parálisis.

Durante la segunda mitad del sexenio de López Obrador, especialmente a partir de su viaje a La Habana en 2022, la diplomacia mexicana se vio, como muchas veces en el pasado, atenazada entre Cuba y Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador, amigo de Trump, apostó fuertemente a la integración de América del Norte, pero recurrió de manera compensatoria a una diplomacia latinoamericanista, cuya principal conexión fue siempre Cuba. Desde La Habana y desde el Grupo de Puebla, un lobby probolivariano instalado en México, fue diseñada la diplomacia partidista de México en Bolivia, Perú y Ecuador y el trato protector y asistencialista de Andrés Manuel López Obrador con Cuba y Nicaragua.

Con una América Latina fracturada entre izquierdas y derechas y sus principales foros multilaterales implosionados (OEA, CELAC, Cumbres Iberoamericanas…), la región fue incapaz de reaccionar a tiempo a la escalada intervencionista de Estados Unidos en Venezuela que, en su fase militar, comenzó en septiembre de 2025, con los ataques a embarcaciones en el Caribe. Hasta diciembre de ese año, solo dos gobiernos de la región, el de Lula da Silva en Brasil y el de Gustavo Petro en Colombia, se opusieron con firmeza a ese largo preámbulo de la operación del 3 de enero, que incluyó un bloqueo petrolero y varias incautaciones de buques venezolanos.

La falta de contención de Estados Unidos, pudo constatarse también en la cada vez más tibia reacción de Rusia y China, que optaron por concentrar sus prioridades en Ucrania y Taiwán. Ese repliegue es crucial para explicar lo que ha sucedido, así como el deterioro de la conexión de América Latina con Europa, propiciado por la concurrencia de las dos líneas antitéticas, antes señaladas: la proclive al alineamiento con Trump y la reacia al entendimiento con España y la Unión Europea.

Llega tarde el posicionamiento de los seis gobiernos iberoamericanos, pero llega con un énfasis que podría hacer la diferencia en los próximos meses: una transición a la democracia en Venezuela, como resultado de un nuevo proceso electoral y no de una sucesión autoritaria, tutelada por Estados Unidos. No parece haber otro camino para fundar una legitimidad verdaderamente soberana en ese país suramericano. Hacia ahí deberían dirigirse los esfuerzos diplomáticos de todos los gobiernos de la región. No solo por instinto defensivo sino como llamado a la diversificación internacional de América Latina.