La hora cero del ‘Gobierno de emergencia’ de Kast: tres meses para concretar el relato

Este miércoles asume la presidencia de Chile el republicano José Antonio Kast, que ganó en las urnas bajo el compromiso de encabezar un Gobierno de emergencia que responda a las mayores preocupaciones ciudadanas: seguridad, economía y control migratorio. Para controlar las altas expectativas que ha generado su relato, la futura Administración ha elaborado un plan de acción para los primeros 90 días de mandato que incluyen medidas administrativas, cambios reglamentarios y el envío de proyectos de ley de “sentido común”, que generen un consenso suficiente como para que el fragmentado Congreso los despache en el corto plazo. Desde la nueva oposición esperan lidiar con un “ladrillo administrativo” en diferentes áreas, que termine por colapsar el debate público y les dificulte su articulación para responder a cada frente.

Desde el pasado agosto que el economista Bernardo Fontaine trabaja en 90 medidas concretas -no anuncios-, concentradas en los ministerios del Interior, Seguridad, Justicia, Hacienda, Economía, Salud, Vivienda y Trabajo. El objetivo del Plan Desafío 90 es reflejar un cambio de viraje lo más pronto posible y, para ello, está definida la firma de Kast para unos 40 cambios reglamentarios y cerca de 25 proyectos de ley. Estos incluyen el de tipificar como delito el ingreso irregular al país, eliminar el pago de las contribuciones para la primera vivienda para los mayores de 65 años y decretar alerta sanitaria en salud, con el objetivo de facilitar la derivación de pacientes del sector público al sector privado.

El nuevo Gobierno asume la tarea con un 65% de los chilenos declarándose optimistas respectos del futuro y un 57% confiados en que le irá bien durante la próxima Administración, según la encuestadora Cadem. Desde que resultó electo, Kast ya ha dado varias señales para atajar las altas expectativas que generó desde su campaña en la que solía reiterar “todo va a estar bien”. En el seminario de Clapes UC, a finales de enero, adelantó que “va a ser un año complejo”. “Hay personas que piensan que solo por el cambio de Gobierno los que vienen tienen una varita mágica”. El futuro mandatario pidió “colaboración”, porque “hay veces que las expectativas son tan altas que al primer traspié, o a la primera vez que uno no entrega algo, las personas se desencantan”.

Uno de los grandes compromisos de campaña fue el de un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares los 18 primeros meses de mandato. Desde febrero que cada ministerio recibió una instrucción de implementar una rebaja pareja del 3% de gasto en su cartera de forma permanente, lo que se traduciría en una reducción de 3.000 millones de dólares, según Pulso. El plan busca combatir los abusos y el fraude, lograr una mayor eficiencia del gasto tanto administrativo como programático, e instalar como práctica la austeridad fiscal. Para lograrlo, el instructivo al que tuvo acceso el medio citado incluye revisar los contratos de servicios como arriendos y aseo; no reemplazar a los funcionarios públicos por enfermedad, limitar la duplicidad de funciones, revisar inversiones de cada servicio y frenar nuevos estudios y asesorías hasta nuevas instrucciones. Cada ministerio es responsable de ejecutar el diagnóstico de su cartera y lograr la meta. Los primeros resultados deberán verse en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, que se publicará en abril.

El primer proyecto de ley que buscará Hacienda, a cargo de Jorge Quiroz, es el ingreso de una reforma tributaria el 1 de abril, que incluye la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23% en cuatro años, y un crédito tributario por contratación y mantención de trabajadores contratados de sectores vulnerables, para evitar que caigan en la informalidad. Según medios locales también se modificarán reglamentos en materia de medioambiente, autorizaciones sectoriales -llamado permisología por buscar agilizar los permisos-, y de mercado capital. Se citará al Comité de ministros del Gobierno de Kast para que resuelva los proyectos de inversión que están paralizados, los que estiman en unos 7.000 millones de dólares. Uno de ellos es Dominga, una planta minera de extracción de hierro y cobre valorada en 2.500 millones de dólares, de propiedad de la chilena Andes Iron.

En seguridad, la principal preocupación ciudadana, las primeras medidas apuntan a aumentar las penas para los delincuentes vinculados al crimen organizado y levantar información sobre los líderes de estas organizaciones ya presos, para luego segregarlos y enviarlos a cárceles de alta seguridad. La intervención de unos 20 barrios críticos que registran gran presencia del narco y crimen organizado, y prohibir los narco funerales. En materia de control migratorio, además del proyecto de ley para tipificar como delito el ingreso ilegal a Chile, se buscará la aprobación de sancionar conductas como transportar, emplear o arrendar viviendas a extranjeros en situación irregular. También la construcción de zanjas para impedir el acceso por pasos no habilitados, iniciar los procesos de compra de mayor tecnología para el control fronterizo, aumentar la dotación policial en puntos críticos, entre otras. El vicealmirante retirado de la Armada de Chile, Alberto Soto Valenzuela, hará de Comisionado Presidencial de la macrozona Norte, promoviendo una mayor coordinación entre las instituciones que trabajan en la frontera y agilizando procesos de expulsión y reconducción.

Varias de estas medidas requieren de aprobación en el Congreso, donde las derechas tienen 76 diputados, de un hemiciclo de 155. No llegan a ser mayoría porque la lista del populista Partido de la Gente cuenta con 14 escaños. La formación de Franco Parisi ha advertido que apoyará las iniciativas del Ejecutivo de Kast si se centran en recuperar la seguridad e impulsar la economía: “De los contrario, vamos a ser una oposición férrea”. Los extremistas del Partido Libertario, que apoyaron a Kast en segunda vuelta, pero no se sumaron al Gobierno tras unas ofertas ministeriales lejanas a la primera línea, han alertado de lo mismo. No está previsto que en el aterrizaje del Gobierno toquen temas de libertades individuales para evitar caldear los ánimos y aprovechar la llamada luna de miel con iniciativas que generen consensos amplios.

Un mes antes de asumir, los futuros ministros recibieron la hoja de ruta del Plan Desafío 90, a la que le incorporación medidas y establecieron plazos específicos de cumplimientos, la cual fue entregada a mediados de febrero al Segundo Piso de La Moneda, como se conoce al recinto donde trabajan los principales asesores del mandatario. El seguimiento de las metas estará en manos de la División de Coordinación Interministerial, liderada por el abogado Cristián Loewe. En paralelo a los objetivos del Desafío 90, el equipo de Kast, liderado por el jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval, con ayuda del ministerio del Interior, se dedicará a realizar una auditoría a la Administración de Boric, para detectar contratos, licitaciones, sumarios o eventuales irregularidades y transparentarlas.