¿'Great expectations’?

La teoría de expectativas racionales sostiene que los agentes económicos —personas, empresas e inversionistas— son capaces de anticipar y moldear el futuro en función de sus expectativas y su interpretación del mediano plazo. Por ejemplo, si la mayoría de los inversionistas considera que es un buen momento para comprar acciones del sector financiero o invertir en cobre, esta mayor demanda impulsará el precio de estos activos y probablemente fomentará inversiones sostenidas en ellos. Por el contrario, si las expectativas sobre el futuro son negativas —como se ha evidenciado en Chile en los últimos años— y la población teme perder el empleo o enfrenta una inflación persistente, es común que adopten posturas más cautelosas, reduzcan sus inversiones y, en consecuencia, disminuya la demanda y la concreción de nuevos proyectos. Un caso claro es el sector inmobiliario, que no sólo se vio afectado por una inflación elevada y mayores restricciones de crédito, sino también por la caída en la demanda de viviendas, lo que terminó por paralizar al sector y afectar gravemente a las empresas constructoras e inmobiliarias.

La teoría de expectativas racionales fue desarrollada por John F. Muth y popularizada por Robert E. Lucas, quien recibió el premio Nobel de Economía en 1995 por sus aportes en este campo. Esta teoría se relaciona con el concepto de homo economicus, aporte de la economía neoclásica (siglo XIX), que define al ser humano como un agente racional, egoísta y con información perfecta, condiciones que aprovecha al momento de tomar decisiones.

Actualmente, en Chile, existen señales claras en los mercados: la Bolsa de Santiago ha subido cerca de un 15% desde la primera vuelta electoral de 2025 (60% en 12 meses), el dólar ha caído 40 pesos y el cobre se mantiene en niveles récord, rondando los seis dólares la libra, impulsado por la demanda global asociada a la IA y la industria de vehículos eléctricos. Además, una medición reciente de Cadem reveló que el 52% de los encuestados tiene expectativas positivas sobre la economía (un 22% más que la medición de 2025), mientras un 49% tiene expectativas positivas para el empleo y 46% para sí mismo y su familia (+14 puntos), mientras que un 58% cree que al Gobierno de Kast le irá bien o muy bien.

Este es el escenario que recibe al presidente electo, José Antonio Kast, quien ha anunciado un Gobierno de emergencia enfocado en combatir la delincuencia, la inmigración y la depresión económica. Su programa económico, liderado por el probable ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destaca la necesidad de reducir el impuesto corporativo y simplificar los permisos para proyectos de inversión. Estas medidas podrían incentivar a corto plazo la reactivación de proyectos actualmente detenidos, pero no garantizan necesariamente un cambio de rumbo o una sostenida recuperación de la inversión. Las empresas planifican y proyectan sus inversiones en horizontes de 15 a 20 años, por lo que una señal positiva hoy no es suficiente para cambiar por completo el ánimo de los inversionistas, menos aún con el riesgo de un nuevo cambio de rumbo.

Chile ha experimentado un “efecto péndulo” en la política desde 2006, alternando gobiernos de distintos signos (Bachelet, Piñera, Boric, Kast), donde cada uno busca implementar el programa con el que fue electo, desconociendo o modificando (la mayoría de las veces) la agenda de su predecesor. Esta inestabilidad genera una constante incertidumbre sobre la continuidad de las políticas económicas, lo que desalienta inversiones de largo plazo.

Por ello, no basta con cambios de administración para destrabar proyectos; se requiere un gran acuerdo político y económico que permita retomar la senda del crecimiento sostenido, como ocurrió durante la Concertación en los años 1990, cuando Chile creció a tasas de hasta dos dígitos y se convirtió en un referente global en garantías para inversionistas, fondos de pensiones y grandes proyectos de infraestructura y concesiones. Para lograr una expectativa racional sostenida es fundamental una reforma al sistema político que fomente la visión de largo plazo para el país, más allá de los ciclos presidenciales o parlamentarios.

La dispar y polarizada conformación del Congreso, el creciente déficit fiscal (y sus cuestionados cálculos), las reformas de último minuto como la negociación colectiva multinivel o ramal y la judicialización de proyectos, son trabas que no hay que desconocer o buscar simplificar en su solución, para estas se necesitan más que sonoros anuncios de rebajas de impuestos o medidas administrativas, que pueden terminar siendo solo buenas intenciones y con un impacto cercano a cero.