Kast no cede ante Boric: deja en el aire su apoyo a los proyectos de sala cuna y financiamiento educativo para no crear “falsas expectativas”
El presidente electo defiende en un encuentro con el mandatario de izquierdas que debe evaluar si las políticas prioritarias de la Administración saliente pueden financiarse permanentemente


El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha descartado este jueves su apoyo a los proyectos de ley prioritarios para el Gobierno de Gabriel Boric antes de su salida: la sala cuna universal y el que condona las deudas educativas asociadas al Crédito con Garantía Estatal (CAE) y reemplaza el sistema de créditos con un impuesto a los graduados, denominado FES. El republicano, que ha visitado al mandatario de izquierdas esta mañana -su segundo encuentro desde las elecciones presidenciales- ha condicionado el respaldo a las iniciativas de la actual Administración al estado de las arcas fiscales, para así garantizar la perdurabilidad de las políticas públicas y no “crear falsas expectativas”. Además, el futuro presidente, que anunciará el próximo martes a los miembros de su Gabinete, ha buscado en La Moneda generar un traspaso de información entre los ministros actuales y los que asumirán el próximo 11 de marzo.
“En cuanto a los proyectos de ley presentados en el Congreso, tanto el FES como la Sala Cuna se están conversando; pero no necesariamente alcanzarán a aprobarse en las tres semanas legislativas que quedan, incluida la de marzo”, advirtió Kast a la salida del encuentro, que duró cerca de una hora y media. En Chile, una empresa debe contar con sala cuna para sus empleados siempre y cuando tenga al menos 20 mujeres en plantilla, lo que en la práctica desincentiva la contratación femenina. “Debemos estar seguros de que contamos con recursos suficientes (para implementar los proyectos de ley), porque eso también va de la mano del reajuste”, añadió el presidente electo, que en campaña se comprometió a realizar un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en los primeros 18 meses de su mandato.

Sobre los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que han aumentado significativamente bajo el Gobierno de Boric, el republicano ha dicho que es momento de hacer una pausa y analizar los resultados de la institucionalidad que se encuentra en etapa de implementación desde 2023 para reemplazar a los municipios en la responsabilidad de entregar educación pública.
Consultado sobre la candidatura de la exmandataria, Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018), a la secretaría general de la Asamblea de Naciones Unidas (ONU), el presidente electo aseguró que no había discutido del asunto con Boric. El mandatario se izquierdas anunció este lunes en el programa de televisión Tolerancia 0 que su Administración formalizará la candidatura de la socialista -hasta ahora solo se ha anunciado-, aunque será el Gobierno de Kast el que se tendrá que hacer cargo de impulsarla durante el casi de año de campaña. Las derechas están divididas sobre el apoyo a Bachelet para liderar el organismo internacional, siendo el ala más dura la que ha expresado el mayor rechazo, mientras que la moderada defiende que puede ser positivo para la imagen de Chile.
Kast y Boric coincidieron este lunes también en la inauguración del Congreso Futuro, una de las principales citas sobre innovación y ciencia de América Latina. Ambos sostuvieron un breve, pero cordial diálogo, y el presidente hizo un llamamiento a su sucesor para sacar adelante el proyecto de sala cuna universal.
El tono fue más amable que el de la semana pasada en un encuentro con empresarios, donde el republicano acusó a la Administración de izquierdas de proponer cambios estructurales sin contar con respaldo fiscal. “Es una etapa que se caracterizó, lamentablemente para nuestro país, por la improvisación, por la incertidumbre, y la renuncia a gobernar con realismo”, sostuvo. También se refirió en la cita organizada por Icare al artículo incluido en el protocolo de acuerdo de reajuste del sector público, suscrito por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que establece mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata, cuyo vínculo laboral es transitorio: un contrato a plazo fijo que vence el 31 de diciembre de cada año. Para la futura Administración supone una “ley de amarre” ya que restringe sus posibilidades de remover empleados. “Tenemos que respetar que no podemos gastar más de lo que ingresa, por eso es tan malo que se empiece a discutir ahora una ley de amarre (...) Lo que no se hizo en cuatro años no se va a hacer en el último mes y menos usando resquicios”, planteó el presidente electo.
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