FES: por las familias, las instituciones y la eficiencia fiscal

Para lograr un acuerdo amplio y sostenible, el proyecto de ley que pone fin al CAE (Crédito con Garantía Estatal) y crea el FES (Financiamiento para la Educación Superior) necesitaba cambios importantes. Como Gobierno hemos demostrado flexibilidad y espíritu de diálogo, y por ello nos hemos concentrado en la elaboración de una propuesta que materializa tales ajustes. Teniendo como horizonte el interés de las familias, la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior, y la responsabilidad fiscal, el Ejecutivo ha propuesto una serie de modificaciones que atienden los nudos críticos identificados en el debate público y legislativo, integrando de manera coherente las valiosas sugerencias del Consejo de Rectores y de los distintos actores que dan forma al Sistema de Educación Superior.

A la luz de las importantes observaciones del Consejo Fiscal Autónomo y la Contraloría General de la República, parte de estas modificaciones apuntan a precisar la naturaleza jurídica y contable del FES, estableciendo la obligación de retribución mediante un contrato con el Estado que permite que el instrumento sea contabilizado como un préstamo. Estos ajustes preservan el principio de retribución contingente al ingreso, uno de los aspectos más valorados por la ciudadanía, toda vez que el compromiso se torna sensible a las condiciones materiales y las trayectorias de vida de las personas.

Se establece también un límite claro a la retribución, que impide cobros injustos. Esta modificación va de la mano con la habilitación de mecanismos como el prepago voluntario, que amplía las libertades y las opciones de planificación financiera personal y familiar de quienes están en condiciones de cumplir anticipadamente con su compromiso.

Las indicaciones recogen también la necesidad de armonizar con mayor sofisticación el financiamiento público y el resguardo de la autonomía y la diversidad institucional del nivel superior. Para ello se propone un régimen de copago diferenciado entre las instituciones adscritas a la Gratuidad y aquellas que solo participen del FES, alineando adecuadamente los incentivos del sistema con la sostenibilidad fiscal del país. Asimismo, además de la reorganización de las becas que propone el proyecto, se asegurará la mantención de los beneficios de arancel ligados al mérito académico y a la satisfacción de objetivos públicos relevantes, como la Beca de Excelencia Académica o la Vocación de Profesor, haciéndolas extensivas a todas las instituciones y no sólo a las que accedan a Gratuidad y/o al FES.

De igual forma, se contempla la incorporación de incentivos para la movilidad entre instituciones y la progresión de estudios entre distintos niveles formativos, propiciando la compatibilidad de la formación profesional con el dinamismo de las biografías contemporáneas. En esta misma línea, se flexibilizan los requisitos de acceso a empleos públicos, terminando con la exigencia de 10 semestres para ejercer como profesional en reparticiones estatales; a su vez, se habilitará el uso del FES para financiar postgrados articulados con planes de pregrado de menor duración y mayor flexibilidad. Esto debería contribuir a promover trayectorias formativas dinámicas y garantizar una inserción laboral oportuna y en mejores condiciones.

Después de un arduo trabajo, los equipos técnicos de oposición y del oficialismo han logrado construir una visión común en este tema. Estamos orgullosos de ese esfuerzo, que expresa una vocación por los acuerdos que es siempre valiosa, y que resulta indispensable cuando se trata de abordar los grandes problemas del país. Ahora es el momento para que todos quienes tenemos responsabilidades políticas logremos que esta visión común se concrete y podamos evitar el endeudamiento desproporcionado por estudios, fomentar carreras profesionales que enriquezcan y sostengan distintos proyectos de vida, y resguardar la diversidad institucional del nivel superior a través de un sistema que garantice el uso eficiente y responsable de los recursos públicos.

Dejar atrás el CAE y avanzar con paso firme hacia el FES es hoy una decisión fundamentalmente política. Un nuevo sistema de financiamiento universitario, fruto de un amplio y extendido consenso técnico y político, no sólo será una excelente noticia para las personas, la estabilidad del sistema de educación superior y la sostenibilidad de las finanzas públicas; también permitirá superar con éxito una discusión política y social que lleva más de una década acompañándonos, y que hoy, por fin, vislumbra un camino de solución razonable para todas las partes interesadas, el Estado, las instituciones, las familias y, sobre todo, las y los estudiantes del futuro.