FES: otro riesgo más para un Fisco desfinanciado

Antes de la discusión legislativa sobre el proyecto de Ley de Presupuestos de 2026, ya en la Cámara de Diputados, el espacio público se ha llenado de alusiones, desde diversos frentes, a la necesidad urgente de contener el gasto y la deuda pública. En su último informe trimestral de evaluación de la situación fiscal, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo encargado de asesorar al Ministerio de Hacienda, estimó que el límite de gasto máximo del Estado (llamada la “meta de balance estructural”) no se respetará en 2025. La deuda pública continuará aumentando y, con ella, el capital y los intereses que el Fisco anualmente paga a sus acreedores por ella. Al cierre del ejercicio presupuestario de 2026, se estima que la deuda bruta ascenderá a un 43,2% del PIB, en circunstancias en que en 2022 llegaba a 38,7% y en 2018, a un 24%.

El Gobierno del Presidente Boric, por su parte, ha comprometido una serie de acciones correctivas del gasto fiscal, entre las cuales incluye al proyecto de ley que reorganiza la deuda CAE y establece el mecanismo FES. Este proyecto condona parcialmente la deuda del Crédito con Garantía Estatal (CAE), reforma su método de cobranza y crea una nueva forma de financiar los estudios de los alumnos que, hasta ahora, recurren a las becas, créditos y otros instrumentos. A cambio del financiamiento de su carrera, los beneficiarios pagarán hasta un 8% de su ingreso, durante un período que puede llegar a 20 años. Cerca de un 30% de ellos pagarán 1,5 o más veces el costo de su carrera (más que con el CAE), subsidiando parcialmente al resto, de acuerdo con el informe que realizó University College of London (UCL) para la Subsecretaría de Educación Superior por la materia.

El Ejecutivo ha estimado que este proyecto, un impuesto a los graduados, generará un ahorro en las cuentas fiscales. En el informe financiero del proyecto de ley, elaborado por el Ministerio de Hacienda, se indica que el efecto neto será de cerca de US$500 millones sobre el ahorro fiscal, cuando el sistema esté implementado. Diversas voces del mundo académico, político y técnico han expresado duras críticas a esta proyección. Por ejemplo, el mismo CFA señaló que, entre otros problemas, los supuestos del informe financiero no han sido suficientemente transparentes; ciertos ingresos y egresos no son bien considerados; y la naturaleza jurídica del mecanismo no ha sido zanjada —todo esto, en la presentación a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el 23 de julio de 2025—.

Más aún, el mismo estudio que la Subsecretaría de Educación Superior encargó a UCL —que ha recibido críticas por ser demasiado optimista en su proyección de remuneraciones reales, más recientemente, en un seminario del CEP—, proyecta que el impuesto que propone el Gobierno es deficitario: considerando el costo estatal del préstamo y un crecimiento de las remuneraciones reales de un 1% anual, el Fisco no recuperaría cerca del 20% de lo que gastó (Anexo 10.5 del informe).

Esta propuesta continuaría con el lamentable patrón de gastar cada vez más en la educación terciaria, en vez de centrarse en los niveles educativos iniciales. De la OCDE, Chile es el tercer país que más ha aumentado su gasto por estudiante en la educación superior desde 2015 (un 33,5% hasta 2022). En la gratuidad, la política más significativa en este ámbito, se proyecta que el gasto público llegue a USD$2.700 millones el 2026, de acuerdo con el proyecto de Ley de Presupuestos de 2026. Con ello, acumularía un crecimiento de 55,6% desde el inicio de este gobierno. La implementación del FES implicaría un gasto que puede llegar a ser similar a la gratuidad, al pagar a las instituciones aranceles regulados por quienes se adhieran al mecanismo.

Lo expuesto aquí, además de múltiples otros informes y evidencias que han sido presentadas a lo largo de la discusión, muestra que el FES no es ni un ahorro, ni menos una medida correctiva del gasto. Más bien, impulsar la aprobación de la propuesta FES que el Gobierno tramita actualmente en el Senado resulta imprudente, no sólo atendiendo a los problemas de acceso, financiamiento y autonomía que causaría en la educación superior, sino también a la sanidad y el cuidado de las arcas fiscales de nuestro país.