La paradoja chilena: los empresarios locales lideraron una histórica fuga de capitales desde 2019, mientras que los extranjeros siguieron confiando en el país

Cuando una inédita ola de protestas estalló en Chile a fines de 2019, varios empresarios y dueños de grandes patrimonios empezaron a sacar sus capitales al extranjero. La discreta movilización de activos al exterior, que comenzó en el segundo Gobierno del presidente Sebastián Piñera (2018-2022), continuó incluso después del fin de las manifestaciones y se extendió a lo largo de los dos intentos por redactar una nueva Constitución, ambos proyectos rechazados en los referendos de 2022 y 2023, durante la Administración del izquierdista Gabriel Boric que concluirá en tres meses.

Según los datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), las operaciones internacionales de los inversores chilenos pasaron de 75 billones de pesos (unos 81,8 millones de dólares, al tipo de cambio de hoy) en 2019 a 127,6 billones (USD 138,4 millones) en 2023, lo que equivale al 45,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Las razones de este fenómeno están en algo más que una reorientación financiera.

Una investigación de la politóloga franco-estadounidense Rachel Théodore, académica del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) de la Universidad Mayor, y de Carlos Medel Vera, economista senior del Banco Central de Chile, apunta a un cambio en el comportamiento y las percepciones de los empresarios y la clase adinerada del país sudamericano, la cual pasó de exhibir un fuerte “sesgo local” –preferencia a los activos nacionales– a inclinarse por una transnacionalización de sus inversiones que estuvo acompañada por un proceso de desarraigo.

“Esto es lo novedoso e inédito. Esta vez, las salidas de capitales fueron decisiones de las personas y no de instituciones como las AFP y hubo un intenso movimiento de corto plazo al final de 2019, seguidos por tendencias más de largo plazo hasta hoy. El estallido provocó un efecto pánico que se captura bien en el índice de incertidumbre del Clapes UC [Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica], el EPU [Índice de Incertidumbre Política Económica], que sube drásticamente con el estallido”, dice Théodore.

Esta inédita salida de capitales pareciera una paradoja porque la inversión extranjera directa (IED) creció desde 17,8 mil millones de dólares en 2019 hasta 56,2 mil millones de dólares en 2024, como demuestran los datos de la agencia gubernamental InvestChile. Este aumento refleja que los inversionistas internacionales mantienen su confianza en Chile, según el estudio.

La académica, además, coloca sobre la mesa los datos del Banco Central que muestran que la situación macroeconómica de Chile—incluido el periodo posterior al estallido social—no era peor que la del resto del mundo, lo que ayudaría a explicar la conducta de los inversionistas extranjeros.

Sin embargo, las cifras del SII muestran una dinámica distinta entre los grandes patrimonios nacionales, actores principales de las salidas de capitales de Chile. Desde 2019, las inversiones en el extranjero realizadas por las Personas de Altos Patrimonios (PAP) —la categoría que agrupa a quienes poseen más de un millón de dólares en patrimonio personal declarado— se han más que duplicado. De hecho, unas de las conclusiones de la investigación es que los empresarios chilenos dejaron de confiar en el país o de valorarlo como un lugar seguro para invertir.

“Un autoexilio simbólico”

Rachel Théodore alerta que, a estas alturas, no está del todo claro si estas salidas de capital responden a un cambio más bien estructural en la forma de invertir de los grupos empresariales o si son, por ahora, algo más coyuntural. “Lo que sí parece bastante claro es que, si la polarización social y política sigue incrementando, las salidas de capitales tienen muchas probabilidades de mantenerse o incluso profundizarse, porque en el fondo está muy ligada a una crisis de confianza con el país”, explica.

Las diferencias de estrategias de inversión de los actores nacionales e internacionales revelan una crisis de confianza de los empresarios nacionales con su país. La politóloga entrevistó durante 2024 y 2025 a empresarios, representantes gremiales, economistas, abogados tributarios, funcionarios del ministerio de Hacienda y del SII. Constató en estas conversaciones que el estallido social y el primer proceso constituyente fueron vividos como un verdadero trauma por los sectores empresariales: “Existe en esos discursos un fuerte componente anticomunista vehiculado por una memoria intergeneracional y de clase, así como la sensación de miedo hacia su propia seguridad. Tengo varios entrevistados que nunca más bajaron a Santiago centro desde octubre 2019”.

De acuerdo con la politóloga, este trauma no solo respondió al impacto inmediato de los episodios de violencia experimentados durante el estallido social, como ataques contra estaciones del Metro de Santiago, saqueos a comercios y disturbios callejeros. Destaca también que a la percepción de que se habría desmoronado el pacto social y político forjado tras 1990 –año que marca el retorno a la democracia en Chile–, que implicaba estabilidad, previsibilidad y respeto al modelo económico.

Más allá de la conmoción por la violencia del estallido, la académica remarca que el mundo empresarial estaba “esperando los tomates” y que “para muchos empresarios, Chile dejó de ser un espacio seguro, donde podían ‘aportar’ o proyectarse como actores legítimos del desarrollo nacional. El resultado fue un repliegue defensivo, una retirada que combina prudencia financiera con una forma de autoexilio simbólico”.

Resalta que previo al estallido social las inversiones realizadas en el extranjero tenían como finalidad obtener un retorno de capitales; es decir, ganancias o inversiones de riesgo para retribución futura. Pero, como lo muestran los datos del SII, un 56% de las inversiones realizadas al exterior en 2023 no tuvieron ganancias. Dentro de varias hipótesis que emergen de las entrevistas de Théodore, una explicación es que las inversiones posteriores al estallido social se inclinaron más a la protección de los recursos y a la diversificación, puesto que el año 2019 marcó un “desanclaje” del empresariado con el país.

Este fenómeno no es solamente material, sino también identitario y simbólico, puesto que habrían dejado de “autopercibirse” como potenciales actores de la economía nacional. “Las élites dejaron de ser vistas como benefactoras y pasaron a ser responsables de las desigualdades y del malestar en ojos de los ciudadanos. Tienen entonces la sensación de que no pueden hacer nada, entonces, se van”, asegura.

Este proceso de desvinculación de la ciudadanía con el empresariado y los grandes patrimonios, que la académica estudia desde hace más de una década, le preocupa particularmente porque considera que “ninguna sociedad puede vivir sin sus élites económicas”. Y agrega: “Cuando se agranda la brecha entre la ciudadanía y las élites, no es una buena señal para la cohesión social. La desvinculación venía de antes, pero el estallido fue un antes-después. Hay que trabajar en reconstruir ese vínculo, ese contrato social entre los ciudadanos y las elites empresariales”, concluye.