Tres décadas de chavismo no se revierten en meses

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ejemplifica un cambio de era: el ejercicio descarnado del poder se impone abiertamente sobre el orden internacional basado en reglas. Las relaciones internacionales nunca han sido solo un sistema de normas: el poder militar ha coexistido siempre con el derecho internacional, aunque el grado de subordinación de uno al otro varía históricamente. Hoy, esa subordinación parece mínima. El derecho internacional no detuvo a Rusia en Ucrania, a China en el Mar del Sur, a Irán en su programa nuclear. Lo que limita sus acciones no son las resoluciones de la ONU o las sanciones económicas, sino el cálculo del costo de un conflicto armado directo con Washington.

En el caso venezolano, esa lógica de poder se manifiesta claramente: el interés estadounidense no reside primariamente en restaurar la democracia, sino en reafirmar su influencia hemisférica y consolidar sus intereses económicos. Independientemente de las prioridades de Washington, la estabilización de Venezuela es una cuestión crítica para los venezolanos dentro y fuera del país, y para los países latinoamericanos que enfrentan las consecuencias de su colapso. El régimen tiránico de Maduro provocó una crisis migratoria de escala hemisférica: 7,9 millones de venezolanos debieron abandonar su país, cerca del 25% de la población. 6,7 millones de ellos se establecieron en América Latina y el Caribe, transformando la demografía, la política migratoria de la región, y tomando un lugar central en la discusión política de cada país.

Para muchos venezolanos, la captura de Maduro significó justicia: quien completó la destrucción iniciada por Chávez finalmente enfrentaría consecuencias legales. Sin embargo, su caída no asegura una transición democrática rápida ni exitosa. Venezuela no es simplemente un país con un dictador que debe ser removido. Es una sociedad profundamente transformada por casi tres décadas de chavismo: en sus instituciones políticas, en los principios de legitimidad del poder, y en la estructura misma de las relaciones sociales. Estas tres transformaciones estructurales serán el principal obstáculo para cualquier intento de reconstrucción democrática, y deben ser el punto de partida de cualquier análisis serio sobre el futuro venezolano.

Tenemos, primero, la corrupción de las relaciones sociales. Un régimen como el chavista no solo corrompe a quienes ejercen el poder: impone lógicas de dependencia, clientelismo y lealtad forzada que penetran toda la sociedad. El ejército venezolano es un claro ejemplo de tal corrupción. Beneficiario directo del chavismo durante décadas, su lealtad al régimen está comprada con privilegios, negocios ilícitos y control territorial que un nuevo gobierno no podrá desmantelar rápidamente. Para que la transición sea exitosa, no bastará con purgar a la cúpula militar. El desafío será despolitizar la institución, desmontar las redes de corrupción que la sostienen, y profesionalizarla—un proceso que podría tomar una generación. Chile, que tardó años en subordinar plenamente su ejército al poder civil tras la dictadura de Pinochet, muestra la dificultad de este proceso incluso en transiciones pactadas.

El chavismo también creó los Colectivos, grupos paramilitares que funcionan como brazo armado irregular del régimen para reprimir opositores y controlar territorios. Reportes periodísticos muestran que se ha visto a sus miembros armados luego de la captura de Maduro, y detenciones de quienes celebren el hecho. Junto con desbaratar estas milicias, los gobiernos de transición deberán revertir décadas de militarización de la vida social venezolana, y eliminar el sistema de incentivos económicos y políticos que las sostiene: control de territorios, redes de contrabando e impunidad.

Por otra parte, el chavismo le hereda a sus sucesores un país colapsado económicamente. Las políticas económicas de Chávez y Maduro destruyeron la economía venezolana, forzando a millones de ciudadanos a depender de redes informales para acceder a alimentos, medicinas y servicios básicos. Hoy, millones de venezolanos dependen de estos sistemas para sobrevivir: funcionarios y militares del régimen que reciben salarios y privilegios, beneficiarios de programas de distribución controlados políticamente, y ciudadanos que participan en mercados negros o redes de contrabando. Estas estructuras de dependencia chocan con las virtudes que exige un sistema democrático.

A pesar de estos obstáculos, Venezuela no está condenada a mantener su condición. Pero esto solo es posible si quienes lideran la transición entienden que no hay atajos: será un proceso de años y negociaciones difíciles, con renuncias tanto de quienes se beneficiaron del régimen como de la actual oposición. Los caminos de transición son largos y requieren balances difíciles: entre justicia y estabilidad, entre purgas necesarias y pragmatismo político, entre expectativas legítimas de cambio rápido y la realidad de transformaciones que tomarán años. Venezuela puede ser libre, pero solo mediante un proceso gradual que se construya reconociendo la profundidad de sus heridas.