Más y mejor, con menos

Las confrontaciones presupuestarias han copado por estos días tanto el debate político como los titulares de prensa de Estados Unidos (con el cierre del Gobierno) y Chile (con el envío de la Ley de Presupuestos a su tramitación de dos meses en el Congreso), alcanzando en ambos casos niveles de tensión excepcionales para un tema habitualmente árido y desconectado de las audiencias.

En el caso de Chile, se trata de una suerte de tradición que se extiende por poco más de dos meses al cierre de cada año y que suele llegar a las amenazas de destinar sólo un peso a ciertas partidas polémicas del Presupuesto. Este 2025, sin embargo, el fenómeno se ha dado con unos niveles de crispación más altos, propios del momento electoral, donde se han levantado exigencias de mayor transparencia sobre las deudas que se heredarán, la polémica por el fin de la llamada glosa republicana y la inédita lucha en el barro que el presidente Gabriel Boric decidió dar con el candidato José Antonio Kast en torno a la viabilidad del recorte de 6.000 millones de dólares de gasto que éste ha prometido.

Sin embargo, más allá de estos pugilatos, el debate del erario fiscal involucra en esta oportunidad dos dimensiones que han cobrado creciente relevancia a la luz de la evidencia. En primer lugar, la capacidad de estimar adecuadamente lo que podrían ser los ingresos y gastos y, consecuentemente, de cumplir las metas planteadas y avanzar en la dirección de las recomendaciones de entidades como el Consejo Fiscal Autónomo y la Comisión de Gasto Público. Y, en segundo término, la eficiencia del sector público, es decir la capacidad de cubrir las necesidades del país y generar mayor bienestar colectivo procurando hacer más y mejor, con menos, que es lo que inspira la mayoría de las decisiones de los privados.

En el primer ámbito, los sucesivos incumplimientos de las metas trazadas, los significativos errores de cálculo de los técnicos, el persistente aumento de la deuda pública que día a día se acerca al límite prudencial que recomiendan los expertos (45%), que casi duplica las magnitudes de hace una década y que este año significaría desembolsos cercanos a los 4.400 millones de dólares sólo en el pago de intereses, alimentan en la oposición una doble sospecha que, por un lado, cuestiona la capacidad de los equipos del Estado y, por otro, intuye que quizás nunca hubo voluntad o premura por avanzar a una efectiva consolidación fiscal.

Unas sospechas que pueden tener intencionalidad política, pero que, sin ir más lejos, se ven alentadas por declaraciones como las que hizo hace pocos días el vocero del equipo económico de la candidata del oficialismo, Luis Eduardo Escobar, quien deslizó en una entrevista que no sería problema si los niveles de deuda se empinan incluso al 50% del PIB, algo que hay que admitir también señalan expertos independientes, pero que, hay que decir, no es gratis para el país. La declaración del economista, valga la anécdota, la hizo el mismo día que la prensa recordaba el 30 aniversario de un prepago de deuda externa que anunció en 1995 el presidente Eduardo Frei, hito que se inscribió en un prolongado ciclo virtuoso de prepagos de obligaciones, acumulación de reservas y mejoras en las cuentas fiscales.

En cuanto a la otra cuestión de fondo, la de la eficiencia del gasto (muy conectada con los recortes anunciados desde las candidaturas opositoras), es efectivo que es relevante que se detalle cómo se lograrán los ahorros. Aunque como punto de base, al margen de la contienda electoral, habría que decir que hace un mes un grupo transversal de economistas entregó un set de 34 medidas al Gobierno, las que si se implementan permitirían ahorros cercanos a los 2.000 millones de dólares, equivalentes a 0,6% del PIB.

Para un país que suma déficits fiscales efectivos en forma recurrente, no deberían menospreciarse los cuestionamientos a la forma en que se han estado gestionando los recursos. Sobre todo, porque frente a este ya crónico problema existe la tentación en algunos de tratar (muchas veces en vano) de subir los ingresos con alzas de impuestos, descuidando el otro lado de la moneda, el de los gastos, y los efectos que esa mayor carga y volatilidad tributaria suponen para el crecimiento de la economía y la inversión.

Cuando se insiste en la importancia del crecimiento y en la batalla en torno a las décimas más de un mes o año, se suele olvidar algo que quizás algo inadvertida pero dolorosamente dijo esta semana el codirector Soberano de la agencia internacional Fitch, de visita en el país, quien advirtió que tras años de querer cruzar la línea del desarrollo (que para Chile se ha alejado como la línea del horizonte) hoy el PIB per cápita nacional es casi la mitad de la mediana de sus pares (17.400 dólares versus 34.600 dólares) y que a las tasas actuales de crecimiento económico, de 2% a 2,5%, “Chile nunca (el subrayado es nuestro) lograría converger con el mediano de la categoría”.