Desarrollo, política y crecimiento

Desarrollo económico es un concepto difícil de digerir. No es solo crecimiento, no son solo derechos sociales. No tiene que ver, necesariamente, con el tamaño del Estado, cobro de impuestos o agendas progresistas.

Si pudiéramos simplificarlo, cuando un gobierno apuesta por el desarrollo económico lo que debe mirar es de qué manera mejora la calidad de vida de sus habitantes, donde los input van desde datos de pobreza, percepción de seguridad, acceso a la salud, etcétera, para así diseñar los output, las políticas públicas que derivaran en una mejor calidad de vida para la mayor cantidad de personas (un utilitarismo positivo, si lo quisiéramos denominar de alguna manera). Pero estos input y output necesitan a su vez habilitantes, que no pasan exclusivamente por la recaudación tributaria para financiar las cambiantes y diversas expectativas, sino también es mandatario un consenso social que diseñe el país en donde se quiera vivir.

Cada nación, en diferentes años, estadios y contextos ha tomado esta decisión: Francia en 1789; EE UU posterior a la crisis del 29 o la Europa de postguerra, cada país, sus gobernantes y gobernados llegaron a un “contrato social” que les permitiera avanzar; diseñar, corregir y avanzar. Las medidas de éxito son relativas y localizadas, pero el diseño y la discusión existió.

El error común es plantear agendas propias, reformas estructurales que muchas veces obedecen a más pulsiones ideológicas que a una mirada de largo plazo, constructiva o estratégica. Chile lo hizo a partir de los años 90 (o desde 1985 como plantearan algunos), pero que, acuerdos y ejecución mediante, llevaron a que el país derrotara cifras de pobreza cercanas al 50% de la población o a una inflación que se empinaban al 30%. Banco Central autónomo, apertura comercial, reformas políticas, capitalización individual en las pensiones u organismos de control preventivo como el Tribunal Constitucional.

Todas en mayor o menor medida contribuyeron a un crecimiento promedio cercano a 5% entre 1990 y 2010. Crisis asiática, Subprime y terremoto mediante, Chile destacaba en el concierto internacional como un país con vocación de crecimiento, de desarrollo. Hoy cuando el crecimiento potencial de largo plazo del país llega con suerte al 2% no queda más que pensar en qué minuto perdimos el rumbo, el objetivo, las ganas de crecer.

En 2012 -con una sorprendente claridad- los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson publicaron su famoso y citado libro “Por qué fracasan los países” donde, entre muchos aciertos, identifican dos tipos de instituciones que condicionan el devenir de una nación: las instituciones inclusivas, que se caracterizan por proteger los derechos de propiedad, promover la igualdad de oportunidades entre los habitantes y la participación de estos en las decisiones y representación política. En tanto, las instituciones extractivas, concentran el poder en manos de una élite política o económica y buscan extraer los recursos de la mayoría para beneficio de unos pocos. El error común es pensar en las instituciones extractivas solo como aquellas que promueven la explotación indiscriminada de recursos naturales, virando la discusión hacia el rol de las grandes compañías y su relación con el entorno.

Pero lo cierto es que las instituciones extractivas requieren de gobernantes que monopolicen el poder, el control de las instituciones, la discusión pública y la instauración de un Estado centralizado. Ideología pura, el fin de la política de los acuerdos, agendas mesiánicas, populismo en su estado puro. La trampa de caer en este tipo de instituciones es permanente, aumentar el control de las ideas por sobre su representatividad. Agendas que prometen resolver todo en corto tiempo. Si la realidad no calza con la ideología, qué pena por la realidad. Ejemplos en el mundo tenemos muchos, en América Latina, están a la orden del día.

¿Sigue siendo Chile una economía inclusiva? Pese a que aún persisten mecanismos de control, consensos y miradas de mediano plazo, no debemos olvidar amenazas como los retiros de fondos de pensiones, la discusión de calidad y cobertura educacional, reformas laborales que han tensionado el mercado del empleo hasta llevarlos a cifras peligrosamente altas o la ya sabida discusión previsional, donde cada gobernante pareciera tener una respuesta propia a un problema que excede a la realidad del país.

La discusión está lejos de agotarse y en período electoral arrecien las propuestas simples a problemas complejos; agendas que buscan reducir la discusión a solo diferenciarse del otro, sin preguntarse el tipo de país que queremos y podemos ser ,o las reformas y agendas prioritarias que requerimos.

Desarrollo, crecimiento y una economía inclusiva. No complejicemos el debate.