¿Qué debe hacer Chile para crecer más y endeudarse menos? Las seis principales candidaturas para La Moneda responden

A este Gobierno le tocó heredar de la Administración de Sebastián Piñera una economía con la inflación más alta de los últimos 25 años y una situación de desequilibrio macroeconómico generalizado. Su principal legado será la reducción de la inflación sin generar una recesión, lo cual no estaba para nada garantizado en ese momento.

En 2024 y probablemente en 2025 se está volviendo a un crecimiento por sobre el 2%, lo cual es un piso importante. Sin embargo, nosotros somos mucho más ambiciosos y creemos que tenemos las condiciones para elevar significativamente el potencial de crecimiento de nuestra economía y crear más empleo formal y de calidad. Para eso, la clave está en mejorar nuestra productividad.

Este Gobierno inició su mandato con la tarea de reducir un alto déficit fiscal (7,6 % del PIB) y una alta inflación; dos tareas que inhibían la recuperación del crecimiento que por más de una década se situaba en torno al 2% anual. Esa tasa ha subido marginalmente, pero aún a un nivel insuficiente. Nuestra propuesta apunta a duplicar el ingreso por persona de aquí al 2050, lo que implica que la economía crezca entre un 3 y 4% anual, casi el doble que el actual ritmo.

Estamos sumidos en un profundo estancamiento económico y este Gobierno no ha logrado revertir eso. Durante la Administración del presidente Boric habremos crecido menos de un 2% anual en cuatro años, mientras el mundo lo hace a más de un 3%. Más preocupante aún: las proyecciones de largo plazo no son alentadoras. El Banco Central de Chile estima un crecimiento tendencial de solo 1,8% anual entre 2025 y 2034. Sin reformas profundas, Chile seguirá atrapado en un ciclo de bajo crecimiento, baja inversión y menos oportunidades para todos.

Además, ha habido un preocupante manejo de las cuentas fiscales. El déficit estructural en 2024 alcanzó 3,2% del PIB, incumpliendo metas, afectando la credibilidad y sostenibilidad financiera del país y heredándole una pesada mochila a la próxima Administración. En nuestro Gobierno revertiremos esta tendencia. Volveremos a crecer a un 4% anual y recuperaremos la salud de nuestras finanzas públicas.

Chile ha perdido impulso. El crecimiento promedio de este Gobierno será de apenas 2% anual, lo que refleja un estancamiento estructural. Tenemos un déficit fiscal del 2,9% del PIB, una deuda que bordea el 45% del producto, inflación persistente y una informalidad laboral que afecta a uno de cada tres trabajadores.

Pero más allá de las cifras, lo que se ha erosionado es la confianza en el futuro. Hoy cuesta más emprender, invertir y generar empleo. Chile ha retrocedido en facilidad para hacer negocios, libertad económica y es uno de los países con peor competitividad tributaria corporativa de la OCDE.

Estamos ante un modelo que castiga a quien produce, subsidia el estancamiento y sofoca la iniciativa privada con regulaciones y tributos mal diseñados. Esta economía no está enferma de falta de recursos, sino de falta de libertad.

El balance es positivo. Recordemos las circunstancias en las cuales este Gobierno ha desplegado su política económica: post-pandemia, alta inflación (local y global), y guerras.

Un escenario marcado por la inestabilidad e incertidumbre a nivel global. En concreto, podríamos separar el manejo en cuatro elementos: tres positivos y uno negativo.

El aspecto negativo es particularmente grave, ya que corresponde al rechazo de la reforma tributaria. Es complejo hacer un contrafactual de qué hubiera sucedido de aprobarse, pero lo cierto es que la ciudadanía percibe deficiencias en materias como salud, educación, y vivienda, y especialmente en materia de seguridad y crimen organizado: las instituciones como el ministerio público, o las policías, no han recibido los recursos suficientes para adaptarse al nuevo escenario. Lo más problemático del asunto es la renuncia a debatir las ideas de frente a la ciudadanía. Esto es algo atípico en nuestro sector y se refleja en los logros de este Gobierno: 40 horas, el Sistema Nacional de Cuidados, o la reforma previsional… son ejemplos de reformas en las que el debate obligó a incorporar cambios, a veces moderación y también gradualidad.

Pese a esto, los elementos positivos son sustantivos. Este Gobierno logró resolver los desbalances macroeconómicos que recibió en marzo de 2022. El FMI ha sido bien claro al respecto, Chile destaca en esta materia. En el plano de las relaciones internacionales, se ha logrado atraer nueva inversión y reforzar asociaciones comerciales particularmente relevantes. Por otro lado, ha sido muy diligente en materia de acuerdos. Por ejemplo: la Estrategia Nacional del Litio, el proyecto de ley que crea la AFIDE, y más recientemente el proyecto de Ley Marco de Permisos Sectoriales. Son casos que dan cuenta de una perspectiva de mediano y largo plazo, lo que le da mayor relevancia al logro de este Gobierno de retomar una senda de crecimiento.

El Gobierno de Gabriel Boric ha sido uno de los peores en materia de desempeño económico de los últimos 40 años. Chile perdió cuatro valiosos años en materia de crecimiento, inversión y empleo en que pudo enmendar el rumbo de la última década de mediocridad, en que perdimos el consenso que el modelo de desarrollo de libertad y abierto al comercio exterior que fue tan exitoso en sacar a chilenos de la pobreza, y en recompensar el esfuerzo de una muy amplia clase media.

La economía probablemente cerrará este período con un crecimiento acumulado inferior al 2% total, muy cercano al desastre del segundo Gobierno de Michelle Bachelet. Este Gobierno, que afortunadamente va terminando, culpó siempre a la situación internacional, la inestabilidad de los mercados, la pandemia, la falta de “generosidad” de empresarios, etcétera. En vez de aprovechar por ejemplo los ingresos extraordinarios postpandemia (como el litio), optó por la inestabilidad política, el populismo fiscal y una agenda ideológica que espantó la inversión y sigue postergando la recuperación. En definitiva, nunca varió su programa ideológico que incluía ideas como el decrecimiento económico y otras ideas probadamente fracasadas.

Lo fundamental es salir del estancamiento de largo plazo de la productividad. Sabemos que los países que logran un crecimiento de más largo plazo son aquellos que presentan un mayor dinamismo en la productividad de sus economías, y en esta variable nuestro país está al debe. Por lo mismo es que nuestro programa económico estará centrado en impulsar aquellos factores que promuevan el crecimiento de la productividad y una mayor competitividad, tales como la mejora regulatoria sin descuidar el estándar de protección, el fortalecimiento y aceleración de la inversión pública, y una decidida promoción a la innovación y al desarrollo tecnológico en todo el tejido empresarial, como motores claves para el crecimiento económico y la creación de empleo formal y de calidad en nuestro país.

Chile cuenta con una atractiva cartera de inversiones, fundamentalmente en torno a sus recursos naturales e infraestructura. El desafío es materializarla y para lograrlo pondremos gran énfasis en reducir los tiempos de aprobación de los permisos y fortalecer la seguridad jurídica. Adicionalmente, buscamos reducir, de manera compensada, los impuestos a las empresas y estimular la innovación para sumar valor agregado a la canasta de exportaciones.

Para elevar el crecimiento de largo plazo, Chile necesita reformas estructurales urgentes. Primero, debemos ser capaces de atraer más inversión, mejorando el clima de negocios y reduciendo la incertidumbre política y regulatoria. Segundo, es clave impulsar la productividad, eliminando trabas burocráticas y fomentando la competencia, la innovación, el desarrollo tecnológico y la reconversión de nuestro capital humano.

El mercado laboral también requiere modernización: debemos flexibilizar normas, mejorar la capacitación y aumentar la participación, especialmente de mujeres. Además, urge restablecer la certeza jurídica, con reglas claras y estables que devuelvan la confianza a los inversionistas. En lo fiscal, es esencial recuperar la disciplina y eficiencia del gasto público, cumpliendo metas y priorizando las urgencias reales.

Debemos invertir en capital humano e infraestructura habilitante para sostener un crecimiento sostenido, coherente con los cambios globales que experimentamos. En las próximas décadas asoman grandes oportunidades para países con ventajas comparativas en cuanto a la transición energética y desarrollo tecnológico y digital. Nuestro país es uno de ellos.

Chile necesita una economía de mercado fuerte, con reglas claras, impuestos justos y un Estado eficiente que impulse el trabajo, la inversión y la innovación. Hoy el crecimiento potencial es apenas 2,3%. Con nuestro plan, queremos duplicarlo a 4,6% anual.

Proponemos cuatro pilares de sentido común: una reforma tributaria pro-emprendimiento, el fin de la burocracia excesiva, reducir el gasto público en al menos 4,5% del PIB y un sistema de transparencia radical en el Estado.

Estos cambios son estructurales, liberan al ciudadano y al sector productivo del peso de un Estado sobredimensionado, y crean un ciclo virtuoso de inversión y empleo. Además, permitirán generar superávit fiscal para comenzar a reducir la deuda y controlar la inflación, esencial para recuperar la estabilidad y el bienestar de Chile.

Nuestra propuesta económica tiene como prioridad la construcción de una Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque se trata de cuánto producimos, y también de qué y cómo producimos. No todo el crecimiento es desarrollo, pero no hay desarrollo sin crecimiento.

Chile necesita de una política de fomento que haga que el Estado tenga un rol activo en la economía: que coordine, que lidere, que se asocie.

Chile no parte de cero, tenemos instituciones públicas capaces de alojar la capacidad técnica para esta tarea. Además, existen sectores donde Chile tiene ventajas comparativas. En algunos casos el rol del Estado podrá ser directo, como en el caso de la Estrategia Nacional del Litio, en otros casos podrá ser mediante acciones indirectas como fomentando la inversión en innovación y desarrollo, o prestando servicios específicos a la banca privada. Es especialmente necesario y urgente invertir en infraestructura, además de mantener y modernizar la existente. Por eso proponemos el Plan de Aceleración de la Inversión en Infraestructura Pública.

La inestabilidad global y las guerras comerciales hacen difícil verbalizar proyecciones económicas con confianza, pero hay un elemento que se repite: la economía chilena crece por sobre las expectativas. Muy probablemente sea el caso durante el Gobierno del presidente Winter, con cifras en torno al 3% en los primeros años. Lo importante y prioritario es transformar y modernizar nuestra capacidad productiva. Pero para esto no bastan las políticas de las décadas pasadas: Chile necesita propuestas audaces y el desafío es aumentar el PIB tendencial y apuntar sobre el 4%.

Chile necesita un cambio radical de rumbo y reformas profundas que devuelvan la confianza, premien el esfuerzo y reduzcan la burocracia. Entre las prioridades estructurales están:

• - Un giro cultural en el Estado, para pasar a una cultura que sea proclive, y no contraria, a la inversión privada.
• - Un shock de productividad, simplificando regulaciones, eliminando permisos duplicados y hasta triplicados, lo que se nota por ejemplo en los tiempos de tramitación de los permisos ambientales y los arqueológicos, y digitalizando el Estado.
• - Un sistema tributario que no sea un obstáculo para el crecimiento y la formalización y que otorgue certezas, en particular a la inversión extranjera.
• - Una revolución en capital humano, con foco en la educación técnico-profesional y reconversión laboral.
• - Infraestructura y conectividad para zonas postergadas, en alianza público-privada. Necesitamos inversión en infraestructura de la mano de concesiones gestionadas por privados.
• - Y sobre todo, certeza jurídica y seguridad pública, condiciones indispensables para que Chile vuelva a crecer y lo haga de manera sostenida.

Una condición necesaria para retomar una senda de mayor crecimiento económico es mantener la responsabilidad de nuestras cuentas fiscales, y para eso, es esencial comprometerse a una trayectoria de consolidación fiscal. Para determinar esta trayectoria, vamos a realizar una evaluación completa de nuestras finanzas públicas, abarcando tanto ingresos como gastos. El resultado de esta evaluación será trazar una senda de consolidación fiscal hacia el equilibrio de ingresos y gastos estructurales en el horizonte más acotado posible dados los compromisos financieros del Estado, los objetivos de estabilidad macroeconómica que persigue la política fiscal, y una mirada estratégica sobre las inversiones que el país necesita.

La mejor manera de hacerlo es logrando mayores tasas de crecimiento. A ello se sumará un esfuerzo por hacer más eficiente el gasto público y atacar frontalmente el fraude social (por ejemplo, licencias médicas fraudulentas y elusión o evasión tributaria).

Recuperar la salud fiscal es una prioridad de primer orden. Chile lleva más de una década gastando por sobre sus posibilidades y eso debilita al Estado, su atractivo financiero y su capacidad de responder adecuadamente a las urgencias sociales. Por eso, nos haremos cargo de recuperar la salud fiscal por la vía del gasto: vamos a implementar un ajuste equivalente a 6.000 millones de dólares en cuatro años, eliminando gastos innecesarios y mejorando la gestión pública.

Aplicaremos un enfoque de Presupuesto Base Cero, donde cada peso debe justificarse. Reduciremos en 500 millones de dólares el gasto del Gobierno central, con recortes en personal, bienes y servicios. Además, limitaremos la contratación pública, reduciremos en un 70% los cargos de confianza y ajustaremos los sueldos.

Acabaremos con los excesos. Menos horas extras, menos viáticos, menos compras innecesarias. Vamos a eliminar o reducir asignaciones a programas sociales mal evaluados o duplicados y optimizar el uso de inmuebles fiscales para dejar de pagar arriendos inútiles.

Impulsaremos la transformación digital del Estado para eliminar la burocracia absurda, y suspenderemos el aporte al Fondo de Cesantía Solidario mientras mantenga su superávit.

El abuso de las licencias médicas está generando un mal uso de recursos por un monto significativo, que además hace necesario contratar personal de reemplazo, lo que daña la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Detener este abuso es una fuente importante de recursos fiscales. Esta es una política fiscal seria y austera, que devuelve al Estado la capacidad de invertir donde realmente importa.

Con responsabilidad y eficiencia, no con más carga tributaria. Proponemos una modernización del Estado que nos permita eliminar el déficit fiscal sin subir impuestos.

Vamos a fusionar ministerios, eliminar programas mal evaluados y duplicados y reducir en 200.000 los empleos públicos no esenciales en cuatro años. Todo esto con respeto por los derechos laborales, sin afectar áreas clave como salud, educación o seguridad.

Además, implementaremos una Comisión para el Mercado Financiero Pública y una plataforma de auditoría ciudadana con blockchain para que cada chileno pueda fiscalizar el uso de los recursos en tiempo real. Un Estado moderno debe rendir cuentas como cualquier empresa privada.

La estrechez fiscal en Chile es un escenario relativamente reciente. Los últimos tres gobiernos (incluido el actual) recibieron niveles de deuda pública en torno al 13%, 24%, y de 36% del PIB, respectivamente. Este Gobierno logró romper la tendencia, y mantener la deuda pública por debajo del 45% del PIB. En el mismo sentido, la reforma tributaria era un refuerzo fundamental para la responsabilidad fiscal: ingresos permanentes para gastos permanentes. En nuestro Gobierno enfrentaremos el desafío de recuperar espacio fiscal para mantener el rol contracíclico de la política fiscal. La incertidumbre nos obliga a estar preparados en caso de que se produzca una crisis económica internacional.

Esto tiene dos dimensiones de trabajo. En primer lugar, se hace necesario revisar el pacto fiscal. Para esto se requiere apertura al diálogo: de poco sirve una reforma tributaria que se revierte en cuatro años. Pero hay otro elemento ineludible: un pacto fiscal tiene que ser reconocido como justo por la ciudadanía. Hoy, quienes más frutos reciben, y más riqueza acumulan, no están contribuyendo lo que les corresponde.

La segunda dimensión donde queremos avanzar es en elevar los estándares de eficiencia del Estado a través de una modernización de la función pública. Esto implica profesionalizar el empleo público, fortalecer los mecanismos de selección y evaluación basados en mérito, y reorganizar la carrera funcionaria para hacerla más transparente, estable y orientada a resultados. Una función pública más competente y estable es clave para ofrecer servicios y prestaciones que la ciudadanía valore y perciba como eficaces. Además, existen amplias oportunidades de mejora mediante la adopción de tecnologías y la transformación digital del aparato estatal.

La estrechez fiscal no se resuelve subiendo impuestos. De hecho, cualquier reforma impositiva traería más incertidumbre. Lo que hay que hacer es recuperar el crecimiento y ordenar el gasto público. Con las cuentas saneadas vamos incluso responsablemente a disminuir la carga tributaria.

En ese sentido, proponemos poner a dieta al Estado, cortar privilegios, eliminar gastos superfluos, revisar la totalidad de los 700 programas estatales, recortar los ineficientes, y poner fin a la corrupción.

A su vez, se impulsará un plan de reactivación con reglas claras, responsabilidad fiscal y medidas que incentiven la inversión privada, que es la verdadera palanca para recaudar más, sin asfixiar a los contribuyentes. El mercado espera un cambio de signo político. Es cosa de ver la evolución de los precios de las acciones, y esa esperanza, ese compromiso con el emprendimiento, con las reglas claras y para generar empleos, la determinación para hacerlo, lo ofrecemos nosotros.

Nuestro Gobierno estará centrado en la creación de empleo, y no cualquier empleo, sino que uno de calidad, formal, con buenos salarios y condiciones laborales.  Esto está íntimamente ligado a la transformación de nuestra estructura productiva, porque los empleos que se crean (o que se destruyen), la calidad de estos y los salarios, responden principalmente a las actividades productivas que se desarrollan en el país. Es por esto que, para bajar el desempleo, más allá de las cifras prepandemia, es fundamental pensar en el estancamiento productivo que sufre nuestro país desde hace mucho más tiempo. Incentivar nuevos sectores productivos que sean más dinámicos en el largo plazo es central para la creación sostenida de empleo de calidad.

Finalmente, además de bajar las cifras de desempleo, es importante pensar en cuál es la calidad del empleo que se está creando. Si bien hay que pensar en reducir la tasa de desempleo creando nuevos puestos de trabajo, es fundamental que esto vaya acompañado con una reducción de la tasa de informalidad laboral y de subempleo que hoy es invisible para los datos de desempleo. En la actualidad hay 2,4 millones de empleados informales, una tendencia que afecta mayormente a mujeres: una de cada cuatro mujeres ocupadas lo hace de manera informal.

La única manera de bajar el desempleo es creciendo más rápidamente. Por eso le prestaremos particular atención al empleo femenino generando condiciones para incrementar su tasa de participación mediante un fortalecimiento del sistema de cuidados, tanto para niños, como enfermos y adultos mayores.

La situación del mercado laboral es realmente preocupante. El desempleo subió a un 8,8% (antes de la pandemia no habíamos registrado tasas tan altas), se ha deteriorado la empleabilidad en segmentos vulnerables por el encarecimiento de costos laborales y no hemos logrado retomar los niveles de ocupación prepandemia. Aún quedan más de 300.000 puestos de trabajo para volver a la tasa de ocupación prepandemia (58,2%). Vamos a recuperar el empleo con un plan concreto y responsable, que modernice el mundo del trabajo, reduzca los costos de contratación formal y genere incentivos efectivos para que quienes hoy están en la informalidad transiten a empleos de calidad.

Avanzaremos hacia un nuevo marco laboral, con jornadas menos rígidas, contratos part-time fortalecidos, pactos de productividad y jornadas calculadas de forma semestral o anual. Impulsaremos condiciones laborales más flexibles que permitan compatibilizar la vida laboral y familiar, especialmente para mujeres, jóvenes, adultos mayores y cuidadores.

La informalidad no puede seguir siendo la norma. Por eso, crearemos una Ventanilla Única para la seguridad social, exigiremos iniciación de actividades a quienes operan en plataformas digitales y daremos mayores atribuciones al SII para fiscalizar. Además, haremos obligatoria la cotización de trabajadores independientes y emprendedores. Revisaremos también los beneficios sociales para que no penalicen el esfuerzo y el ingreso formal. Con estas medidas, vamos a recuperar el dinamismo laboral y devolver al trabajo su verdadero valor: estabilidad, progreso y dignidad.

Nuestro plan se enfoca en destrabar la inversión y formalizar el empleo, que son las dos grandes barreras al crecimiento del mercado laboral. Hoy, iniciar un proyecto puede tardar años por la burocracia. Proponemos una ventanilla única digital, con plazos máximos de entre cero días y seis meses, según el tipo y tamaño de inversión, para dar certeza, agilidad y activar proyectos productivos.

Además, impulsaremos una innovación inédita en la región: el Proyecto de PYMEs en Bolsa, usando la plataforma ScaleX Santiago Venture Exchange. Cada vez que un ciudadano pida boleta, el 1% del IVA se acumulará en una cuenta personal para invertir en pequeñas empresas chilenas formalizadas y evaluadas tecnológicamente. Esto crea un modelo de capitalismo popular, donde millones de chilenos se transforman en inversionistas reales.

ScaleX permitirá que PYMEs accedan a financiamiento directo en el mercado de capitales, generen empleo formal, expandan operaciones y modernicen sus procesos. Así, el ahorro ciudadano moviliza la economía real y multiplica oportunidades de trabajo.

Respecto al desempleo, creemos importante abordar el tema en tres dimensiones distintas. En primer lugar, desde la perspectiva de quien busca empleo, o de quien quiere mejorar sus perspectivas laborales, la institucionalidad en Chile es demasiado compleja: las personas en general no conocen bien el sistema. Se suele recurrir a la municipalidad, hablar con amistades, incluso buscar trabajo por redes sociales. El Estado es responsable de reducir sus barreras de acceso, especialmente en algo tan sensible como el desempleo. Por eso proponemos la creación de la Agencia Nacional de Empleo, que junte la experiencia y capacidades de otras instituciones (como SENCE, ChileValora, OMILs y BNE). El objetivo es un servicio de intermediación laboral eficiente, cercano y que la gente perciba que le funciona, que le ayuda a encontrar pega.

En segundo lugar, tenemos una baja tasa de participación laboral femenina, lo que significa que no estamos aprovechando todo el talento que hay en Chile. Nuestro Gobierno será promotor de la corresponsabilidad social y la equidad de género en el trabajo, lo que requerirá reforzar el Sistema Nacional de Cuidados, y avanzar hacia la universalización de la educación parvularia. 

Por último, con relación a la tasa de desempleo, uno de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo es, precisamente, retornar a los niveles pre-2019, el primer paso concreto es desplegar una política sólida de inversión en infraestructura.

Recuperar el empleo requiere recuperar la confianza y la inversión. Impulsaremos un Plan de Reactivación Nacional, que incentive la creación de empleos formales a través de:

• - Incentivos tributarios y laborales para contratar a jóvenes, mujeres y adultos mayores.
• - Modernización del Código del Trabajo para facilitar la flexibilidad en la contratación en materia de jornada y remuneraciones.
• - Fomento al emprendimiento, especialmente en regiones. Tenemos una apuesta significativa por la innovación y desarrollo de la industria y desde las universidades.
• - Un shock de inversión en obras públicas estratégicas que reactiven sectores intensivos en empleo sobre un nuevo plan de concesiones.
• - Y sobre todo, reducir la inseguridad y el exceso de permisos que paralizan proyectos y destruyen empleos.

Bajar el desempleo a niveles prepandemia (por ejemplo, octubre-diciembre 2019 de 6,6%), implicaría la creación de cerca de 90.000 empleos para que personas que se identificaron como desocupadas en la última Encuesta Nacional de Empleo pasaran del desempleo a la ocupación. Sin embargo, crear 90.000 nuevos empleos no es suficiente para mejorar las condiciones de vida de las familias que hoy sufren las consecuencias del desempleo, ni para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo.

En el próximo Gobierno esperamos superar la tasa de crecimiento de empleo formal del último período. Entre el trimestre de marzo-mayo de 2022 a enero-marzo 2025 la cantidad de empleo formal creció en 535.000 ocupados, lo que además fue un crecimiento mayor a periodos anteriores. Por lo mismo,  de la mano de una economía más dinámica, esperamos avanzar a una mayor tasa de creación de empleo formal.

Entre inicios del 2022 e inicios del 2025, a pesar de las bajas tasas de crecimiento, se crearon 780.000 empleos y en la actualidad hay 880.000 cesantes; por lo que un mayor ritmo de crecimiento debiera atender el problema. Nuestro desafío es seguir reduciendo la informalidad que actualmente afecta al 26% de los trabajadores, esperando que al final del mandato (2030) se situé por debajo del 20%.

Recuperar el empleo en Chile no es una promesa, es una urgencia. Por eso, nuestro compromiso es claro: recuperar los niveles de ocupación prepandemia. Respecto a la creación de empleo, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera creamos 1.000.000 de empleos. Nuestros equipos saben cómo hacerlo y podemos volver a hacerlo. Más que una cifra exacta, estamos seguros de que romperemos con el estancamiento y recuperaremos la salud del mercado laboral. La demografía significa además que más allá del número de nuevos empleos, debemos avanzar en reducir los más de 2.400.000 empleos informales, junto con generar condiciones para prolongar la vida laboral.

Proyectamos la creación de un millón de empleos formales en cuatro años. Esta estimación es realista y está respaldada por modelos validados internacionalmente.

El empleo no se crea desde el Estado, se libera desde el mercado. Si bajamos la carga tributaria, simplificamos el sistema regulatorio y facilitamos el acceso al capital, los emprendedores y las empresas harán lo que mejor saben hacer: generar trabajo.

Deberíamos sobrepasar la creación de empleos de este Gobierno. Mínimo 700.000 y tal vez una meta exigente es 800.000. Importante: conseguirlo manteniendo la proporción mayoritaria de empleos formales, como lo consiguió esta Administración. A la vez, nos parece muy importante fomentar la proporción de empleos en empresas medianas, actualmente bajo el 20%. Esto último no es simple, pero debe estar entre los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo: tenemos pocas empresas medianas, y se requiere de un esfuerzo colectivo para incentivar el crecimiento y la protección de nuestras pequeñas empresas.

Sería irresponsable en esta etapa de la campaña empezar a hablar de metas específicas de empleo y generación de expectativas. Esto no se logrará con programas estatales temporales, sino con una economía que vuelva a crecer a tasas mayores de crecimiento. El foco estará en sectores con alto potencial de absorción de mano de obra: construcción, comercio, manufactura, servicios y agricultura. Y con énfasis en regiones, mujeres y jóvenes, que hoy enfrentan las peores tasas de desempleo.

En primer lugar, en nuestro Gobierno no habrá rebaja al impuesto a la renta que algunos proponen. Esto beneficiaría únicamente al 3% de las empresas más grandes, ya que las pymes que son el 97% tienen régimen tributario especial con tasa rebajada e integrado. Lo anterior, porque disminuir ingresos fiscales justamente va en contra de la capacidad de generar apoyo del Estado a las empresas y al empleo.

En segundo lugar, en materia tributaria es muy importante consolidar los avances que hemos tenido, por ejemplo, el royalty a la minería o la ley de cumplimiento tributario.

En tercer lugar, nuestras decisiones fiscales se tomarán una vez que se realice la evaluación sobre el estado de las finanzas públicas. Ese será el momento para tomar definiciones en materia de ingresos tributarios y de gastos.

Buscamos reducir de manera compensada los impuestos a las empresas y estimular la innovación- vía crédito tributario- para sumar valor agregado a la canasta de exportaciones.

Sí, implementaremos una reforma tributaria, pero no una que promete recaudar para luego fracasar, sino que una reforma enfocada en reactivar la economía, hacerla más competitiva y dar certezas a la inversión. Se enfocará en tres ejes principales:

• - Contratos de invariabilidad tributaria por hasta 20 años para proyectos locales y extranjeros, garantizando estabilidad fiscal.
• - Reducir el impuesto corporativo al 23% en el corto plazo, con la meta de llegar al 18% en 10 años.
• - Simplificar el sistema, volviendo a un régimen 100% integrado que incentive el ahorro y la reinversión.

Buscamos un sistema claro, estable y que impulse la inversión y el empleo, sin crear barreras ni incertidumbre.

Sí, y será una reforma pro-crecimiento. Hoy tenemos un sistema que castiga la inversión, desalienta la reinversión y es complejo incluso para los contribuyentes cumplidores. Nuestra propuesta tiene siete ejes:

• - 0% de impuesto a las utilidades reinvertidas y 17% solo al distribuirlas.
• - Sistema 100% integrado, eliminando la doble tributación entre empresas y personas.
• - Depreciación instantánea de activos fijos y capital intelectual.
• - Fin del impuesto a las herencias para facilitar la creación y crecimiento de las empresas familiares.
• - Eliminaremos las contribuciones, el impuesto a las donaciones y al capital bursátil
• - Eliminación del IVA a servicios profesionales.
• - Invariabilidad tributaria por 50 años: no se podrán crear nuevos impuestos ni subir tasas, solo reducirlas, para asegurar certeza y atraer inversión.

Además, crearemos una Agencia Tributaria autónoma, con tecnología avanzada, integración institucional y reglas simples. La formalidad no puede ser un castigo: debe ser la vía natural para surgir.

Chile tiene en frente tres tareas que requieren recursos:

• 1. Inversión y fomento productivo.
• 2. Demandas de gasto e inversión social (seguridad, salud, educación, vivienda).
• 3. Recuperar espacio fiscal dada la incertidumbre global.

Proponemos un pacto fiscal que avance en la dimensión de justicia, focalizándose en los contribuyentes de mayores ingresos, y que aborde al menos tres ejes: la simplificación del impuesto a la renta, avanzando hacia la desintegración del sistema; respecto al impuesto a la renta, aumentar la tasa efectiva de los contribuyentes de mayores recursos (1%); y la introducción de un impuesto al patrimonio, también enfocado en los contribuyentes de mayor patrimonio (1%).

Para bajar impuestos. Chile necesita cambios tributarios procrecimiento, no una reforma que castigue a los que invierten o generan riqueza y empleo. Debe considerar, entre otros aspectos, la simplificación del sistema, para reducir la evasión, facilitar el cumplimiento y dar certeza a los contribuyentes; la reducción de impuestos al trabajo y a las PYME’s, para fomentar la formalización y la contratación; la generación de incentivos a la inversión y el ahorro, eliminando distorsiones que frenan proyectos productivos. El crecimiento es el mejor aliado de la recaudación sostenible.