La dictadura de las minorías

Hace algunos días, y con el rechazo del Ejecutivo, el Congreso argentino aprobó una reforma previsional con un costo fiscal de cerca de 2,5 puntos del PIB, tirando por la borda el plan del presidente Milei, de llegar a un déficit cero durante su Administración.

A inicios de año, Trump estuvo a punto de enfrentar el “cierre del Gobierno” ante el inminente rechazo de demócratas y algunos republicanos de extender el presupuesto federal, lo que se habría traducido en que, a sólo semanas de haber asumido, no tuviera un dólar para gastar.

Hace poco más de cinco años -durante la pandemia- el Congreso de Chile aprobó el primero de los tres retiros que se autorizaron de los fondos de pensiones, llevando con esto no sólo la inflación a persistentes niveles sobre 10% por el aumento de liquidez de los hogares, sino también dejó en cero el 35% de las cuentas previsionales de cotizantes, algo así como 3 millones de personas según un reporte de la Superintendencia de Pensiones a junio 2021.

Tres ejemplos de tres países donde sus congresos han gobernado de facto en más de una ocasión, extinguiendo la atribución exclusiva del presidente sobre el gasto fiscal; legislando sobre políticas de seguridad social o simplemente, ejerciendo una presión legislativa que obliga a los mandatarios a negociar cada proyecto, a compensar cada reforma y a un pirquineo político donde cada voto en el Congreso cobra un valor totalmente artificial.

La tensión entre representación y gobernabilidad es propia de las democracias liberales. La teoría política da cuenta de un precario equilibrio entre ambos puntos: a mayor representación se sacrifica gobernabilidad, mientras que, a mayor gobernabilidad, la segunda se resiente. Para ejemplificar en extremo: la gobernabilidad absoluta, es propia de los regímenes totalitarios, que tiene una representación cercana a cero, por la que la agenda del gobernante es la que predomina y la que se implementa.

En tanto, a mayor representación, como llegar a tener cerca de 25 partidos en el Congreso chileno, horada sin fin la gobernabilidad, pues la agenda que prima es la de cada uno de los representados, de cada uno de los parlamentarios, con sus vetos y alianzas frágiles y utilitaristas entre “partidos hidropónicos”, como una analista dijo hace un tiempo, aludiendo a su falta de raíz.

Esto en economía política se conoce como los veto players, donde investigadores como Tsebelis, Spiller y Tommasi lo explican como el costo en la cooperación entre los diferentes actores políticos provocado por el extenso número de representantes o partidos y el período de tiempo en el que interactúan.

Volvamos al caso chileno. En 2015 se terminó con el sistema binominal, el cual apuntaba a formar dos grandes bloques políticos. Así, cada distrito electoral elegía dos representantes, y para que una lista electoral obtuviera ambos escaños debía duplicar en votos a la segunda lista más votada.

Este sistema llevó a que entre 1990 y 2013 existieran en torno a siete y nueve partidos con representación en la Cámara de Diputados, los mismos que, ante propuestas o proyectos emblemáticos, debían resolver entre ellos y con la garantía de que “se volverían a encontrar” (negociación intertemporal) en una próxima votación.

Para reemplazar al binominal se estableció el sistema de D’Hondt, que consiste en establecer un coeficiente que permite obtener un número de cargos electos asignados a la candidatura, en proporción a los votos conseguidos. Este giro hacia mayor representatividad vino de la mano con una fragmentación al interior del Congreso pasando, entre 2013 y 2021, de 11 a 25 partidos en la Cámara de Diputados y de ocho a 12 en el caso de los senadores.

Transitamos de “partidos políticos a pymes políticas”, como expresó recientemente el expresidente Eduardo Frei. Sentencia nada de exagerada si pensamos que en la próxima inscripción de candidaturas parlamentarias podríamos llegar a cerca de 30-35 partidos políticos distribuidos en 155 diputados. ¿Se puede hablar de una gestión eficiente del Estado en un escenario así? Definitivamente no. Estamos hoy frente a un riesgo creciente de una dictadura de las minorías, de una paralización política y de la sobrerrepresentación de demandas identitarias y cálculos de corto, cortísimo plazo.

En pleno período electoral hablar hoy de una reforma al sistema político no es sólo inoportuno, sino también tendría tintes de populismo; impresentable desde cualquier punto de vista, pero no quita hacernos una sana pregunta: ¿cómo salimos de esto?