Más allá de los 18: un egreso seguro de las residencias de protección

Cumplir la mayoría de edad debería ser un hito de esperanza y proyección. Para cientos de jóvenes que han crecido bajo la protección del Estado, sin embargo, marca el inicio de un período de incertidumbre y soledad. Cada año, cerca de 400 adolescentes que viven en residencias cumplen 18 años, debiendo egresar del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia si no están estudiando, enfrentando la vida adulta sin una red de apoyo sólida ni acompañamiento profesional para insertarse socialmente. Se trata de un salto forzado y temprano a la autonomía, donde el Estado, que los protegió durante años, se retira, dejándolos frente a un escenario altamente complejo e incierto.

Actualmente, la Ley N° 21.302, publicada en 2021, que crea y regula el Servicio, contempla acompañamiento hasta los 24 años únicamente para quienes cursan estudios. Este requisito excluye a jóvenes que por distintas razones -económicas, emocionales, laborales, entre otras- no continúan en el sistema educativo formal, arriesgando volver a escenarios de alta vulnerabilidad, como la situación de calle o al entorno de vulneración que los llevó inicialmente al Servicio. El egreso entonces no es solo un trámite administrativo; es una nueva ruptura en vidas ya marcadas por la discontinuidad y la vulneración de derechos.

Las residencias, por su parte, dejan de recibir subvención para continuar apoyando a estos jóvenes en el momento en que cumplen 18 años, pese a reconocer que la permanencia es necesaria en la gran mayoría de los casos. A ello se suman los repetidos retrasos en la licitación de los programas de preparación para la vida independiente, de modo que no existe aún una transición gradual antes de este hito. Así, en la práctica, se les obliga a enfrentar abruptamente la adultez, suponiendo que cuentan con las capacidades y el desarrollo psicoemocional suficiente, pese a que la realidad indica lo contrario, incluso en jóvenes sin contextos de adversidad.

Frente a esta realidad, distintos actores —entre ellos una mesa de expertos de diversas universidades convocada por el Centro de Políticas Públicas UC— proponen ampliar la edad límite de permanencia en las residencias, pues reconocen que las necesidades de los jóvenes más vulnerables trascienden el marco legal vigente.

En esa misma línea, creemos que es urgente ampliar la edad de egreso al menos hasta los 21 años, sin requerimientos condicionantes. Esta medida, junto a la extensión del proceso de preparación a la vida independiente desde los 14 hasta los 21 años, permitirá un egreso más seguro y mayores garantías de inclusión social y laboral. Para que esta medida sea efectiva, debe ir acompañada de recursos suficientes y apoyos concretos, tales como acompañamiento socioemocional, subsidios para el acceso a la vivienda, programas de capacitación laboral, entre otros dispositivos de apoyo que aseguren una transición adecuada hacia la autonomía.

La política pública debe reconocer que lograr la independencia toma más tiempo que 18 años para cualquier joven en Chile. Entonces, ¿por qué suponer que es distinto para este grupo? Es necesario que el enfoque rígido actual dé paso a una mirada flexible, que se adapte a las necesidades particulares de estos jóvenes y que reconozca trayectorias reales, como lo puede ser retomar estudios a los 20 años, experimentar un oficio o empleo, equivocarse y poder volver a intentarlo sin miedo.

Para quienes han debido enfrentar la vida cuesta arriba desde la infancia, la mayoría de edad no puede seguir representando un riesgo de volver al abandono.