Gobernanza digital con enfoque de género: una herramienta clave para erradicar la violencia contra las mujeres

En junio de 2024 entró en vigencia la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género; normativa que marca un hito al reconocer el carácter estructural y multidimensional de la violencia contra las mujeres, estableciendo mandatos concretos para fortalecer la respuesta estatal ante esta. Uno de ellos es la creación de un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género.

Este sistema busca transformar la forma en que el Estado de Chile enfrenta la violencia contra las mujeres. No se trata solo de una plataforma tecnológica, sino de una herramienta interinstitucional articulada que centraliza la información de diversas instituciones, como Carabineros, el Poder Judicial y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), entre otras.

Esta conexión permite la creación de un expediente único para cada caso, facilitando la coordinación entre organismos y la implementación de alertas tempranas. Además, contribuye a la recopilación de datos desagregados, esenciales para diseñar políticas públicas basadas en evidencia y adaptadas a las diversas realidades de las mujeres, incluyendo a aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Como ministerio, asumimos con convicción el desafío de diseñar e implementar este sistema, conscientes de que una política pública eficaz requiere gobernanza institucional, capacidades técnicas y datos de calidad, que orienten las decisiones y eviten la revictimización de quienes buscan protección.

Gracias al valioso apoyo de la Unión Europea, hemos finalizado recientemente dos productos estratégicos para este sistema: un borrador del reglamento del Sistema Integrado, que define su arquitectura normativa, principios operativos, perfiles de usuarios, y mecanismos de gestión y control de datos sensibles. Y un informe técnico sobre tratamiento de datos personales e interoperabilidad, que aborda en detalle los estándares de seguridad, trazabilidad y gobernanza digital que deben guiar el sistema.

Estos avances reflejan nuestra prioridad por construir una infraestructura digital que respete los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes; garantizando confidencialidad y un uso ético de los antecedentes que contiene el sistema. Sabemos que cuando el Estado falla en compartir oportunamente información relevante entre instituciones, se multiplican los riesgos, las omisiones y los silencios. Y en contextos de violencia de género, estos vacíos pueden costar vidas.

Chile cuenta hoy con una Ley Integral que nos marca el rumbo. Nuestro compromiso es iniciar su implementación con el mismo enfoque que la inspiró: una visión feminista de lo público, donde las tecnologías estén al servicio de la dignidad de las personas, la transparencia, la equidad y la justicia. Porque solo con un Estado articulado, sensible al riesgo y comprometido con los derechos de las mujeres, podremos construir una sociedad libre de violencias.