Las claves del ‘Caso ProCultura’: un fiscal incómodo, un controvertido psiquiatra y un ‘pinchazo’ a una conversación de Boric

Durante 14 años, desde 2009 hasta noviembre de 2023, cuando cerró, la Fundación ProCultura, fundada por el psiquiatra Alberto Larraín -quien según testimonios se jactaba de su cercanía con el presidente Gabriel Boric- y la fotógrafa y gestora cultural Ilonka Csillag, gozó de reputación en Chile. Era una ONG que tenía por misión “poner en el centro a las personas y su identidad” y “vincularlas con su historia, con su patrimonio, desde los más diversos ámbitos: educación, ciudad y vivienda, arquitectura y salud mental”. A partir de 2010 llegó a suscribir 67 convenios con organismos públicos y a tener 200 funcionarios. Su debacle, sin embargo, comenzó en junio de 2023, cuando estalló el Caso convenios y hoy la Fiscalía la investiga por un eventual fraude al Fisco de unos 6.000 millones de pesos (equivalentes a 6.300.000 dólares) por tratos suscritos en siete regiones del país y presunto lavado de activos.

El caso arrancó hace casi dos años. Pero esta última semana, las filtraciones por goteo de conversaciones telefónicas -‘pinchadas’ por la policía por orden del fiscal Patricio Cooper- y publicadas profusamente por la prensa, han puesto a ProCultura en el centro de la agenda nacional. En una de ellas, divulgada el viernes por Canal 13, se reveló un diálogo privado, del 14 de octubre de 2024, del presidente Gabriel Boric con Josefina Hunneus, quien fue su psiquiatra y es exesposa de Larraín. Si bien era Hunneus la ‘escuchada’, como abordaron la situación de la ONG, los investigadores grabaron a Boric.

Tanto el pinchazo como su divulgación han provocado un fuerte debate en Chile. Hunneus presentó un recurso de amparo y el Frente Amplio habló de “espionaje político”, una definición de la que su candidato presidencial, Gonzalo Winter, se desmarcó: “Prefiero no usar esa expresión”.

Las filtraciones se han sucedido mientras Boric se encuentra en un viaje a China y Japón.

Una denuncia con efecto bumerán

Fue en junio de 2023 que estalló el ‘caso Convenios’, una trama de desvíos de recursos públicos vía trato directo a fundaciones privadas, que arrancó con la indagatoria a la Fundación Democracia Viva, que estaba ligada a exmilitantes del actual Frente Amplio, la coalición de Boric. Era una organización que, sin tener experiencia en el área, suscribió un millonario trato con la Seremi de Vivienda de Antofagasta (una oficina regional del Ministerio de Vivienda, MINVU) para trabajar en asentamientos precarios. El escándalo golpeó a varias fundaciones, a las que se les cortaron los recursos. ProCultura estaba entre ellas; tenía un trato con esa seremi del norte chileno por 630 millones de pesos (unos 668.000 dólares) y se autodenunció asegurando que aceptó las ‘recomendaciones’ de las autoridades para contratar personal sin su conocimiento. Poco después terminó siendo investigada y hoy su causa es la arista más grande del Caso convenios: según un oficio policial divulgado por El Mercurio, en la indagatoria se han intervenido a los menos 57 teléfonos.

La escucha al asesor del presidente

La primera noticia de que Cooper tenía autorización de los tribunales para intervenir teléfonos en ProCultura fue el 25 de abril. La Tercera publicó que Miguel Crispi, quien hasta marzo, cuando renunció, era el principal asesor de Boric, había sido escuchado por la policía. Su celular fue intervenido pues antes ofició como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) y desde ese puesto validó el convenio de Procultura para los proyectos en Antofagasta.

La escucha a Crispi, por la cercanía con el mandatario, provocó fuertes críticas del oficialismo hacia Cooper. Pero más aun cuando Ex-Ante develó, el 28 de abril, que el fiscal también pidió a finales de 2024 intervenir el teléfono de Boric. Parte de sus argumentos era la cercanía del mandatario con el psiquiatra: fue su asesor en temas de salud mental cuando el mandatario era diputado. El juzgado de garantía de Antofagasta, sin embargo, rechazó la solicitud del fiscal: dijo que no se advertían antecedentes “que permitan colegir sospechas de que (...) se hubiere cometido o participado en la comisión de un hecho punible”.

Este lunes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo a radio ADN que “el Presidente no tiene ningún rol en esta investigación” y que “ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo”.

La Fiscalía también ha puesto sus ojos en otra autoridad política, el gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego, independiente de la centrozquierda, por un traspaso de la Gobernación a ProCultura de 1.600 millones de pesos (aproximadamente un millón 700 mil dálares) por el programa de prevención del suicido Quédate, liderado por Larraín.

La conversación de Boric con Hunneus

En los primeros días de mayo nadie confirmó si Cooper quiso pinchar el teléfono de Boric. Pero Canal 13 publicó el pasado viernes parte una conversación entre Hunneus y el presidente, grabada por la policía el 14 de octubre de 2024. El mandatario estaba preocupado pues su expareja, Irina Karamanos, quien trabajó en ProCultura, iba a ser citada a declarar como imputada, lo que ocurrió en noviembre (hoy está en calidad de testigo). Si bien la psiquiatra no sabía que era escuchada, le preguntó a Boric si era “un espacio protegido” para hablar. ”No sé si está siendo grabado, pero yo siento que no hay nada que esconder", le respondió el presidente.

En el diálogo, Hunneus le dijo que Larraín ya había entregado su celular y el computador a los investigadores y Boric admitió que revisó sus antiguos teléfonos por si tenía mensajes con él.

Horas después The Clinic publicó la conversación completa y en ella se devela que Boric preguntó a Hunneus si ProCultura era “de verdad”. Hunneus le confirmó: “Doy fe con fuego que los proyectos se ejecutaron a totalidad”. También le explicó que el problema se suscitó cuando a la fundación le cortaron el financiamiento, en junio de 2023. Y que, pese a eso, Larraín insistió en seguir en operaciones hasta noviembre de ese año, cuando ProCultura cerró. Según ella, en esos cuatro meses se gastaron 2.000 millones de pesos (unos dos millones de dólares) en gastos fijos y en los sueldos de los 200 funcionarios, y que ello fue “por irresponsabilidad de Alberto”. “Vivían en una precariedad y en un equilibrio muy muy delgado y no tenían holgura, no tenían respaldo de nada, que era parte de la responsabilidad de manejo financiero”.

Una mujer llamada Lucía

Pese a que Cooper no logró intervenir el teléfono de Boric, su solicitud, denegada dos veces, ha permitido conocer algunas de sus pesquisas. Entre ellas, una arista de posible financiamiento irregular de la campaña del presidente Boric, divulgada por El Mercurio este sábado. En un ‘pinchazo’ telefónico a Ilonka Csillag se reveló que la fotógrafa recibió en octubre de 2024 un llamado de una mujer, Lucía, quien había sido colaboradora de ProCultura. En ese diálogo Lucía le aseguró a Csillag que Larraín le respondió, cuando ella le pidió que le pagara lo que le adeudaba, que no lo iba a hacer: “Gasté toda esa plata en la campaña de Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”, le relató.

Para Cooper, según se lee en su petición, esa frase significó “una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó ProCultura derivaron (...) en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República”. Y que “la posible veracidad de esta afirmación” se puede fundar en la estrecha relación del jefe de Estado con Larraín.

La mujer, según Ciper, de acuerdo con los registros del Servel, integra una sociedad que trabajó para la campaña de Boric como socia de una productora gráfica que recibió dos montos importantes por la impresión de volantes.

Este lunes, además, La Tercera ha publicado un informe policial que contiene un ‘pinchazo’ telefónico a Csillag en el que ella señala a un tercero que “Alberto administraba solo la fundación” y “usaba el nombre del Presidente Boric para presionar a gente de los gobiernos regionales”.

La declaración de Larraín

El pisquiatra declaró ante la Fiscalía entre el 5 y 7 de marzo y su testimonio fue publicado por Ex-Ante. Se le preguntó si él o ProCultura realizaron aportes a campañas políticas. Larraín respondió que como fundación “en ningún caso”. Pero que sí lo hizo, “a través de terceras personas amigas para no tener problemas”, a Sebastián Balbontín, su pareja, aunque señaló no tener del detalle del monto. Balbontín fue candidato a alcalde de Limache en 2021 por Revolución Democrática, partido que en 2024 se fusionó con Convergencia Social, donde militaba Boric, para formar el Frente Amplio.

Este martes, tras meses de silencio, Larraín emitió un comunicado público en el que dijo que “nunca se generó financiamiento desde la Fundación ProCultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric, ni a ninguna otra campaña política”. E insitió en la misma versión que ya había entregado a la Fiscalía: “Sobre las transferencias a Sebastián Balbontín (mi pareja hace más de cinco años) éstas no provinieron desde ProCultura, sino de mi cuenta personal, consistentes en gastos cotidianos y domésticos”.

Además, señaló que varios de los proyectos que hoy son investigados, como el del MINVU y el de recuperación de fachadas en Antofagasta “fueron promovidos bajo la administración del presidente Sebastián Piñera”.

“No me he enriquecido con este proceso. Por el contrario, cuando se desató la crisis y el Estado decidió cancelar convenios, desestimar licitaciones ya adjudicadas e incluso impedir la recepción de donaciones privadas, esto produjo su quiebra” dijo el psquiatra.

La Fiscalía, Boric y el “caiga quien caiga”

Boric ha hablado solo una vez del caso ProCultura, cuando fue consultado durante su gira a Asia. “Siempre he sostenido (...) que cuando se investigan casos de malversación a la fe pública o cualquier tipo de delito, no puede haber un doble estándar. Y eso se prueba o se mide a la hora que el investigado es uno o los propios. Ante esta situación yo doy garantía de que sigo manteniendo la misma posición: caiga quien caiga”. Y agregó: “Tengo la absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y lo mejor que puedo hacer es dejar que las instituciones funcionen, no ejercer ningún tipo de presión”.

Por la tarde del martes, la Fiscalía regional de Coquimbo, que lidera Patricio Cooper, anunció que abrió una investigación por el posible delito de revelación de secretos en el caso ProCultura: señaló que la reserva de la indagatoria venció los días 2 y 6 de abril y que tras ello, entre el 5 y el 9 de mayo, entregó copia a 21 intervinientes y que “en forma posterior (...) se observó la publicación de contenidos de la investigación en diversos medios de prensa”.

El punto más álgido de ProCulutura se ha producido en una compleja semana para el oficialismo, pues en la encuesta CEP de este domingo la aprobación al Gobierno de Boric descendió ocho puntos, de 30 a 22. Es la más baja de su mandato.