Seis ex altos cargos de Milei y 13 empresarios, procesados por sobornos y sobreprecios en la Agencia de Discapacidad

Desde diciembre de 2023, cuando se conformó el Gobierno de Javier Milei, hasta octubre de 2025, la Agencia Nacional de Discapacidad “se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito” para “una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales […] como por actores particulares”. Su objetivo era “generar recíprocamente millonarias ganancias”, a costa de los fondos públicos que debían garantizar el derecho a la salud y el bienestar a personas con discapacidades. Las maniobras consistían en “la adjudicación indebida de contrataciones públicas” para la compra de medicamentos e insumos, el pago de sobreprecios y, como contraparte, de sobornos. A esas conclusiones llegó la justicia argentina este lunes, al procesar a 19 personas, encabezadas por el exdirector de la Agencia de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, quien fue, hasta el estallido del escándalo, amigo y abogado personal de Milei.

Los delitos que se les imputan a 6 exfuncionarios y 13 directivos y empresarios del sector farmacéutico incluyen asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles, entre otros.

La presunta red delictiva que operaba en la Andis es uno de los principales casos de corrupción que salpican al Gobierno ultraderechista. Los hechos salieron a la luz en agosto del año pasado, a partir de la filtración de audios en los que Spagnuolo dejaba expuesta una trama de recaudación de sobornos en las compras de medicamentos y que, según sus dichos, generaba entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. En las grabaciones, el entonces funcionario involucraba directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: los proveedores de las licitaciones amañadas pagaban sobornos del 8%, decía, y el 3% iba a parar a los bolsillos de la hermana del presidente.

“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, indica la resolución del juez Sebastián Casanello en la que dictó los procesamientos.

En un documento de 300 páginas, el magistrado describe la operatoria dirigida “a cometer ilícitos contra la administración pública” y “obtener ganancias indebidas en desmedro del erario público a través de maniobras fraudulentas ejecutadas en el marco de contrataciones direccionadas y con sobreprecios, lo que incluyó la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos”.

El exdirector Spagnuolo es considerado por la acusación como el jefe de la asociación ilícita, junto con quien oficiaba como su segundo en la Andis, Daniel Garbellini, y dos supuestos intermediarios, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, vinculados con los laboratorios involucrados —las droguerías Génesis, New Farma y Floresta, entre otras—. Los otros exfuncionarios de Andis acusados son Diego D’Giano, Roger Grant, Eduardo González y Lorena Di Giorno.

De acuerdo con el juez y con el fiscal que elaboró la imputación, Franco Picardi, Spagnuolo “recibió importantes sumas de dinero, tanto en efectivo como en especie”, “como contrapartida por su actuación antinormativa”. El magistrado agrega que “durante el período bajo investigación Spagnuolo incrementó su patrimonio de modo considerable en comparación con los ingresos legítimos declarados”.

Los cuatro presuntos líderes de la asociación ilícita continúan en libertad, porque no se les dictó prisión preventiva, pero sus bienes fueron embargados por sumas millonarias. En el caso de Spagnuolo, el embargo supera los 202.000 millones de pesos (unos 135 millones de dólares).

Los procesamientos excluyeron, por el momento, a los empresarios de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, también sospechados de participar de las maniobras. Su defensa había solicitado la nulidad de toda la causa, argumentando que los audios filtrados que revelaron la virtual corrupción son de origen ilícito. Pero el juez rechazó sus pedidos de nulidad y la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso de queja presentado con el mismo propósito. De todos modos, ni el juez ni el fiscal del expediente se basaron en los audios filtrados para formular las acusaciones.

La resolución judicial no avanzó tampoco, por el momento, sobre la presunta vinculación de Karina Milei con las irregularidades. No obstante, el juez dejó abierta la puerta a una profundización de la pesquisa. “La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado […] sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, precisa el magistrado. “La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.