Obligado por un fallo judicial, Milei dicta la emergencia en discapacidad y suspende el ajuste sobre el sector

Había sido votada con amplio consenso por el Congreso nacional. Javier Milei la había vetado y otra vez los legisladores la habían respaldado, rechazando la objeción presidencial. Aún así, el Gobierno ultra no aplicaba la ley de emergencia en discapacidad, la norma que restituye al sector parte de los recursos recortados por la motosierra de Milei. Finalmente, tras una resolución judicial que lo intimó a cumplir con la ley, el Ejecutivo la reglamentó este miércoles. De todos modos, apeló y apuesta conseguir frenarla en los tribunales.

El decreto de Milei que pone en marcha la demorada ley aclara que lo hace “sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos”. La norma dicta la emergencia en discapacidad por un año, prorrogable por otros 12 meses. Bajo esa definición, establece un nuevo marco para las prestaciones y pensiones destinadas a personas con discapacidades, garantiza su financiamiento, prevé una actualización periódica de los estipendios y aranceles, y establece la regularización de las deudas acumuladas con prestadores, entre otras medidas.

Como la educación y la salud públicas, como las jubilaciones y los salarios del personal estatal, la atención de la discapacidad fue uno de los sectores sacrificados por el Gobierno para alcanzar el superávit fiscal.

El Ejecutivo hizo todo lo posible por evitar la vigencia de la ley aprobada en julio pasado por las cámaras de Diputados y de Senadores. Además del veto de Milei, luego desestimado por dos tercios de ambas cámaras, el Gobierno intentó derogarla al sancionar el presupuesto para 2026: nuevamente, se topó con el rechazo parlamentario. Obligado a promulgarla, lo hizo pero dispuso la suspensión de su ejecución y exigió que fuera el Congreso el que determinara la fuente de financiamiento.

Tras numerosos reclamos presentados en los tribunales por los afectados y sus familias, el juez federal Adrián González Charvay aceptó una acción de amparo colectivo y declaró inválida la suspensión de la ley. Consideró que esa medida incumplía el mandato constitucional respecto de una ley insistida por el Congreso y definió como “falaz” argumentar la falta de partidas presupuestarias, dado que el propio Ejecutivo puede ampliarlas o modificarlas. El juez ordenó que se aplicara la ley de manera inmediata y, aunque el Gobierno apeló, puso como fecha límite este 4 de febrero para su puesta en marcha.

“Ya tenemos ley reglamentada y no ley suspendida”, celebró la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo y una de las voces que reclamaron públicamente contra el ajuste sobre el sector. “Ojalá que los centros [de atención] que están cerrando y los que ya cerraron pueden rever la situación, porque muchas familias ya se quedaron sin terapias, sin transporte y sin escuelas para sus hijos este año”, pidió en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La Casa Rosada, de todos modos, aspira a bloquear la aplicación de la ley en los tribunales. La atención a las personas con discapacidades ha implicado serios problemas para el Gobierno, no solo por el amplio rechazo al recorte de fondos, sino también por las denuncias de corrupción en el área. La filtración de audios de quien fue titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, amigo y exabogado personal del presidente, reveló la supuesta existencia de un sistema de recaudación de sobornos en la compra de medicamentos e involucró a la hermana del mandatario, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El caso aun es investigado por la justicia.