Milei se alista para la primera batalla legislativa de 2016: la reforma laboral

El Gobierno de Javier Milei quiere arrancar 2026 con una gran victoria legislativa: la aprobación de la ley de modernización laboral. El próximo miércoles 11 de febrero, el proyecto presentado por el Gobierno ultra se votará en sesiones extraordinarias en el Senado mientras una multitud se movilizará a sus puertas en señal de protesta. De ser aprobado, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados para la decisión final. Se trata de una iniciativa con la que el Gobierno ultra pretende reducir la informalidad del mercado laboral argentino, hoy cercana al 43%, gracias a beneficios para las empresas como la reducción de las indemnizaciones por despido, descuentos impositivos y cambios sobre las horas extras y las vacaciones. Los sindicatos convocan a los trabajadores a manifestarse por considerar que se trata de una ley de precarización laboral.

La ley laboral vigente en Argentina data de 1974 y casi todas sus modificaciones posteriores han encontrado una gran resistencia en las calles y frenos en la Justicia. El Gobierno de Milei aspira a superar el desafío legislativo sin sobresaltos apoyado en el respaldo que recibió en las urnas el pasado octubre —que fortaleció su representación en las dos cámaras— y en un contexto social donde la pobreza y el desempleo son vistas como las preocupaciones más acuciantes, según el último sondeo de Opinaia.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostiene que la normativa actual ha condenado “a millones a la informalidad y los salarios bajos”. En declaraciones al portal Infobae, Adorni defendió que la nueva legislación permitirá crear nuevos empleos y generar un círculo virtuoso de inversión y crecimiento. Para el jefe de Gabinete, quienes rechazan el proyecto están a favor de “tener trabajadores sin derechos”. El kirchnerismo, la oposición más dura en el Congreso, define la iniciativa de “mamarracho jurídico” y anticipa que, de ser aprobado, lo llevará ante la Justicia.

Despidos más baratos

Entre los grandes cambios que introduce la nueva legislación está la creación de un fondo en una cuenta de inversiones destinada al pago de indemnizaciones al trabajador. Los empleadores pueden reemplazar el aporte del 3% del salario de sus trabajadores a la Seguridad Social para destinarlo al fondo, una medida muy criticada por desfinanciar el sistema jubilatorio en plena transformación demográfica de Argentina, donde se han reducido los nacimientos un 40% en la última década. Las indemnizaciones por despido, además, se abaratan y se pueden fraccionar en hasta 12 plazos.

Las empresas pueden pagar los sueldos en moneda nacional o extranjera, pero también abonar parte en especie, alojamiento o comida. Además, se les permite ampliar la jornada laboral diaria de los empleados desde las 8 horas actuales hasta 12 siempre que se respete el descanso de 12 horas entre un día y el siguiente.

Respecto a las horas extra, deja de ser obligatoria la compensación económica y se puede reemplazar por un banco de horas para usar más adelante. Las vacaciones, que hoy deben otorgarse durante un mes del verano austral, comprendido entre enero y abril, pasan a ser divisibles en períodos de siete días durante todo el año. Aunque gran parte de los puntos que tienen que ver con la gestión del tiempo contemplan la necesidad de un acuerdo entre empleador y empleado, el primero está en posición de imponer sus términos y perjudica a quienes tienen personas dependientes a cargo, en especial a mujeres, dado que son las que cargan con el peso mayoritario de los cuidados. Por ejemplo, sus vacaciones no tendrán por qué coincidir con las de los hijos en edad escolar y tampoco tendrán mucho margen para negarse a hacer horas extras.

Uno de los puntos más celebrados por las medianas empresas es la creación de un régimen de incentivos específicos para inversiones que contempla reducciones de impuestos significativas. Aplauden también los beneficios concedidos a quienes opten por regularizar empleados —con hasta el 70% de la condonación de la deuda por la falta de aportes— o den trabajo a personas desempleadas.

La nueva legislación reduce el poder de los sindicatos al apostar por la desaparición de los convenios colectivos que rigen las negociaciones salariales por rama de actividad en Argentina y facilitar que sean reemplazados por acuerdos propios en cada empresa. Restringe también el derecho a huelga al imponer la obligación de prestar un 75% de servicios mínimos en todos aquellos sectores considerados críticos, como salud, educación, transporte, energía y agua, y un 50% para sectores trascendentales como bancos, minería, industria y comercio electrónico.

El Gobierno pretende tener aprobada la ley de modernización laboral antes del 1 de marzo, cuando Milei brindará el discurso que marca el inicio del año legislativo en Argentina. Aunque el presidente se mostraba reacio a incluir cambios al proyecto, en las últimas horas ha trascendido que podría renunciar a la reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias de sociedades por la firme oposición de muchos gobernadores, que verían mermados sus ingresos por tratarse de un impuesto coparticipable entre el Estado nacional y el provincial. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el costo fiscal de esta medida ronda el 0,22% del PBI.

El proyecto definitivo se conocerá el mismo miércoles, el día de la votación en el Senado. La mujer fuerte del oficialismo en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, ha anticipado que el Gobierno cuenta con los votos para sacarlo adelante y confía en que tampoco encontrará obstáculos en la Cámara de Diputados. Ante su previsible judicialización, el Ejecutivo cree que aun si es frenada por un tribunal inferior, tendrá el visto bueno de la Corte Suprema.