Los países cambian cuando alguien decide empezar de nuevo

Cuba atraviesa hoy horas cruciales. El estado de la nación es de angustia y desesperanza, con una economía moribunda y la vida cotidiana —en todas sus manifestaciones— paralizada por una aguda escasez de combustible. Nunca antes, en la historia moderna del país, habíamos enfrentado un escenario tan desolador. Nunca antes, en mis 35 años como parte del movimiento prodemocrático, habría imaginado a la nación cubana asomada a su quiebra como proyecto.

Este sentido de fracaso que nos envuelve a todos tiene una razón: por mucho tiempo los políticos de dentro y de fuera ―la responsabilidad estructural de este fracaso recae en el gobierno de la isla― ignoraron por igual a los cubanos que aspiramos a una Cuba democrática, independiente y próspera para el presente y las próximas generaciones.

Extender la agonía de la gente no es una opción. Sobre ese cimiento compartido debería sostenerse cualquier negociación entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, así como entre los cubanos de la isla, entre sí, y de los cubanos con su exilio. Encontrar soluciones prontas y mutuamente aceptables, en beneficio de un pueblo que ha sufrido hasta la extenuación, debe ser la brújula que guíe dichos procesos.

En ese contexto, el gobierno cubano debería dar un paso decisivo. En acto soberano, podría decretar una amnistía general para las personas encarceladas o buscadas por crímenes políticos, dondequiera que se encuentren, e iniciar la despenalización del ejercicio de los derechos. Esa medida beneficiaría también a quienes ocupan o han ocupado posiciones de poder en Cuba, y abriría una senda real a la concordia nacional.

El perdón sabe amargo, pero la historia demuestra que suele ser el primer paso real en cualquier proceso de sanación personal y social. La venganza, venga de donde venga, solo nos encadena al pasado.

Amnistía no es lo mismo que impunidad. Casos de individuos involucrados en hechos de sangre o en graves violaciones a los derechos humanos deberían ser abordados como parte de un proceso de justicia transicional, en el marco de un Estado de derecho, con plenas garantías procesales y orientado tanto a la reconciliación como al resarcimiento histórico de las víctimas.

De igual modo, más de seis décadas después de su instauración, el embargo de Estados Unidos no ha alcanzado su objetivo. Y cuando más cerca han estado de hacerlo, la propia Casa Blanca ha dado un paso al costado debido al elevado costo humano que provocaría un endurecimiento final. Precisamente para evitar una catástrofe humanitaria mayor, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio acaban de permitir, in extremis, la entrada de un barco ruso con crudo de emergencia a puertos cubanos.

Ese gesto de la administración Trump constituye el reconocimiento definitivo de que el éxito del embargo sería, al mismo tiempo, su propio fracaso. Persistir en una política que agrava las condiciones de vida de quien se pretende liberar no acerca la democratización; la aleja.

Si queremos un nuevo horizonte para Cuba y su gente, es momento de que Estados Unidos proceda a eliminar el embargo, un esquema que ya ha demostrado sus límites.

A la par, y en beneficio de ese mismo pueblo, los gobernantes de Cuba deberían generar dinámicas claras de apertura y buena voluntad. Tras dos mandatos y medio en la presidencia, Miguel Díaz-Canel podría adoptar un gesto de responsabilidad histórica y adelantar su retiro—constitucionalmente previsto para 2028—, abriendo así el camino a una nueva generación de líderes cubanos.

Bajo esos estímulos, las posibilidades serían significativas: Cuba podría profundizar reformas económicas en favor de la propiedad y la participación de todos los cubanos, estén donde estén, con idénticas protecciones jurídicas y deberes; así como abrir la banca, la agricultura, las telecomunicaciones, los puertos y el turismo a la inversión extranjera, incluyendo el capital estadounidense.

En el terreno jurídico, la nación podría establecer negociaciones definitivas para la compensación de propiedades estadounidenses confiscadas después de 1959, incluyendo la aplicación de incentivos fiscales y esquemas de deuda por inversión. Ambos países podrían fortalecer, además, acuerdos vigentes para el combate al narcotráfico y el crimen transnacional.

Por la senda del diálogo civilizado y el estímulo generado a través de la apertura económica, Cuba podría avanzar hacia un modelo democrático parlamentario ―el primer paso en esa dirección debe ser la eliminación del artículo 5 de la Constitución que consagra la hegemonía de un partido único―, el fortalecimiento de la sociedad civil, garantías a las libertades y derechos humanos básicos y una transición política ordenada e irreversible.

Finalmente —y también con los cubanos en el centro—, la Casa Blanca debería evitar la deportación de más de medio millón de refugiados que llegaron al exilio en los últimos años y que hoy viven entre el pánico y la incertidumbre ante la posibilidad de una repatriación forzosa.

El presidente Trump conoce de primera mano el espíritu emprendedor de los exiliados cubanos, en este caso una comunidad mayormente joven, educada, deseosa de contribuir a los Estados Unidos. Forzar su retorno en las actuales condiciones de Cuba no solo sería inviable, sino profundamente injusto.

Muchos de ellos, con el tiempo, serán actores clave en la reconstrucción del país, un motor para el futuro de Cuba. En ese sentido, una política sensata hacia esta diáspora no solo constituye un imperativo humanitario, sino también una inversión estratégica para ambas naciones.

Los países no cambian cuando alguien pierde. Cambian cuando alguien decide empezar de nuevo. Es la hora de las decisiones. De la audacia política.