Una sentencia internacional protege a los garífunas frente al rodaje de ‘Supervivientes’ en Honduras
La Corte Interamericana ordena a Tegucigalpa devolver el control de Cayos Cochinos a sus habitantes ancestrales tras dos décadas de exclusión y amenazas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este miércoles al Estado de Honduras por vulnerar los derechos de propiedad colectiva y la participación política de la comunidad garífuna sobre las islas Cayos Cochinos, en el Caribe hondureño, al declarar el archipiélago como zona natural protegida sin consultarles de manera informada. En ese archipiélago se filma el programa Supervivientes, uno de los reality shows más vistos de la televisión española, transmitido por Telecinco. Durante el rodaje del programa se prohíbe a los garífunas que se acerquen al lugar.
Según la sentencia publicada este miércoles, Honduras designó al archipiélago como área natural protegida en 2003 y desde entonces nombró a la Fundación Cayos Cochinos como responsable y administradora del área, excluyendo a los garífunas que ahí habitan desde mediados del siglo XIX.
Durante al menos dos décadas, la administración ha privilegiado a operadoras de turismo y productoras de espectáculos televisivos, al mismo tiempo que prohíbe el acceso y la pesca a sus propios habitantes.
La Corte IDH ordenó al Estado hondureño adoptar medidas de reparación, como garantizar la participación de los garífunas en la administración de los cayos y en la elaboración del plan de manejo del área protegida, además de pagar una indemnización por daños y gastos.
La comunidad garífuna de Cayos Cochinos es un pueblo afroindígena que habita las islas desde hace más de doscientos años, cuando migraron desde las costas de Honduras, aunque originalmente proceden de la isla de San Vicente, ahora San Vicente y las Granadinas. El archipiélago está formado por dos islas mayores y trece islotes o cayos menores. Aunque la mayoría son propiedad privada, en el lugar habitan diez comunidades garífunas de las cuales dependen cerca de mil familias, según la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
“Nosotros vemos esta sentencia como una victoria, o al menos como una esperanza en nuestra lucha, porque estamos hablando de más de 32 años de estar luchando en contra de la Fundación Cayos Cochinos, contra las violaciones que han venido cometiendo, y esto nos da esa esperanza de que tal vez así el Estado se digne a reconocer nuestros derechos”, dijo Mabel Robledo, directiva de OFRANEH.
En las últimas dos décadas, los garífunas de Cayos Cochinos han denunciado los abusos por parte de la Fundación Cayos Cochinos. “Nos han llegado a desplazar incluso con el uso de la fuerza, con el empleo de la Fuerza Naval y la Policía. Solo en 2003, cuando se declaró área natural protegida, las autoridades llegaron a desplazar a más de 60 familias y posteriormente se nos ha prohibido el acceso a la pesca, que es de lo que viven nuestras familias”, dijo Robledo.

En septiembre pasado, mientras se filmaba la última edición de Supervivientes, un grupo de garífunas de la comunidad Nueva Armenia se organizó para impedir que los participantes del show realizaran un salto en helicóptero sobre Cayo Menor, una de las primeras pruebas del programa.
La sentencia de la Corte IDH señala que la realización del show ha provocado vulneraciones al derecho de las comunidades garífunas. “La realización periódica de estos programas televisivos provocó la suspensión de actividades de pesca artesanal y limitó la movilidad de las comunidades garífunas en su propio hábitat marino, afectando la obtención de alimentos y el acceso a recursos esenciales”, dice el documento.
El show, además, se produce en un área de “exclusión total”; es decir, donde se supone que nadie debería acceder. Sin embargo, la restricción solo es aplicada a las comunidades garífunas.
“Ahorita, en este momento, se está haciendo un reality en las islas y nos han prohibido acercarnos. Lo peor es que están usando Cayo Palomas para su show, y ese cayo es un santuario para las aves migratorias. Nosotros lo respetamos, pero hay un contrato privado entre los del reality show, el Estado hondureño y la Fundación Cayos Cochinos para su uso”, aseguró Robledo.
Ayer, el programa Supervivientes publicó en sus redes sociales que los nuevos participantes ya están en Honduras, anunciando el arranque de la nueva temporada para este 5 de marzo.
La sentencia de la Corte IDH ordenó además al Estado hondureño iniciar una investigación por denuncias de amenazas en contra de la comunidad garífuna surgidas tras las protestas por el alquiler de los cayos para turismo y programas de televisión.
“Desde el 2021 hemos interpuesto denuncias por amenazas que provienen del presidente de la Fundación Cayos Cochinos y de la Sociedad Ecológica S.A. Nos han amenazado. Nos preguntan que si nos estorba la vida, nos han dicho que a la gente que se mete con ellos los desaparecen. Ojalá que el Gobierno investigue antes de que sea demasiado tarde”, dijo Robledo.
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