Perú: cuando la Constitución autoriza a resistir

Lo que viene ocurriendo en el Perú es claro y evidente: una institucionalidad manejada por un Pacto Corrupto para servir intereses individuales y de grupos criminales, no los del país.

Un pacto entre sectores de la corrupción que han legislado a favor del crimen organizado, y que maneja tanto el legislativo y que, en la práctica, ha dominado el poder político en los últimos años. Hoy es un núcleo corrupto sin contrapesos o control de poder alguno al que le aterra, como es previsible, cualquier atisbo de independencia judicial. Hoy el gran foco de tensión…

Cuando el poder se vuelve abusivo, la Constitución pide resistencia. Suele ser lo establecido, y es lo que establece la Constitución de Perú. Si alguien amenaza virulentamente a los jueces independientes y proclama que hay que arrasarlos (sic), está tocando -peligrosamente- aspectos medulares de la institucionalidad democrática.

Es lo que ha hecho la semana pasada el extremista presidente del Congreso peruano, Fernando Rospigliosi (fujimorista). Con su llamado público a “arrasar” con los jueces, pues su independencia -¡que se la han ganado!- perturba a este político de oportunidad y al Pacto. Y que tiene al frente, entre otro(as), nada menos que a Janet Tello, una brillante e independiente presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema.

Pacto Corrupto: que hiede y amenaza

Cuando desde las más altas esferas del poder político -como la presidencia del Congreso- se amenaza a jueces independientes, se dice todo y queda claro el propósito: someter al sistema de justicia. Ya normalizaron el lenguaje de la intimidación contra cualquier juez o fiscal que razone y decida con independencia. Es el contexto en el que una sociedad entra en una zona de riesgo constitucional. No hace falta un golpe militar clásico para que exista un golpe de Estado.

El autoritarismo moderno opera por asfixia, no por irrupción: captura instituciones, vacía derechos, disciplina por miedo. Es en lo que está el Pacto Corrupto hoy en el Perú. En este contexto, siguen existiendo jueces y fiscales independientes, y como es previsible, se han convertido en la principal amenaza para el Pacto Corrupto que rige en estos tiempos a Perú.

Derecho de resistencia

La Constitución de Perú no es un adorno retórico ni una pieza de museo. Es un pacto vivo. Como toda decisión democrática seria, prevé qué hacer cuando el poder se convierte en amenaza, pues la Constitución está para defender al ciudadano de quienes tienen el poder político. Por eso, frente a la tentación autoritaria —especialmente aquella que se disfraza de legalidad—, la propia Constitución habilita el derecho de resistencia ciudadana.

El artículo 46 de la Constitución (Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.) no se trata de una consigna “revolucionaria” ni de una licencia para el caos. Se trata de una cláusula extrema de defensa democrática, activable cuando desde el poder se rompe el orden constitucional y cancela los derechos fundamentales.

Cuando desde las más altas esferas del poder político se amenaza a jueces independientes, se busca someter al sistema de justicia o se normaliza el lenguaje de la intimidación, se está haciendo entrar al país en una zona de riesgo constitucional.

El mundo, pues, está advertido de esta grave amenaza al orden democrático que hoy avanza en el Perú, en un contexto en el que por varios años se han venido socavando ya la institucionalidad democrática. El sistema internacional está, pues, advertido y, por cierto, llamado a reaccionar y actuar.