El fiscal general de Perú desmantela los equipos especiales que investigaban grandes casos de corrupción

Entre la Navidad y el Año Nuevo, Tomás Aladino Gálvez Villegas, el fiscal nacional interino de Perú, hizo un anuncio que sonó a amenaza en un programa de televisión: “Como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el Día de la Bajada de Reyes, pero no por bajada de reyes a Jesucristo, sino porque nos bajamos a los reyes”, dijo. Su alusión apuntaba a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes lideraron el equipo que desde hace una década se encargó de investigar la maraña de sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht a altos funcionarios del Ejecutivo y aspirantes al trono en el país.

Este martes 6 de enero, fecha en que los católicos evocan la llegada de los Reyes Magos y desarman sus pesebres, se promulgaron las resoluciones que disponen la desactivación definitiva de los equipos especiales del Ministerio Público que seguían las huellas de la corrupción y, además, ponían la lupa en las violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión a manifestaciones en 2022 y 2023.

Se trata del Equipo Especial Lava Jato, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el grupo que investiga a la mafia Los Cuellos Blancos del Puerto y el equipo enfocado en las protestas sociales (Eficavip).

El desmantelamiento de estas unidades ha remecido la escena política peruana con interrogantes sobre el trasfondo de la medida y dudas acerca de cómo continuarán los procesos que involucran a expresidentes, políticos, magistrados y empresarios.

Gálvez Villegas, quien en septiembre asumió transitoriamente como fiscal de la Nación, aduce que su decisión se sustenta en que estos grupos “no han dado los resultados esperados”, han generado “encubrimiento, impunidad e incluso persecución” y, además, porque se pretende unificar esfuerzos en las estrategias de persecución penal.

Las verdaderas motivaciones de Gálvez se han puesto en tela de juicio, porque él mismo fue investigado por uno de esos grupos especiales. Estuvo implicado en una presunta red ilegal conocida como Cuellos blancos y que designaba irregularmente a magistrados a cambio de favores. Gálvez ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vinculación con esta mafia. En 2021 fue destituido de la Junta Nacional de Justicia por interferir en las investigaciones e incurrir en “actos incompatibles con la función fiscal”. A mediados de 2025, en medio de irregularidades, se ordenó su restitución como fiscal supremo y poco meses después se le designó como reemplazante de Delia Espinoza al frente del Ministerio Público.

El fiscal José Domingo Pérez —apartado de la Fiscalía en 2025 por presuntas faltas administrativas— esgrimió una defensa de los equipos desmantelados. En un artículo publicado en el portal jurídico LP Pasión por el Derecho, titulado La bajada de reyes de Tomás, sostiene que la “magnitud de las revelaciones y las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato” despertaron el rechazo de adversarios políticos, quienes se propusieron “tumbarse el caso” y “restituir el menoscabado privilegio de la impunidad para los políticos y grandes empresarios”. Con ese fin, planteó, “desplegaron campañas sumamente agresivas y voraces de falsas narrativas” que estigmatizaron a los fiscales con “etiquetas de terroristas y traidores a la patria”.

“En buena cuenta, hoy por hoy, la más alta autoridad de los fiscales en el Perú, el hombre fuerte del Ministerio Público, ostenta su poder y cual emperador alardea de cómo el Equipo Especial del caso Lava Jato depende de su voluntad, arrogándose la prerrogativa de decidir si merece caer o sobrevivir; envolviendo el pregón con expresiones de hostilidad y revancha contra los fiscales del caso”, expresa el destituido fiscal.

Pérez también destaca los logros de dicha unidad: la condena de tres expresidentes del Perú: Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Martín Vizcarra (2018-2021), 62 sentencias por procesos de colaboración eficaz y multas por conceptos de reparación civil por encima de los 4 mil millones de soles (1.400 millones de dólares).

Con la desactivación de los equipos especiales, las investigaciones se trasladarán a fiscalías ordinarias. El gran temor es que signifique un retroceso en la búsqueda de justicia. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera que lo sucedido “constituye un quiebre institucional que debilita gravemente la lucha contra la impunidad al poner en riesgo las investigaciones en curso”.

Este 9 de enero se cumplirán tres años de la masacre de Juliaca, donde dieciocho manifestantes fueron asesinados por las fuerzas del orden. El abogado de familiares de las víctimas Juan José Quispe ha calificado esta fecha como “un día negro para la justicia y el Ministerio Público” y ha remarcado que se ha desplegado “un manto de impunidad, haciéndole creer a la población que estos equipos se habían politizado y no funcionaban”.

Amnistía Internacional subraya que la creación del Equipo de fiscales para casos con víctimas durante protestas sociales (Eficavip) “respondió a la necesidad de contar con fiscales especializados en derechos humanos a dedicación exclusiva”. “A tres años de los asesinatos, instamos a las autoridades a fortalecer y no debilitar las investigaciones”, manifiesta.

Por otro lado, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, felicitó a Tomás Gálvez Villegas por disolver a los equipos especiales pues, a su juicio, “fueron un instrumento de la mafia caviar para la persecución política de sus adversarios”. En tanto, la abogada Elizabeth Zea sostuvo que “la desactivación es correcta porque los equipos especiales son de naturaleza temporal, se crean para la etapa preliminar de la investigación y obedecen a una finalidad, la cual claramente no han cumplido”.