Los fondos de inversión golpean al olivar andaluz tradicional: el cultivo superintensivo acapara ayudas de la PAC y dispara el consumo de agua

Los grandes capitales y los fondos de inversión están asfixiando al olivar tradicional andaluz tanto a la hora de acaparar ayudas públicas como en las dotaciones de agua que reciben sus cultivos. Según los registros de la campaña 2023-24, el 0,08% de los beneficiarios de la Política Agraria Común (PAC), los que perciben ayudas superiores a los 500.000 euros, reciben el 10% del presupuesto, mientras que el 60% de los perceptores cobra menos de 5.000 euros al año. Por su parte, las explotaciones de olivar superintensivo han recibido dotaciones de agua que triplican la destinada al olivar tradicional.

“El reparto actual es profundamente injusto, grandes fondos de inversión y empresas con enorme capacidad financiera están recibiendo ayudas millonarias de la PAC mientras los pequeños y medianos agricultores luchan por sobrevivir”, ha señalado Helena Moreno, responsable de Agricultura en Greenpeace. Esta organización ha publicado el informe El campo franquiciado: cómo los fondos de inversión han cambiado el olivar español, donde se evidencia la transformación acelerada que está viviendo el sector olivarero español que, con 1,7 millones de hectáreas, concentra el 60% del total nacional. En el estudio se alerta del auge a nivel mundial del llamado agribusiness, donde fondos especializados, generalistas, grandes actores industriales y fortunas familiares alientan este tipo de inversión en la agricultura, señalando como atractiva la rentabilidad derivada de la necesidad de alimentar a una población mundial creciente.

En el caso del olivar, los grandes capitales no solo acceden a tierra y agua, sino también a las ayudas públicas como la PAC, diseñadas originalmente para sostener rentas agrarias de agricultores. Según los registros de las campañas 2023-2024 hay grupos como Atitlán, que recibió más de 2,4 millones de euros en ayudas agrarias o el cordobés De Prado que percibió más de un millón de euros. Ayudas millonarias recibió también el fondo Cibus Bingham Limited tras hacerse con el grupo andaluz Innoliva, que gestiona más de 4.800 hectáreas de olivar superintensivo en Portugal y en España. De este modo, el 1% de los grandes beneficiarios privados, unos 6.800 titulares, absorbió casi el 24% de las ayudas totales, de acuerdo con el informe.

El acceso al agua se ha convertido en el factor de rentabilidad clave para los fondos que especulan con el agribusiness. Las nuevas plantaciones superintensivas impulsadas por estos actores reciben dotaciones de agua que incluso en sequía permiten mantener la producción, a diferencia del olivar tradicional en secano. Según Greenpeace, la normativa de los últimos planes hidrológicos del Guadalquivir ha favorecido al modelo de olivar superintensivo, permitiendo dotaciones de hasta 3.500 metros cúbicos por hectárea y año, frente a los 1.000-1.500 del modelo tradicional. Lo que genera una desigualdad intrínseca en el propio sector.

“Lo que buscan los fondos es un volumen de tierra muy grande, si es posible sol y, sobre todo, el principal factor productor, el agua”, señala Francisco Elvira, secretario provincial de COAG en Jaén. Las provincias andaluzas de Córdoba, Sevilla y Cádiz, junto con Extremadura y el Bajo Aragón son las zonas donde más están proliferando las explotaciones de olivar intensivo y superintensivo.

En 2024, España tenía dedicada al olivar una superficie de 2.830.330 hectáreas, según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyrce) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El 6,23% de esa superficie, es decir 166.420 hectáreas, tenía más de 1.000 árboles por hectárea. Teniendo en cuenta que el 78,35% de la superficie con ese nivel de densidad estaba puesta en riego, resulta que ya había más de 130.000 hectáreas en España de olivar superintensivo de regadío. Y en Andalucía son casi 94.000 las hectáreas de olivar joven.

Sin embargo, el avance de la mecanización y el modelo de gestión externa está destruyendo el tejido social de los pueblos. Andalucía ha perdido 178.957 empleos agrarios entre 2017 y 2024, lo que representa una caída del 19,5% de su fuerza laboral. La situación es especialmente crítica en las provincias de Córdoba (-28,3%), Málaga (-28,3%), Granada (-27%) y Jaén (-26,6%), que han perdido más de una cuarta parte de sus trabajadores en sólo siete años.

Pero es en municipios donde el olivar superintensivo ha crecido más, como Carmona (-31,9% de afiliados), Santaella (-31,3%) o Lebrija (-29,8%), donde la destrucción de empleo es superior a la media regional.

Francisco Molina, propietario de una plantación de olivar tradicional, parte en riego y parte en secano, en la zona de Jimena, en Sierra Mágina (Jaén), señala lo que considera una situación injusta para el olivar tradicional, mayoritario en la comunidad andaluza. “El canon que paga un olivar tradicional con respecto a un olivar intensivo es el mismo aunque consumamos menos de la mitad del agua”.

Para Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía, es necesario y urgente abrir el debate sobre quién se lleva el agua: “Necesitamos hacer un reparto justo, con criterios sociales y ambientales, que garantice un mínimo para las explotaciones agrarias que realmente generan valor social, laboral y económico en el territorio donde se ubican. No podemos permitir que el agua se use como un activo financiero por parte de inversores que especulan y se lucran para ganar más dinero y ampliar las desigualdades en el sector primario”.

Pérdida de agrodiversidad

Al mismo tiempo, Greenpeace advierte de que este modelo está generando la pérdida de agrobiodiversidad cultivada. “La diversidad de variedades de olivar tradicional (hojiblanca, picual, picudo, nevadillo…), vinculadas a una cultura alimentaria y a un territorio, está modificándose hacia la uniformidad de variedades ultra productivas, pero con una mala calidad de aceite de oliva”, se indica en el informe. También se llama la atención sobre el peligro para la fauna, como es el caso de las aves que usan estos árboles como dormidero, que supone la cosecha con máquinas cabalgadoras.

El impacto sobre el tejido agrario andaluz es profundo, ya que casi el 70% del olivar sigue siendo de secano, altamente vulnerable a la sequía, y cerca de la mitad de los olivares tiene más de 50 años, con costes elevados y difícil mecanización. En este contexto, cuando hay sequía, el olivar tradicional ve desplomarse su producción, mientras el superintensivo mantiene rendimientos y se beneficia de la subida de precios. Además, el modelo superintensivo reduce drásticamente la necesidad de mano de obra por la mecanización, y se impulsa debido a un modelo “franquiciado”, donde empresas especializadas no dejan nada en el territorio y no emplean prácticamente a nadie de la zona.

“En los años en los que el aceite ha tenido un precio muy bajo, cuando se llegó a 2,50 euros el kilo de aceite, la gente empezó a pensar en abandonar el olivar, en dejarlo, no coger la producción. Tuvimos que estar empujando a los socios para recoger, porque si no al final lo íbamos a perder todo”, explica Ana Morales, de la Cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Algodonales (Cádiz).

Por si fuera poco, la presión de los fondos ha disparado el precio de la tierra, especialmente en Sevilla, donde el olivar de regadío ha subido un 24,6% en cuatro años. Esta inflación, sumada a que nueve de cada 10 compraventas de fincas rústicas en Andalucía se realizan ya sin hipoteca (lo que indica la compra mediante grandes capitales propios), imposibilita que el agricultor medio o los jóvenes puedan acceder a nuevas tierras para garantizar su relevo generacional, según revela el estudio de Greenpeace.

Las demandas de esta organización para corregir estos desequilibrios pasan por reorientar las ayudas de la PAC, para que vayan a parar a los agricultores en activo y excluyendo a los fondos de inversión y holdings empresariales. También abogan por la condicionalidad social y ambiental, la transparencia corporativa real, el impulso del modelo de agricultura familiar y social, la regulación del mercado de la tierra y freno a la creación de oligopolios.

Respecto al agua, proponen un reparto justo y sostenible, modificar los planes hidrológicos para eliminar las concesiones donde se benefician modelos de producción superintensiva, la creación de bancos públicos de agua, la revisión de concesiones históricas y avanzar hacia una reasignación de recursos hídricos que garantice el desarrollo de una agricultura social y ambientalmente justa y arraigada en el territorio.