La Fiscalía investiga a la empresa vasca CAF por el tren israelí en la Palestina ocupada

La Fiscalía está investigando la denuncia presentada por una serie de entidades propalestinas y defensoras de derechos humanos contra el Consejo de Administración de la empresa CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), con sede en Beasain (Gipuzkoa), por su participación en el Tren Ligero de Jerusalén (TLJ), un proyecto que presuntamente consolida la anexión de los territorios ocupados por parte de Israel.

La denuncia, presentada el pasado 18 de febrero, sostiene que la empresa vasca participa desde 2019 en el desarrollo del proyecto con un papel que “va mucho más allá de la colaboración puntual”, ya que se encarga de ampliar la línea roja del tren ligero ―cuya prolongación fue inaugurada en marzo de 2025―, construir la línea verde, suministrar y renovar trenes y desplegar sistemas de señalización, energía y comunicaciones. Además, en consorcio con la firma israelí Shapir, opera y mantiene ambas líneas con contratos de entre 15 y 25 años de vigencia. La participación de CAF en el proyecto “es estructural e indispensable para el funcionamiento y la expansión del sistema de tranvía, no solo por su alcance técnico”, según la denuncia.

El denominado TLJ conecta los asentamientos israelíes con Jerusalén Este, ocupada ilegalmente por Israel, y esta con Jerusalén Oeste, “reforzando su integración y crecimiento, al tiempo que profundiza la fragmentación de los barrios palestinos”, subrayan las ONG. Por ello, acusan a CAF de contribuir “a la consolidación de la anexión ilegal de Jerusalén Este; al mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales en territorio ocupado; y al mantenimiento de prácticas discriminatorias e inhumanas por parte de Israel contra la población palestina”.

Todas estas conductas, a juicio de los denunciantes, podrían encajar en distintos artículos del Código Penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados. Al tratarse CAF de una empresa con sede en España, sujeta a la jurisdicción española y cuyos directivos tienen nacionalidad española, los tribunales españoles serían competentes para enjuiciar hechos relativos a posibles vulneraciones del derecho internacional humanitario por parte de la misma, argumentan.

En un extenso comunicado en inglés difundido en septiembre pasado, CAF alegaba que su papel se limitaba al suministro, instalación, operación y mantenimiento de elementos ferroviarios, “sin ninguna participación en la planificación territorial, política de asentamientos o apropiación de recursos”. La compañía alegaba que carecía de capacidad para modificar la ruta de las líneas ferroviarias y que sus actividades son “puramente técnicas, conectadas a la infraestructura civil y enfocadas a asegurar soluciones de transporte seguras y fiables que faciliten la vida cotidiana de la población y sirvan a todas las comunidades, incluida la palestina, sin discriminación”.

La denuncia ha sido promovida por las organizaciones NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por la organización no lucrativa The Guernica 37 Centre, con el respaldo de Amnistía Internacional. La Fiscalía ha comunicado a los denunciantes la recepción de la denuncia, que incluye a los directivos de seis filiales de CAF, y la apertura de una investigación, por lo que estas reclaman que, a la vista de las pruebas aportadas y los resultados de la investigación, presente una denuncia ante la Audiencia Nacional.

En agosto de 2019, CAF y su socio israelí Shapir se adjudicaron la ampliación del tranvía de Jerusalén, un proyecto valorado en 1.800 millones de dólares de los que más de 500 corresponden a la firma vasca. La obra incluía la construcción de 27 nuevos kilómetros de vía y 53 estaciones, así como el suministro de 114 trenes ligeros y la rehabilitación de los 46 en servicio.

CAF encargó un dictamen a un catedrático de Derecho Internacional, quien concluyó que no cabe hacer ningún reproche de ilegalidad a la empresa vasca, ya que no existe ninguna norma o mandato que le impidiera concurrir a la licitación. Fuentes diplomáticas sostienen, no obstante, que la empresa fue advertida de que la obra vulnera la legalidad internacional, pues se construye sobre territorios ocupados por Israel. En septiembre pasado, CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas sobre empresas vinculadas a actividades en los territorios ocupados palestinos, en la que figuran 158 compañías, en su mayoría israelíes pero también estadounidenses y europeas, incluidas cuatro españolas.