La incierta transición en Venezuela

La pregunta flota en las calles de Venezuela desde hace dos semanas, pero sigue sin una respuesta clara: ¿el país atraviesa una transición política o apenas asiste a un reacomodo del poder? ¿Se abre un camino hacia la democracia o se trata de un espejismo alimentado por gestos parciales? El relevo abrupto de Nicolás Maduro, la liberación de centenares de presos políticos y algunos signos de distensión han activado expectativas dentro y fuera del país. El término “transición” reaparece en discursos, análisis y titulares, aunque persiste la duda sobre si describe un proceso real o solo un momento histórico todavía indefinido.

La hoja de ruta que Washington comenzó a esbozar tras el ataque prioriza primero la estabilización, luego la recuperación económica y deja la transición política para una etapa posterior, sin fechas ni compromisos. Si llega, parece una promesa lejana. Los seis expertos consultados por EL PAÍS coinciden en que este es un momento histórico, pero discrepan sobre su alcance y su final.

Desde una mirada estricta sobre los estándares democráticos, el diagnóstico de los analistas es pesimista. Para Phil Gunson, en la Venezuela actual no están presentes los indicadores mínimos que suelen marcar el inicio de una transición. El investigador senior de Crisis Group reconoce la importancia de la excarcelación de un número importante de presos políticos, pero recuerda que centenares siguen detenidos y que decenas de ellos permanecen en condición de desaparición forzada porque ni siquiera se sabe dónde están recluidos. A ello, advierte, se suman las restricciones a la libertad de prensa y de asamblea, la ausencia de Estado de derecho y la falta de instituciones independientes. “El Gobierno de Delcy Rodríguez sigue pautas de Washington, pero la administración Trump prioriza la reforma económica y posterga la transición política. Sin voluntad de apertura en Caracas, todo dependerá de Estados Unidos y de una oposición venezolana débil, dividida y dispersa”, lamenta.

Una lectura similar ofrece el politólogo John Magdaleno, para quien resulta “prematuro” hablar del inicio de una transición a la democracia. A su juicio, los cambios recientes —incluida la liberación de unos 400 presos políticos— no han modificado las reglas del juego ni restituido las libertades civiles. Magdaleno cuestiona incluso que exista un cambio político de fondo: “Lo que ocurrió es un reemplazo del vértice del poder, forzado por una intervención militar extranjera”. Las señales más claras, añade, apuntan a una apertura económica controlada, diseñada para beneficiar en primer término a empresas estadounidenses, especialmente del sector petrolero, sin que exista hasta ahora una voluntad decidida de apertura democrática.

Desde una perspectiva más estructural, la politóloga Marisela Betancourt habla de un quiebre, pero no de una transición. El “nuevo momento político” proclamado por Delcy Rodríguez, explica, surge de una fractura interna que deriva en un acuerdo entre élites, más que en un proceso de democratización. El riesgo, advierte, es una mutación del autoritarismo: liberalización selectiva, mayor estabilidad económica y un nuevo ciclo del chavismo sin concesiones políticas de fondo.

Los expertos señalan a una oposición debilitada, que no estaba preparada para este quiebre. Esa misma oposición también desconfía del momento actual. A la pregunta de si Venezuela atraviesa un periodo de transición, el parlamentario Stalin González respondió con un no tajante. “Para que haya una transición, tenemos que volver a la democracia y eso tiene que ser paulatinamente”, dijo en una entrevista con EL PAÍS. Lo mismo ha dicho este lunes Henrique Capriles: “Hasta que no hablemos de tener todas las libertades personales −y la libertad personal no se circunscribe únicamente a no ir preso− no se puede hablar de transición”.

Un matiz distinto introduce la historiadora Alejandra Martínez Canchica. Para la directora para América Latina de la Fundación Libertad y Desarrollo, Venezuela sí atraviesa una transición política, aunque no está claro que conduzca a una democracia. “Ha ocurrido un cambio de mando, pero una señal clave como una amnistía general de presos o la liberación sin condiciones de todos los perseguidos políticos pone en entredicho la posibilidad de un cambio”. Martínez recuerda que tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1936 no solo se liberó a los presos políticos, sino que se demolió la cárcel de La Rotunda como gesto inequívoco de ruptura. Hoy, lamenta, predominan los gestos humanitarios, no políticos, y el ritmo del proceso lo marca Estados Unidos, mientras la oposición enfrenta el desafío de organizarse en un escenario incierto y frágil.

El sociólogo y analista político Tulio Hernández sostiene que aún es prematuro hablar de una transición democrática, aunque sí de la apertura de una etapa distinta. A su juicio, el proyecto chavista tal como se conoció durante 25 años no es reproducible y Nicolás Maduro ya no conduce directamente el gobierno. Hernández subraya que también quedó en entredicho la eficacia de los organismos internacionales en la protección de los presos políticos y señala que comienzan a percibirse cambios en la vida cotidiana, como expectativas económicas moderadas y el descenso reciente del dólar paralelo. En ese marco, confía en que “entramos en una nueva era”, aunque advierte que el proceso será irregular, con varios escenarios posibles y con un oficialismo decidido a conservar el poder y reposicionarse.

Una mirada más cautelosa ofrece el sociólogo y académico Trino Márquez, quien reconoce un cambio político relevante tras el arresto de Maduro, pero también descarta que ello implique el inicio de una transición. Márquez alerta sobre el riesgo de una normalización del gobierno de Delcy Rodríguez, marcada por liberaciones limitadas de presos políticos y la ausencia de reformas institucionales de fondo en organismos clave como el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia. Además, subraya la escasa participación ciudadana en el proceso, al que define como fundamentalmente cupular, y advierte que sin presión social sostenida “este proceso se puede eternizar”.