Asociaciones público-privadas: alianzas que abren caminos

La infraestructura vial es una herramienta poderosa para generar prosperidad en las comunidades. Invertir en movilidad carretera traza rutas hacia un futuro más próspero, justo y conectado, especialmente en contextos donde las deficiencias actuales limitan el acceso a mercados, empleo y servicios esenciales.

En América Latina esta inversión es clave, pero el reto presupuestario es grande, pues es un 5% menor a la recomendación del 6% que sugiere como mínimo la Cepal. El Economist Intelligence Unit estimó que en la región se necesita invertir cerca de 250.000 millones de dólares anuales en infraestructura antes de 2028. A eso hay que sumar el estado físico de las vías donde sólo el 33% de las carreteras en América Latina tienen pavimento. Estas situaciones contribuyen a perpetuar brechas sociales, económicas y territoriales. Subsanarlas exige priorizar inversiones y proyectos que conecten a las personas con oportunidades.

Si queremos que los países de la región cuenten con soluciones de movilidad que atiendan las urgencias actuales y mantengan una visión sostenible, integral y colaborativa, debemos apostar por proyectos que combinan sostenibilidad, certeza financiera e impactos positivos duraderos. Hay asociaciones público-privadas (APP) que ofrecen justamente este tipo de oportunidades. Pero su verdadero potencial se materializa cuando hay una visión compartida, reglas claras y una institucionalidad comprometida con el largo plazo.

En este sentido, hay proyectos de infraestructura vial en América Latina cuyo impacto va más allá de la conectividad, al mejorar directamente la calidad de vida en las comunidades. En Chile, por ejemplo, con una inversión de 250 millones de dólares, el Puente Industrial en la Región del Biobío, impulsa la economía local mediante la creación de empleo, así como el fomento industrial y logístico. Esta obra que ya se menciona como la más larga del país, ha generado cerca de mil empleos directos e indirectos, con el 98% de los puestos ocupados por personas de la zona. Además, prioriza materiales regionales que representan hasta el 80% de los insumos de la obra, lo que fortalece el desarrollo local y reduce significativamente las emisiones de CO₂ vinculadas al transporte de materiales importados de la construcción. Estas acciones ya son reconocidas por agentes externos como el GRI Club Infrastructure.

Otro ejemplo de infraestructura que trasciende lo vial al incorporar soluciones ambientales y sociales innovadoras es la Autopista Río Magdalena en Colombia que requirió una operación financiera de 750 millones de dólares. Para atender el reto de la preservación de la biodiversidad en los más de 153 kilómetros que incluyen vía nueva, mejoramiento y rehabilitación de la vía existente, y la construcción de un viaducto de 1360 metros sobre el Río Magdalena, se creó la aplicación FaunaVial ARM. Esta herramienta digital permite a las personas reportar avistamientos y atropellamientos de fauna para identificar puntos críticos. Hasta el momento, se registra una reducción del 30% de los incidentes. Además, el programa Emprendedores sobre Ruedas brinda acompañamiento técnico y apoyo comercial a pequeños negocios de las comunidades cercanas para fortalecer sus capacidades productivas y promover modelos de negocio sostenibles. Todo esto genera oportunidades económicas reales en el territorio.

En México, se desarrolla una obra de ingeniería de clase mundial, con 77 kilómetros de extensión y una inversión de más de 25.000 millones de pesos que impulsará la competitividad y conectividad de toda una región del país. La nueva autopista Atizapán–Atlacomulco (AT-AT) reducirá en una hora el tiempo de traslado hacia Guadalajara y Morelia y consolidará la conectividad del eje México–Nogales como uno de los principales corredores logísticos del país. Bajo un enfoque de desarrollo inclusivo y participación comunitaria, se explora conjuntamente cómo traducir los beneficios del crecimiento logístico que se vislumbra para esta región en oportunidades reales para el entorno local. En este sentido, ya se identificaron proyectos productivos, turísticos y sociales alineados con las necesidades de las comunidades que están en proceso de implementación.

Estos ejemplos demuestran que las asociaciones público-privadas pueden ser verdaderos catalizadores de transformación e impulsoras de bienestar, cohesión social y desarrollo con visión de largo plazo. Cuando integran sostenibilidad ambiental y desarrollo comunitario en la infraestructura, lo que está en juego va más allá de construir carreteras: es la capacidad de la región para trazar un rumbo hacia un futuro competitivo, resiliente e inclusivo.

Transformar comunidades implica apostar por una infraestructura vial que permita una movilidad más eficiente, segura y equitativa. Aunque se han dado pasos importantes, los esfuerzos actuales en la región aún no corresponden a la escala del desafío que enfrentamos. Impulsar esquemas como las APP no es únicamente una decisión financiera, de ingeniería o técnica. Es sobre todo, una expresión de voluntad política para construir alianzas estratégicas que fortalezcan las políticas de equidad, bienestar social y competitividad de cada país de la región.