Denunciado por violar a una niña un legislador correísta que propuso bajar la edad de consentimiento en Ecuador

En la primera semana de julio, el asambleísta Santiago Díaz Asque, miembro de Revolución Ciudadana, propuso reformar el artículo 175 del código penal. Su objetivo: permitir relaciones sexuales consensuadas a partir de los 14 años. La iniciativa, presentada como una interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional, tuvo el respaldo de diez legisladores de su bancada. Días después, Díaz fue denunciado por la presunta violación de una niña de 12 años, hija de una militante de su partido. El legislador se declaró inocente, y desde entonces, su paradero es desconocido.

La coincidencia entre la propuesta legislativa y la acusación penal encendió las alarmas en el escenario político ecuatoriano.

La denuncia contra Díaz llegó a los medios el 8 de julio, aunque internamente en el partido algunos ya conocían lo que había ocurrido. Revolución Ciudadana publicó el 8 de julio un comunicado anunciando la expulsión del legislador ante la sospecha de lo que consideró “uno de los crímenes más despreciables que se pueden cometer”. Pero de ahí en más, no hubo ruedas de prensa ni entrevistas de sus dirigentes. Nadie salió a explicar por qué se permitió que un legislador con esa denuncia en puertas presentara una reforma tan sensible.

Incluso Rafael Correa, su máximo líder, habitual usuario de la red X, guardó silencio. Optó por postear sobre otros abusos, cometidos por adversarios políticos, y no sobre este, que alcanza a una persona que ocupó varios cargos cuando él era presidente.

En la Asamblea, el Gobierno de Daniel Noboa no dejó pasar la oportunidad. Durante el debate de una ley ambiental, la legisladora Nataly Morillo increpó a la bancada correísta: “¿No les da vergüenza? Hace pocos días avalaron un proyecto para relativizar el consentimiento en adolescentes de 14 años. Y después vino el silencio cómplice”.

La intervención provocó una escena inesperada. Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de la Niñez y miembro de Revolución Ciudadana, pidió la palabra. Con voz firme y sin titubeos, compartió una parte de su historia: “Yo fui víctima de abuso sexual cuando tenía cuatro años”. El pleno guardó silencio. Su intervención zanjó el debate al menos por ese momento.

El presidente no tardó en usar el escándalo como trampolín político. Propuso una reforma constitucional para permitir la castración química a violadores. “El país necesita saber quiénes están verdaderamente con las víctimas y quiénes están dispuestos a proteger abusadores”, escribió en su cuenta de X.

La propuesta ya está en manos de la Corte Constitucional, que deberá evaluar su viabilidad legal antes de que llegue a la Asamblea. Organizaciones feministas han criticado la medida, señalando que no previene las violencias sexuales y que el enfoque debe centrarse en políticas integrales de prevención, educación sexual, justicia con perspectiva de género y reparación para las víctimas.

El caso Díaz reabrió viejas heridas en la memoria política del país. En 2009, por ejemplo, el Gobierno correísta concedió amnistía al presidente de una asociación campesina condenado por la violación de una menor que era familiar directo.

El caso más sonado fue el de Jorge Glas Viejó, padre del exvicepresidente Jorge Glas, quien siendo rector de un colegio fue acusado de abusar sexualmente a una niña, a quien dejó embarazada. Murió en prisión sin que el correísmo hiciera nunca una autocrítica pública. Otro caso relevante involucró a un niño de cuatro años y un profesor acusado de abuso sexual dentro de una institución educativa. Una vez que fue capturado, el gobierno intervino y le sustituyeron la prisión preventiva por presentación periódica.

Díaz dijo que era inocente y que pediría licencia sin sueldo para defenderse de las mentiras de lo que se lo acusa. El Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información del paradero de Díaz.