Noboa abre la puerta al espionaje masivo en Ecuador con una nueva ley de inteligencia

En Ecuador, las morgues están al borde del colapso. En los primeros meses de 2025, recogen diariamente entre 28 y 30 cadáveres. Para mediados de junio, el total de homicidios alcanza ya los 1.690, un alarmante aumento del 70 % frente al año anterior. Frente a este naufragio, el Gobierno de Daniel Noboa presentó y consiguió que se aprobara la Ley Orgánica de Inteligencia, una normativa criticada por juristas, defensores de derechos humanos y analistas de seguridad.

La norma, vigente desde el 11 de junio, concede al Ejecutivo un sistema de espionaje masivo sin contrapesos judiciales ni parlamentarios, tampoco una rendición de cuentas real.

​​La nueva ley crea el Sistema Nacional de Inteligencia, conformado por siete subsistemas: militar, policial, financiero, tributario, aduanero, penitenciario y la Casa Militar Presidencial. Estarán coordinados por una autoridad designada directamente por el presidente. Todos ejecutarán sus actividades sin control judicial.

El nuevo sistema podrá obtener información a través de las operadoras de telecomunicaciones, que estarán obligadas a entregar información que facilite la identificación y localización de personas bajo pedido de la autoridad rectora. Esto implica que el derecho a la privacidad dejaría de ser universal para convertirse en un privilegio otorgado discrecionalmente, alerta Luis Carlos Córdova, investigador de la Universidad Central de Ecuador. “El privilegio de quienes el gobernante de turno decida que lo merecen. A los demás habrá que hacerles vigilancia masiva. A los demás habrá que vigilarlos masivamente”, añade.

El ente rector podrá además “retener, abrir, interceptar o examinar documentos o comunicaciones, por cualquier medio” sin necesidad de autorización judicial o expediente fiscal. La pregunta es para qué se va a usar esa información, ¿para prevenir el crimen? ¿Para desarticular redes criminales? ¿Para vigilar a ciudadanos, activistas o periodistas? Michelle Maffei, experta en prevención del crimen organizado y ex integrante del Centro de Inteligencia Estratégica, considera que “no es una ley para combatir el crimen, es una ley para consolidar el poder”.

Toda la información obtenida por el sistema solo podrá ser auditada por la Contraloría General del Estado, y una vez concluida la revisión, deberá ser incinerada. No habrá archivo, no habrá memoria institucional, no quedará ningún registro para que otra autoridad, o la ciudadanía, puedan verificar lo que ocurrió. “Ni la CIA puede ocultar sus presupuestos al Congreso”, recuerda Michelle Maffei. “Esto es otra cosa. Esto legaliza una práctica que destruye cualquier noción de transparencia”, asegura.

La ley fue aprobada con rapidez en la Asamblea, sin mayor oposición, gracias a la mayoría que el oficialismo mantiene con partidos aliados. Es la segunda norma enviada por el Ejecutivo en menos de un mes con el propósito declarado de combatir al crimen organizado. Pero en el contenido de ambas se revela una lógica distinta: ni esta ni la ley de Solidaridad Nacional —que permite indultar a miembros de las fuerzas de seguridad implicados en delitos— refuerzan el sistema judicial, ni apuestan por políticas de prevención, ni incluyen medidas efectivas para desmantelar las economías ilícitas, analiza Maffei. “Apenas se menciona a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, encargada de rastrear el lavado de dinero, y no hay ninguna disposición concreta para fortalecer a Inmobiliar, la institución que debe gestionar los bienes incautados al crimen organizado”, señala.

“Los ecuatorianos no deberían tener que elegir entre seguridad y derechos humanos”, advirtió Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Una seguridad duradera no se logra otorgando poderes ilimitados a los organismos de inteligencia, sino fortaleciendo el Estado de derecho”.

En los próximos días, se espera la llegada a Ecuador de Erik Prince, fundador de la empresa militar privada Blackwater. Su nombre está vinculado a operaciones encubiertas, misiones sin control judicial y mercenarios contratados por gobiernos. Según el ministro del Interior, Prince asesorará a la fuerza pública ecuatoriana. Ya lo ha hecho en países como Haití y El Salvador. El paralelismo inquieta en Ecuador. “Con estas dos leyes, el Gobierno ha creado el marco jurídico para legalizar una guerra sucia”, dice Córdova. “El Estado, al contratar mercenarios, externaliza la violencia para evitar responsabilidades penales o de lesa humanidad por lo que ocurra en operativos sin orden judicial, con interceptaciones de telecomunicaciones y detenciones arbitrarias.”

La ley no solo habilita el espionaje masivo, sino que deja al ciudadano en completa indefensión. Si alguien es víctima de un abuso, no tendrá ante quién reclamar. No habrá tribunal, ni fiscalía, ni defensoría que pueda revisar lo sucedido. El poder queda blindado y el ciudadano como sospechoso.