Volver a estudiar en el exilio: los nicaragüenses que se abren paso en las aulas de Costa Rica

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Katherine Ramírez se sentía “agotada, mental y físicamente” cuando sopesaba si matricularse o no a una carrera en Costa Rica para poder, finalmente, obtener su título de grado. “Empezar una carrera por tercera vez no es fácil”, dice la nicaragüense de 26 años, originaria del departamento de Estelí. La represión hacia los estudiantes y el cierre de universidades que se desató en Nicaragua tras el estallido social de 2018 la obligó a dejar sus estudios de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas; primero en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la sede de Estelí, y posteriormente en la Universidad Paulo Freire, en Managua. En 2022, cuando la persecución llegó mediante amenazas a la puerta de su casa, Ramírez cruzó la frontera.

La represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha llevado a unos 300.000 nicaragüenses a buscar refugio en Costa Rica, según Naciones Unidas. De estos, la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (Ridhe) calcula que unos 20.000 eran estudiantes que, como Ramírez, se vieron forzados a abandonar su formación académica. Con el fin de atenderlos, la Ridhe inauguró en 2022 el Programa de Educación en Emergencia. Desde entonces, las becas que otorgan han permitido que 300 personas desplazadas se matriculen a carreras en Costa Rica.

Tres años después de su llegada al país refugio, Ramírez está cerca de terminar su grado en Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de las Américas, en San José. A la vez, trabaja en la Fundación Sin Límites, un centro de investigación política. Fue “un proceso difícil”, según relata sentada en un café de San José. “Estudiar en Costa Rica es bastante costoso y tuve que lidiar con la burocracia y explicar por qué no tenía mis notas apostilladas. Las universidades no están informadas y no entienden que Nicaragua es un país en donde hoy te despertaste y te quitaron tu nacionalidad”.

Cuando empezó el camino para retomar su carrera, descartó las universidades públicas porque su trabajo y otras responsabilidades le impedían dedicarse a tiempo completo a los estudios. Aunque los centros privados se adecuaban más a su situación, no le salían las cuentas. Por eso, aplicó al programa de Ridhe, cuya ayuda incluye apoyo económico y asesoría para los procesos legales, así como atención psicosocial y pedagógica para los estudiantes. “Aunque muchos huyen en busca de protección, lo que encuentran a menudo son fronteras cerradas, sistemas migratorios hostiles y sociedades poco preparadas para acoger con dignidad”, afirma por videollamada desde Bruselas, Elektra Lagos, directora de esa red.

En Centroamérica, dice, la situación de los desplazados se agrava debido a la “debilidad institucional y a la falta de políticas públicas integrales que garanticen derechos básicos a las personas migrantes”. Asimismo, Lagos recalca cómo esta población, tanto de Nicaragua como de otros países, enfrenta “discriminación, violencia, explotación y olvido” en sus nuevos hogares.

Más allá de lo económico

Desde 2022, la Ridhe tiene una oficina en San José. Marta Castillo, su coordinadora, cuenta cómo se han ido adaptando a la situación. “Con las instituciones privadas tuvimos algún tipo de flexibilidad. Algunos lograron convalidar asignaturas o planes de estudio, pero con las públicas no era tan sencillo”, explica. Estas últimas tienen exámenes de admisión y procesos de matrícula más complejos que llevaron a algunos jóvenes beneficiados por la Ridhe a “empezar de cero”.

“Varios estudiantes que estaban llegando a Costa Rica lo hacían sin documentos o notas. Al principio, fue bien complejo porque a muchos les habían borrado su expediente académico. Otros sí que tenían notas, pero, si la universidad había cerrado, no tenían absolutamente nada para poder convalidar”, añade Castillo.

Para Ramírez, el acompañamiento psicológico fue “una de las cosas más importantes” del programa. “Para mí era bien duro afrontar que todos esos años de mi vida no valían nada aquí y que no importaba lo que yo hubiera estudiado en Nicaragua”. En Costa Rica, además, encontró “actitudes xenófobas” por parte de compañeros, profesores y administrativos. “Se nota que te tratan diferente y es algo que sentí en la universidad en algunos momentos”, afirma.

Las psicólogas del programa dan seguimiento a los estudiantes para abordar este tipo de vivencias, que se suman al trauma de la persecución política y de la migración forzada. “Ellos tienen a disposición un equipo de psicólogas que pueden atender de manera inmediata y que hacen un trabajo increíble”, afirma Ramírez.

Al igual que ella, Douglas Peña, de 22 años y originario de Matagalpa, chocó de frente con la discriminación al llegar a Costa Rica. “Todo fue muy raro porque es acostumbrarte a una sociedad con una cultura a veces xenofóbica. La gente te dice que hablas raro, te pregunta de dónde sos y te recuerda que vos no sos de aquí”, apunta el también beneficiario de la ayuda.

Él llegó a Costa Rica en diciembre de 2019, cuando aún no había terminado el colegio. Su familia decidió enviarlo a vivir con su abuela paterna a este país tras recibir amenazas por parte de una turba sandinista. En 2020, se graduó del colegio, pero no podía costear una universidad privada y el acceso a la pública se le dificultaba: el único documento de identidad que tenía era el de solicitante de refugio.

Con la beca de la Ridhe, Peña pudo matricularse en la carrera de Psicología en la Universidad Central, una institución privada en San José, donde ahora cursa su segundo año. Afirma sentirse “agradecido a pesar de todo”, pero recalca que su falta de documento de identidad sigue siendo un obstáculo que le impide, entre otras cosas, conseguir trabajo.

El programa sigue creciendo

Aunque el Programa de Educación en Emergencia se financia con la cooperación europea y aportes de “donantes particulares”, la directora de la Ridhe explica que afrontan “muchas dificultades” con el recorte de ayudas de USAID por parte de Estados Unidos, algo que ha puesto más presión sobre las agencias no estadounidenses. “Había muchos fondos que estaban destinados a la crisis de Nicaragua y varias organizaciones que estaban trabajando en el terreno han tenido que cerrar”, alerta Lagos. “Las consecuencias de esto a largo plazo van a ser catastróficas”.

A pesar del complejo panorama, el programa sigue atendiendo a los migrantes. En 2024, se expandieron para beneficiar a mujeres con becas de formación técnica para ayudarles a conseguir empleo. Según Castillo, unas 200 han recibido subvenciones para cursos como manipulación de alimentos, panadería o costura. Una de ellas es Marlene González, de 37 años, y originaria de Muelle de los Bueyes, en el Caribe nicaragüense, quien está llevando un curso de Corte y Confección de Alta Costura que quería hacer hace muchos años, pero no podía permitirse. Ahora ambiciona especializarse para darle una mejor vida a sus hijos de 4 y 14 años.

Ambas ramas del programa tienen un mismo objetivo: crear oportunidades para migrantes en peligro de exclusión social y económica en un país que, a pesar de ser un refugio para cientos de miles de desplazados, no siempre los trata con dignidad. “Aún existe una mentalidad de que las personas nicaragüenses vienen aquí a hacer dos cosas: limpiar o construir las casas de los costarricenses”, dice Ramírez. Para ella, obtener su título es un acto de resistencia contra una dictadura, por un lado, y contra una sociedad xenofóbica, por el otro. “Me hace pensar mucho en la capacidad de resistir que tenemos los nicaragüenses”, reflexiona.