La invasión de Indio Maíz cruza la frontera: colonos nicaragüenses asedian Costa Rica

La panga de José María Flores Arróliga fondea junto a un muelle improvisado de tablas en la ribera costarricense del río San Juan. La corriente es constante, pero mansa. Apenas mece la embarcación, diseñada para soportar el mar abierto, mientras el hombre descarga —con una sonrisa contagiosa— unas sandías enormes, ovaladas, que más bien parecen cabezas de misiles. Son las últimas que le quedan, tras vender río arriba casi toda la cosecha extraída de su finca, ubicada en la comunidad de Machado: un asentamiento fundado en pleno Refugio de Vida Silvestre Río San Juan (RVSSJ). Esta densa selva forma parte de un corredor binacional más amplio, articulado entre el refugio y la Reserva Biológica Indio Maíz. Se trata de un mismo ecosistema, atravesado por este ancho río que marca la frontera natural entre Nicaragua y Costa Rica, que es clave para sostener la conectividad biológica entre Mesoamérica y Sudamérica.

Chema, como le dicen en la zona, está alegre porque se avecinan las segundas fiestas patronales de Machado. Las primeras fueron en julio de 2024, pocos meses después de haber llegado navegando desde Bluefields, cabecera departamental del Caribe sur nicaragüense, a instalarse en esta comunidad. Compró 100 manzanas de tierras a 40.000 córdobas —poco más de 1000 dólares— y empezó a tumbar árboles para levantar la casa y delimitar las parcelas para las sandías, plátano y yuca que siembra.

“Yo me la estoy jugando con estas 100 manzanas. Se las compré a uno de los fundadores de la comunidad”, le dice Chema a EL PAÍS. Aunque prefiere omitir el nombre completo del terrateniente que le vendió las tierras, deja claro que tiene una conexión con el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Por eso se escogió el 19 de julio para celebrar las primeras fiestas patronales de Machado”, explica, en alusión a la celebración del aniversario de la revolución sandinista. “El Gobierno nos está dando chance para que trabajemos. Aquí hay dos cosas: o estás con el Gobierno o estás en contra. Si estás en contra, entonces ya no agarrás nada. Yo soy del Gobierno, no tengo por qué ocultarlo”, admite.

En la cosmovisión de los pueblos indígenas que habitan los bosques protegidos de Nicaragua (miskitos, mayangnas y afrodescendientes krioles), personas como Chema son llamados “colonos”. Son invasores que desde hace 15 años, cuando Ortega regresó al poder, iniciaron un feroz proceso de saqueo y destrucción de reservas ecológicas, como Bosawás. También Indio Maíz, el territorio Rama-Kriol y ahora el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, que conforman un mismo ecosistema.

Este gran bosque del sureste nicaragüense —que empalma con Costa Rica— está protegido por leyes nacionales, protocolos de conservación respaldados por la Unesco y la Convención Ramsar sobre humedales. Vender tierras en los 3.069 kilómetros cuadrados que suman estas tres reservas está absolutamente prohibido. Pero Chema compró las suyas para vivir de la agricultura, una de las cuatro industrias extractivas que marchitan los bosques de Nicaragua: minería, tala, ganadería y agricultura intensiva.

Este “ecocidio”, como lo llama el biólogo nicaragüense exiliado Amaru Ruiz, ha provocado el desplazamiento forzado de más de 3.000 indígenas. Los comunitarios no pueden oponer resistencia a la violencia armada que los invasores usan para apropiarse de las tierras. Este proceso de colonización ha dejado, al menos, 70 indígenas asesinados en los últimos 15 años. Y desde 2018, cuando un agricultor ilegal provocó el voraz incendio forestal que calcinó 6.788 hectáreas de la Reserva Biológica Indio Maíz, la invasión ha sido total. Ese fuego y las acusaciones ciudadanas de negligencia del control gubernamental fueron además la chispa del descontento popular contra el régimen sandinista que desembocó en las masivas protestas sociales fuertemente reprimidas por Ortega y Murillo.

Investigaciones periodísticas han documentado en la última década transacciones ilegales para la venta de tierras en estas reservas y la violencia que las acompaña, así como la danza de escrituras y notarios públicos que operan al amparo de un régimen que, hace solo unas semanas, aprobó la llamada “Ley de Áreas de Conservación Ambiental y de Desarrollo Sostenible”, una normativa que privilegia el “desarrollo económico” —la minería, la tala y la ganadería—, por encima de la conservación ambiental y los derechos de las comunidades originarias. La colonización ya no es sólo tolerada: ahora está respaldada por la ley.

Esa complicidad puede verse en el bosque binacional, donde los colonos han ocupado el núcleo de la reserva Indio Maíz, y la han penetrado hasta instalarse a la orilla del río San Juan desde hace tres años. La frontera ha impedido, por ahora, que levanten caseríos del lado costarricense, pero no ha frenado la expansión de actividades como la minería, ganadería, tala y el tráfico de animales silvestres. La invasión ya cruza el río y es un problema binacional que pocos en Costa Rica parecen advertir.

Finquita a buen precio

Que la invasión haya llegado hasta la frontera que delimita el San Juan, dice otro colono llamado Omar Guillén, responde a la “saturación” que hay en las reservas protegidas de Nicaragua. Indio Maíz ha sido desmembrada en parcelas. Está repleto de pueblos y hasta en uno de ellos, en Managuita, funciona una discoteca llamada “Selva Negra”. El bosque del cordón fronterizo es ahora el territorio con mayor “disponibilidad” para hacer “la finquita a buen precio”, según dice. Parcelas de 50 manzanas se venden entre 15.000 y 20.000 córdobas (entre 400 y 550 dólares, aproximadamente). No hay documentos formales, solo “avales” sin validez legal frente a las normas de conservación.

Los colonos han encontrado que la única manera de aspirar a un título de propiedad es comulgar con el partido de Gobierno. Los caseríos que se extienden en los 200 kilómetros de la ribera del ancho San Juan lucen banderas rojinegras, símbolo sandinista. La Fundación del Río, una oenegé ambientalista que dirige Amaru Ruiz, alerta de que la colonización en esta zona ha incrementado dramáticamente en los últimos 36 meses. Llevan tres años documentando, con imágenes satelitales, cómo las parcelas han eemplazado al bosque tupido. A vista de dron, las áreas deforestadas parecen pisadas de un gigante empecinado en marchitar la selva, hogar de lapas verdes, jaguares, tapires, cocodrilos americanos, tortugas carey y la imponente águila harpía.

Un informe reciente de la Fundación del Río denuncia que al menos 1.587 infraestructuras ilegales han sido levantadas en el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, un crecimiento del 49% en los asentamientos. “Hace tres años no existían”, repiten varios lugareños costarricenses consultados por este diario.

En términos globales, Nicaragua ha perdido el 22% de sus bosques en las últimas dos décadas, según Global Forest Watch. Naciones Unidas ubica al país con la tasa de deforestación más alta de Centroamérica. En Indio Maíz, la pérdida asciende al 38,7%, y en el Refugio Río San Juan, al 32%.

Según la Fundación del Río, las primeras invasiones en esta zona fueron impulsadas por funcionarios sandinistas de la alcaldía de El Castillo, un municipio del departamento de Río San Juan. Después, surgió un Proyecto de Saneamiento y Protección de la Reserva Indio Maíz, avalado por Jorge Ariel Omier Ruiz, presidente del Gobierno Territorial Rama-Kriol y militante sandinista.

En Machado, en el asentamiento de Chema, la complicidad del Gobierno de Ortega y Murillo parece clara: el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) ha censado a la población, se construye una escuela y un centro de salud, y los colonos gestionan permisos con los ministerios de Salud y Educación.

Sin embargo, estos asentamientos se desarrollan sin planificación urbana ni servicios básicos. Aunque el informe de la Fundación del Río no detalla cifras exactas, la mayoría de los nuevos asentamientos carecen de infraestructura educativa o sanitaria.

Costa Rica sufre los primero efectos de la invasión

Ante esta situación, Costa Rica asume la prestación de servicios, especialmente en salud y educación gratuita. Los colonos y habitantes entrevistados para este reportaje coinciden en un patrón: los niños cruzan cada mañana el río para asistir a clases en Costa Rica y regresan por la tarde a Nicaragua, a las tierras invadidas.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) le confirmó a EL PAÍS que, en los últimos tres años, ha atendido en promedio a más de 2.500 nicaragüenses no asegurados al año en la zona fronteriza. Mientras que el Ministerio de Educación de Costa Rica reporta un incremento significativo en el número de estudiantes nicaragüenses matriculados en secundaria entre 2023 y 2024, especialmente en cantones fronterizos como Los Chiles (de 209 a 440), La Fortuna (de 97 a 298), Puerto Viejo (de 254 a 450) y Pital (de 208 a 390).

Mientras el régimen de Ortega institucionaliza la ocupación ilegal del bosque, es el Estado costarricense quien vacuna, escolariza y atiende a los colonos y sus hijos. Por otra parte, en estas zonas, particularmente en las de minería ilegal, florecen la violencia y el tráfico de sustancias tóxicas utilizadas en la industria del oro.

“Las Chorreras es un pueblo minero que nació en otro contexto. Sin embargo, con esta invasión, la gente entra por Las Cruces, en la Reserva Indio Maíz, y luego sale en esta área tica”, explica el ambientalista Amaru Ruiz, de pie sobre una colina desde la que se divisa, al otro lado, una parcela donde antes hubo bosque. “Los güiriseros [mineros artesanales] encuentran en Costa Rica una cadena de proveedores: desde alimentos básicos hasta insumos para minería. La población minera halla en Crucitas fincas para extraer tierra. Hay toda una red de tráfico de mercurio y cianuro que estamos investigando. Por eso vemos una invasión total de la ribera izquierda del San Juan”.

La Fuerza Pública de Costa Rica, donde la minería a cielo abierto está prohibida, asegura patrullar constantemente la zona, y casi cada semana reportan decomisos de combustible, plantas eléctricas, palas y otros equipos. Solo en las tres primeras semanas de abril, detuvieron a 50 mineros. Pero no se dan abasto.

A inicios de mayo, Pilar Cisneros, diputada oficialista, denunció la situación con argumentos más económicos que ambientales. “Estamos regalando el oro que vale 4.000 dólares la onza. Para que Nicaragua aumente sus exportaciones. Ya exportan más de 2.000 millones de dólares por año. Es nuestro oro, y nos están dejando la contaminación”, dijo.

Las disputas por el oro han encendido tensiones, tráfico de mercurio y enfrentamientos entre grupos que operan sin regulación. Aunque a lo largo de toda la frontera nicaragüense hay destacamentos del Ejército, su presencia se limita a vigilar la navegación del río, que es enteramente nicaragüense. No intervienen en estos enclaves mineros y caseríos. Muchos de estos campamentos ilegales están instalados a escasos metros de sus cuarteles. Allí, bajo la mirada cómplice del régimen de Ortega y Murillo, han florecido economías paralelas sostenidas por la minería ilegal, el contrabando y la ley del más fuerte. Y con el oro, la violencia también avanza hacia Costa Rica.

El ambientalista Ulises Alemán, que lleva 40 años protegiendo a la lapa verde y los almendros de montaña donde anidan, lo resume así desde el último palmo de la frontera norte de Costa Rica: “Todo tiene conexión. Si la lapa verde desaparece, no es solo un ave la que perdemos: es el bosque entero el que se nos muere”.