Un proyecto petrolero alarma a un área protegida boliviana: “Mi abuelo nació aquí y mi padre vive con 94 años”

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El Gobierno de Bolivia se ha relanzado a la búsqueda de petróleo después de la drástica caída en la producción de gas, recurso que llevó al país a sus mejores años de bonanza económica. Desde el Gobierno de Evo Morales se empezó a flexibilizar la normativa para penetrar en territorios antes protegidos. Así se creó, en 2015, el decreto supremo 2366, que permite, con regulación ambiental, la actividad hidrocarburífera en áreas protegidas. Un año antes, en 2014, se cambió el plan de manejo de la reserva Tariquía, zona con más de 350 especies de animales y que alimenta el sistema hídrico de la tradicional ciudad petrolera de Tarija. El 5 de enero de este año, un grupo policial atravesó un cordón humano que protegía el parque para dar paso a maquinaria pesada.

El proyecto se llama Domo Oso X-3 y busca verificar si existen en el lugar 2,8 trillones de pies cúbicos de gas que pueden generar hasta 20.000 millones de dólares, según los precios del mercado internacional. Lo que se juega a cambio, dicen los defensores de la reserva organizados en el Comité de Defensa de Tariquía, es un daño irreversible al bioma. “El momento en el que se contaminen las cabeceras de agua, ya no se podrá hacer nada. Se tiene que parar esta masacre con la vegetación y con los animales y humanos que vivimos ahí. Se voltearán árboles que tienen más de 300 años y cuando prendan los mecheros, los animales huirán”, reprocha Nelly Coca, una de las comunarias movilizadas.

Coca tiene 65 años, todos vividos en el cantón de Chiquiacá, al interior de la reserva, que acoge buena parte de las 24 comunidades que forman Tariquía, de unos 4.000 habitantes en total. La apicultora se ha vuelto el rostro visible de la defensa del parque: ha cautivado a la opinión pública por su convicción, al punto de forcejear con los policías a pesar de su avanzada edad, y por el sentimiento con el que habla de su tierra. “Mi abuelo nació aquí, mi padre vive con 94 años. Somos generación tras generación viviendo aquí. No somos un asentamiento; cuidamos nuestra tierra, nuestra agua. Están trabajando en el patio de nuestra casa”.

A los vecinos de Chiquiacá se les sumó una marcha de protesta el pasado miércoles 7 en el municipio capital de Tarija. El vicepresidente Edmand Lara, en divorcio con el Gobierno, visitó recientemente el lugar y se comprometió con la lucha de los moradores. Sin embargo, Petrobras Bolivia, la empresa mayoritaria en el proyecto del Domo Oso X-3, ha salido a asegurar que tiene la licencia ambiental para operar, así como todos los requisitos legales exigidos, y que el pozo está a 1,5 kilómetros aproximadamente de la reserva. Incluso denunció a los comunarios que se encontraban haciendo vigilia en la puerta de Tariquía: “Tomando en cuenta la vulneración de los derechos de Petrobras Bolivia al libre tránsito y al trabajo, y los perjuicios considerables (…), la compañía ha acudido a las instancias correspondientes para preservar sus derechos”, se lee en un comunicado. Petrobras también asegura que realizó la consulta pública con algunas de las comunidades, como exige la constitución boliviana.

Coca, una de las demandadas por la empresa petrolera, califica esos procesos y certificados como “fraudulentos” y afirma que se hicieron con engaños y promesas de trabajo. “Los principales afectados quedamos fuera de su consulta. Es una zona clave para nosotros porque es la recarga hídrica de nuestras aguas que fluyen río abajo, no arriba, donde hicieron la socialización”, denuncia. El Gobierno y Petrobras aseguran que el proyecto Domo Oso no se ubica dentro de la reserva Tariquía en un intento de dar un parte de tranquilidad. Sin embargo, el Estado, a través de la corporación pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ya opera dos pozos en una parte del parque llamada Churumas.

Churumas se encontraba originalmente en el núcleo del parque y, por ende, era considerada una “zona de protección estricta”. El plan de manejo de Tariquía elaborado en 2014 cambió su tipificación a “zona de uso moderado”. El investigador en temas energéticos del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, asegura que el Gobierno creó el nuevo documento para “calzar” los proyectos que ya se estaban diseñando. “El pozo Churumas X-2 ha dado positivo, se ha encontrado gas y por eso ahora se está perforando el X-3, y hay un X-4 proyectado que ya tiene licencia ambiental”, asegura a EL PAÍS.

Campanini reniega de la narrativa gubernamental que intenta enaltecer las regalías que recibiría la ciudad de Tarija por la comercialización del recurso. “Debe potenciarse la gestión compartida, las organizaciones dentro de la reserva pueden participar en la administración. Eso nunca ha sucedido, que potencien, por ejemplo, la autosostenibilidad económica. Lo único que ha servido aquí ha sido para proyectos extractivistas”.

El Tribunal Agroambiental de Bolivia aceptó el 16 de enero una solicitud de congelar el proyecto Domo Oso, presentado por la Defensoría del Pueblo. La resolución emitida ordena una pausa en la obra por 30 días hasta que el tribunal reciba la documentación que acredita la explotación petrolera y los contratos con Petrobras sean aprobados por el Parlamento. Se espera una larga pulseada entre empresa y Ejecutivo contra los comunarios, como ya había ocurrido en 2019. En ese entonces, Petrobras ya intentaba efectivizar el contrato que tenía para explorar la zona desde 2018, pero las movilizaciones y el rechazo masivo de la sociedad civil frenaron el avance. Se realizó una masiva marcha desde Tariquía hasta Tarija que concluyó con un cabildo que determinó no permitir la entrada de la petrolera. Meses después, el Gobierno cedió y decidió paralizar el contrato.

La crisis energética, sin embargo, se hacía cada vez más latente en Bolivia, con una caída en la producción de gas de hasta el 50% desde 2014. Es entonces cuando el expresidente Luis Arce decide lanzar el Plan de Reactivación del Upstream, reexplorando lugares donde ya se había encontrado materia prima. El nuevo presidente, Rodrigo Paz, se ha mostrado decidido a seguir con el plan, a pesar de aclarar en sus redes sociales que no afectará a la reserva: “Dicen que hubiéramos dado un permiso para que se desarrolle un pozo gasífero dentro del reservorio. Eso no es verdad y algunos políticos están usando temas medioambientales para hacer política”.

Coca afirma que Paz, cuando era alcalde de Tarija (2015-2020), firmó un compromiso con Tariquía. Vuelve a prever una lucha larga, como en 2019: “Vamos a estar en vigilia hasta que se dé una solución. Estamos pidiendo una pausa ambiental y que se quite la demanda que tenemos como defensores. Es algo curioso que venga un extranjero a denunciarnos en nuestra propia casa, frente a los ojos del Estado”.