Activistas e indígenas denuncian que “deforestadores” ocupan cargos medioambientales en Bolivia

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fusionó a políticos de larga experiencia con empresarios para formar su primer gabinete de ministros el pasado 9 de noviembre. Del último grupo forman parte dos influyentes representantes del sector agroindustrial, uno de los sostenes económicos del país. Son el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Justiniano, y el de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Fernando Romero. Las alarmas sonaron entre activistas medioambientales e indigenistas porque la agricultura industrial, naturalmente orientada a ampliar la frontera productiva, está en el ojo de la tormenta por los incendios forestales en Bolivia, que en 2024 llegaron a quemar 12 millones de hectáreas.

Más de 50 colectivos y organizaciones firmaron en noviembre un recurso contra la resolución que posesionaba a Justiniano y que originalmente reducía la cartera de Medio Ambiente a un viceministerio. El Gobierno retrocedió en lo segundo, aunque uniéndola al Ministerio de Planificación. El investigador en temas de deforestación y economista ambiental Stasiek Czaplicki explica que Justiniano defendió la agenda agroindustrial —señalada, además de los incendios, por el uso intensivo de agua y transgénicos—, tanto como empresario porcicultor durante más de 20 años como en su rol de expresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz.

“¿Será que el ministro, en caso de que sus socios económicos, sus amigos o la gente con la que trabajó en los gremios incurran en alguna ilegalidad, los sancionará?“, alerta Czaplicki. ”¿Será imparcial? En otros países no se puede ser ministro cuando se tienen intereses económicos directamente vinculados con el sector”. El Ministerio de Desarrollo Productivo tiene entre sus varias competencias la regulación de la actividad empresarial, la promoción del desarrollo rural y el incentivo al aprovechamiento sustentable del agua.

La crítica por conflicto de intereses se reproduce con el ministro de Planificación y Medio Ambiente, Romero, uno de los mayores soyeros del país y expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo). Cerca del 19% de la deforestación del bosque de la Chiquitanía se debe al cultivo de soja, según la plataforma Trase del Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo. La misma investigación sostiene que en 2021 en Bolivia se talaron 31.800 hectáreas de vegetación nativa por cada 1.000 toneladas de soja: cinco veces más que en Paraguay y siete veces más que en Brasil.

El abogado ambientalista y redactor del recurso revocatorio, Rodrigo Herrera, advierte que es justamente la cartera de Medio Ambiente la entidad que otorga las concesiones para el aprovechamiento forestal en el país. “Nos preocupa que, a pesar de los cientos de notas enviadas, el presidente no haya abierto ningún espacio de interacción con el sector ambiental. Cada semana se reúne con el sector agropecuario, con el minero... Nos está relegando desde hace mucho tiempo”, denuncia el experto.

Además de las acusaciones de deforestación, al agronegocio se le atribuyen “violaciones de derechos de los pueblos indígenas”, como reitera en varios comunicados la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap). La vocera de la organización e indígena uchupiamona, Ruth Alipaz, asegura que el Gobierno, desde la gestión de Evo Morales, entró en complicidad con los latifundistas para generar modificaciones normativas que permiten el cambio de uso de suelo en tierras nativas. “Eso significa el despojo territorial de los pueblos indígenas, el despojo de fuentes de agua y la obligación de convivir con la contaminación general del aire y del suelo”, apunta sobre un problema que afecta principalmente a las tierras tropicales del país, en los departamentos de Beni y Santa Cruz.

Una de las normativas que despertó mayor polémica fue la aprobación del Plan de Uso de Suelo de 2019, que destinó el 39,8% del territorio del departamento del Beni al uso agropecuario. La región es una de las más biodiversas y alberga parte de la Amazonia boliviana. Alipaz relata cómo un ingenio azucarero comenzó a operar en 2015 en su comunidad, dentro de la reserva natural Madidi. “Genera pérdida de libertad incluso para transitar dentro de sus propios territorios; los caminos de acceso son trancados por el ingenio que, además, contamina las fuentes de agua que están a la orilla del río”. Diez años después, la empresa nunca alcanzó el nivel de producción proyectado y se prevé su cierre.

El sector agroexportador es al que mira el presidente Rodrigo Paz para contrarrestar la escasez de dólares que aflige al país y sustituir al gas, cuya producción cayó un 40% desde 2014. Por ello, la CAO se apresuró a proponer al Gobierno un paquete de leyes a fines de noviembre. Algunas de las propuestas incluyen la regulación de la introducción de organismos genéticamente modificados, su incentivo tributario mediante exenciones del IVA; el cambio de los criterios con los que se evalúa si una tierra se está usando de manera socialmente útil; o la posibilidad de que pequeños agricultores se conviertan en medianos propietarios agrarios para acceder, por ejemplo, a financiamiento bancario.

Este último punto es el que particularmente ha generado debate público. La entrega de títulos individuales de tierra a pequeños agricultores fue una promesa de campaña de varios candidatos en los comicios presidenciales del pasado 17 de agosto. Alipaz, sin embargo, lo califica de contradictorio con los principios de los pueblos indígenas que viven ancestralmente en territorios colectivos. “Eso es mutilar un territorio donde las comunidades originarias depositan el significado de su existencia. Significa dejar fuera a una montaña o a un río que son sagrados. Despojarnos de eso ya mata parte de nuestra identidad. La individualización tiene el propósito de mercantilizar la tierra”.

El investigador Czaplicki añade que, con esta potencial medida, la agroindustria busca que las empresas puedan acceder al régimen de pequeña propiedad. El agricultor utiliza su tierra como garantía para un financiamiento colateral y, si no puede pagarlo, su terreno puede ser embargado y rematado. Asegura que existen conglomerados que, a través de complejos esquemas, terminan concentrando más de 80.000 hectáreas. “Esto estaba prohibido hasta hoy por razones éticas, porque los pequeños productores viven en esa tierra, a diferencia de muchos empresarios. No es solamente un activo productivo o empresarial: es un lugar de residencia”, zanja.