Las denuncias de presiones armadas empañan la elección a las curules de paz

Un mensaje llegó al celular de un líder social del norte del Cauca a media tarde del 11 de febrero. Era una citación breve. Debía presentarse dos días después, a las diez de la mañana, en una caseta comunal del territorio indígena de Las Delicias, un poblado Nasa del municipio de Buenos Aires, a menos de una hora por carretera de Cali. Al llegar, encontró a un comandante de las disidencias de las extintas FARC, que le entregó volantes con publicidad política y dedicó las dos horas de reunión a explicar cómo debían votar en las próximas elecciones legislativas. Debían hacerlo a una de las curules de paz, escaños creados por el Acuerdo de Paz de 2016 para que las víctimas del conflicto armado lleguen al Congreso.

Este domingo, Colombia elegirá a las 288 personas que llegarán al Capitolio Nacional desde el 20 de julio. Será el segundo y último periodo de las 16 curules ocupadas por personas que han sufrido la violencia armada en los territorios donde históricamente han hecho presencia las guerrillas, los paramilitares y otros grupos criminales. El Acuerdo de Paz, firmado en 2016, buscaba que esas comunidades tuvieran representación directa en el Congreso durante ocho años, como forma de reparación del Estado. En varios territorios, sin embargo, hay denuncias de que los grupos armados, que siguen victimizando a esas poblaciones, están intentando influir en las votaciones.

Según tres líderes sociales de Buenos Aires, Suárez y Santander de Quilichao, en el Cauca, las disidencias han organizado, en el último mes, al menos cuatro reuniones para impulsar la reelección de Juan Pablo Salazar Rivera, actual representante por la curul del norte del Cauca. “Dicen que tenemos que votar por él porque es un campesino que viene desde abajo y nos va a representar”, afirma uno de ellos, que asistió a una reunión. “También nos pidieron que saquemos a las comunidades a votar por él el domingo, pero los únicos que han salido a apoyarlo son los de las organizaciones de cocaleros”, dice otro. Este diario consultó a la jefa de prensa del congresista por las acusaciones, pero hasta esta publicación no había dado ninguna respuesta.

Las curules especiales de paz están pensadas para permitir un acceso fácil al Legislativo. Mientras un representante en una circunscripción departamental puede necesitar decenas de miles de votos para resultar elegido, en estas circunscripciones la curul se define con menos de 10.000 apoyos, según el territorio. Además, los aspirantes no necesitan avales de partidos políticos, sino el apoyo de organizaciones sociales, de víctimas o de comunidades de esos territorios. Diego Pedraza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que esas condiciones pueden hacerlas más vulnerables a las presiones de los ilegales. “Los grupos armados compran una curul para tener un voto en el Capitolio. Estas valen menos que las ordinarias, pero pesan lo mismo”.

Al nororiente del país, en el Catatumbo, una de las zonas más cocaleras del mundo, las denuncias han sido constantes. En enero fue difundido un video en el que se ve una videollamada entre José Botello, candidato al Senado por el partido Cambio Radical, y alias Richard, el máximo jefe de las disidencias del frente 33 en la zona.

- ¿Vamos con toda o no? Necesitamos asegurarnos bien aseguraditos

- No, eso entramos porque entramos. Con la ayuda de Dios y la ayuda de ustedes, ¿no?

La conversación se hizo pública a través de un video que, al parecer, fue grabado por el propio comandante. Tras el escándalo, Botello aseguró que las imágenes habían sido manipuladas con inteligencia artificial y negó cualquier vínculo con las disidencias. Dos líderes de la zona, sin embargo, sostienen que no es el único caso. “En las reuniones de este año nos han dicho que tienen ‘amarrados’ los votos para Tatiana Gaona”, cuenta un presidente de junta de acción comunal del municipio San Calixto.

Según el líder, esa candidatura tiene respaldos en las disidencias y responde a uno de los clanes políticos locales, los Pinzón. Gaona es sobrina de Jairo Pinzón López, un político local que enfrenta un proceso judicial por el presunto asesinato del líder social Jorge Solano en 2020, y que ha sido investigado por una ambulancia cargada con cocaína que salió del hospital de Ocaña cuando él era su gerente. Es a su vez pariente del político conservador Ciro Rodríguez Pinzón, que suma cinco períodos en la Cámara de Repesentantes. Este diario consultó a Gaona, pero no contestó ninguna pregunta.

Otras denuncias, siempre hechas bajo protección de la identidad por los riesgos de seguridad, apuntan hacia Enrique Rafael Pertuz. Se trata de un exdiputado de Norte de Santander y presidente de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, a quien señalan de tener el respaldo de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). “En El Tarra y Teorama no han dejado entrar a ningún candidato a hacer campaña”, cuenta una funcionaria de la alcaldía de El Tarra. Otro líder de la zona comenta que en algunas jornadas de pedagogía electoral la orden ha sido clara. “Dicen que no pueden venir más candidatos, que no los quieren ver acá porque acá ya hay uno, que es Enrique Pertuz”, señala.

Consultado por este diario, Pertuz niega los señalamientos, y explica que su principal bandera de campaña es retomar los diálogos con el ELN. “Esos señalamientos no son nuevos, vienen de gente a la que le resulta incómodo que hablemos de paz”, explica.

Para el investigador Pedraza, la cooptación no es individual, sino que arranca con la influencia de clanes políticos tradicionales. “Hay una negociación con las estructuras de poder locales. Lo que vemos con las curules de paz es que el grupo primero negocia con el clan político para después tomar el control político y militar del territorio”. Explica también que en Pares no han registrado prohibiciones para que la población salga a votar, sino presiones para que lo hagan por determinados candidatos. “Ahora se dice por quién votar, pero la presión fuerte para salir a hacerlo es el mismo día de las elecciones”, afirma.

Según la Misión de Observación Electoral, el 31 % de los hechos más violentos del país en 2025 ocurrieron en las zonas donde se votarán las curules de paz. Algunas comunidades han gestado esfuerzos por cuidar las elecciones, aunque son insuficientes. En el Cauca, se han organizado las guardias cimarrona, indígena y campesina para acompañar los puestos de votación. Alexis Balanta, uno de los guardias, lo dice sin tapujos: “Nuestro acompañamiento da tranquilidad a la gente, pero no garantiza nada. Los que llegan al puesto, usualmente ya han entregado su voto por miedo a las armas”.