Amnistía Internacional exige resultados en las investigaciones sobre el atentado contra dos exiliados venezolanos en Bogotá

El atentado contra dos venezolanos exiliados en Bogotá, el activista Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche, el pasado octubre, es un crudo ejemplo que entrelaza cómo Colombia y Venezuela son dos de los países más peligrosos en el mundo para defender los derechos humanos. Así lo constata Amnistía Internacional, que ha publicado este martes su informe anual, en el que alerta sobre el avance del autoritarismo en distintos lugares. Mientras Colombia sigue sumida en una crisis de violencia, causada en gran medida por el conflicto armado que busca dejar atrás, en Venezuela persiste un patrón de represión estatal que restringe gravemente el espacio cívico, a pesar de la caída de Nicolás Maduro, advierte la ONG.

“2025 fue un año especialmente doloroso para Amnistía Internacional en esta parte del mundo”, declara Valentina Ballesta, directora de investigación para las Américas. “Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos venezolano y funcionario de Amnistía, quien tuvo que buscar refugio fuera de su país luego de ser detenido arbitrariamente y desaparecido forzadamente durante horas por el gobierno de Venezuela, fue atacado a tiros, junto con su connacional Luis Peche, en el norte de Bogotá, en un acto que casi les cuesta la vida. Han pasado más de seis meses y le exigimos a la Fiscalía General de Colombia resultados en la investigación sobre las personas responsables”. Ese atentado “da cuenta de la desprotección en la que están las personas defensoras de derechos humanos”, a lado y lado de la frontera, añade en la mañana de este martes, en una rueda de prensa en la capital colombiana para presentar el informe.

Los dos exiliados fueron tiroteados por tres sicarios cuando salían de su residencia en el norte de Bogotá el lunes 13 de octubre, un ataque inédito que sembró el pánico entre los numerosos perseguidos políticos por el régimen de Maduro que encontraron cobijo en la vecina Colombia, por mucho el principal país de acogida de la diáspora, con unos tres millones de venezolanos en su territorio. Como ellos, muchos otros defensores de derechos humanos, periodistas, testigos electorales, dirigentes políticos o estudiantiles se asentaron en la capital colombiana después de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, en las que el heredero de Hugo Chávez se autoproclamó ganador en contra de todas las evidencias, y de las oleadas de represión que se desataron después.

Yendri Velásquez se desempeñaba como gerente de campañas de Amnistía Internacional Venezuela en Colombia al momento del atentado. Había llegado un año antes buscando protección, después de que el Gobierno venezolano lo había detenido, lo desapareció forzadamente por horas y lo despojó de su pasaporte en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se preparaba para viajar a Ginebra, Suiza, por invitación de las Naciones Unidas, en calidad de fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+. Durante ese año había esperado una respuesta a su solicitud de refugio en Colombia. Eso refleja cómo las trabas administrativas para reconocer este estatus de refugio a personas que buscan protección internacional en Colombia, particularmente personas defensoras, aumenta su situación de riesgo, advierte Amnistía Internacional.

Los poderes del Estado venezolano continuaron coordinándose para perseguir y castigar severamente la disidencia, real o percibida, frente al gobierno de Maduro a lo largo del 2025, documenta el informe de la ONG. Cientos de personas sufrieron desaparición forzada o detención arbitraria, así como tortura y otras violaciones de los derechos humanos por ejercer alguna forma de oposición o crítica hacia el gobierno. A pesar de la caída de Maduro, capturado el 3 de enero en un ataque militar de Estados Unidos, y relevado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, las preocupaciones se proyectan a este 2026, incluso en medidas como la reciente Ley de Amnistía.

En Venezuela “persiste un patrón de actuación estatal”, que sigue vigente para 2026, advierte Natasha Rojas, directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela. “No se trata de hechos aislados, es una acción articulada que involucra a todo ese aparato estatal en su conjunto”, detalla. Las detenciones arbitrarias con motivos políticos se mantienen. De las más de 800 personas que continuaban privadas de la libertad para finales de 2025, más de 400 siguen detenidas. No es un fenómeno del pasado reciente, es una práctica vigente, subraya la ONG, que además es el punto de partida para otras graves violaciones de derechos humanos. “Todas las personas detenidas por motivos políticos deben ser liberadas de manera inmediata, y sobre todo sin condiciones que reproducen el aparato represivo”, enfatiza Rojas.

Con respecto a Colombia, el informe alerta sobre una grave emergencia humanitaria por la persistencia del conflicto armado, que impacta a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en distintas regiones del país. Las violaciones incluyen desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de los grupos armados. También se hace eco del Programa Somos Defensores, que ha señalado que 2025, con 165 asesinatos, fue el año con mayor violencia letal contra defensores de derechos humanos durante el cuatrienio de Gustavo Petro. Amnistía Internacional hace un llamado para poner en práctica medidas de protección eficaces con un sentido de urgencia.