Las mujeres ya no lloran, ¡las mujeres denuncian!

El retiro de dos presentadores de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, por un acoso sexual a jóvenes periodistas del mismo medio, ha desatado una ola de denuncias e indignación que podría marcar un punto de quiebre en la cultura patriarcal colombiana. Se estaba demorando, digo yo. Colombia es uno de los países más machistas de este lado del mundo, a pesar de tener, paradójicamente, uno de los marcos constitucionales más garantistas de la región en materia de género.

Esa contradicción entre lo jurídico y la realidad no es accidental. Se inscribe en esa vieja fractura colombiana entre el país legal y el país real, que pocas veces coinciden. La Constitución de 1991 consagró la igualdad formal entre hombres y mujeres; abrió sin restricción legal las puertas del mercado laboral, la educación, la vida pública. La cuestión es que el patriarcado colombiano no opera por decreto, como en el pasado o en otros países; opera desde la dimensión cultural y la complicidad institucional. Sus mecanismos son silenciosos, difusos y, precisamente por eso, altamente eficaces. Se ha reproducido durante años, no necesita de leyes para sobrevivir, le basta con la costumbre, el miedo y la impunidad. Ahora las cosas están cambiando, aunque con mayor lentitud de la que deberían. Ojalá este episodio acelere ese proceso y quiebre esa subcultura en la que el hombre es sujeto y la mujer es objeto.

Un problema cultural, el patriarcado

El acoso sexual en las salas de redacción no es la enfermedad: es apenas el síntoma de una arraigada patología social. Es la punta visible de un iceberg que se extiende por todos los ámbitos y sectores de la sociedad colombiana. Este caso llegó a la superficie porque las víctimas pertenecen a los medios de comunicación, y eso les da una voz y visibilidad que no tienen las miles de mujeres que sufren en silencio —con resignación aprendida— el asedio machista de baja, media o alta intensidad. No es, pues, un hecho aislado.

En los pasillos universitarios, por ejemplo, muchas estudiantes lidian a diario con profesores que aprovechan el poder de calificar para proponer el infame intercambio de sexo por notas. De esto se habla en voz baja y pocas estudiantes se atreven a denunciar, atrapadas entre el miedo a las represalias y la actitud cómplice de las directivas. En varias universidades prefieren el tapen, tapen, por temor al daño reputacional de la institución, sobre la dignidad de la víctima, en lugar de coger el toro por los cachos y sentar precedentes, como lo acaba de hacer Noticias Caracol. Me sorprende que no exista todavía una ola de estudiantes —hombres y mujeres— acorralando a quienes así proceden. Incluyo a los hombres deliberadamente. Esta causa no puede ser solo de mujeres. Como principales responsables del problema, los hombres tenemos la obligación de ser parte activa de la solución.

En mis tiempos de ejerciente del Derecho, se hablaba de magistrados, jueces y fiscales que abusaban de su investidura para darle rienda suelta a sus impulsos de macho alfa. No hay parcela de la vida social que se salve de este patrón conductual. En el sector rural, la mujer vive formas de opresión aún más brutales, reforzadas a veces por la propia familia y entornos altamente vulnerables sin protección institucional. Hubo un tiempo en que el asedio de los señores a las empleadas domésticas era considerado algo ‘normal’, casi parte del paisaje. La precariedad de las normas laborales de entonces no solo permitía esa patología: la estimulaba y normalizaba. Y seamos honestos: no eran la excepción. Eran casi la regla. Entre las parejas se naturaliza el acoso y el abuso, como si la relación concediese al macho el poder de disponer del cuerpo femenino a cualquier hora y según los caprichos del momento. Todo esto hace parte de nuestras realidades culturales.

Poner fin al patriarcado

Para combatir el acoso sexual, la discriminación y la violencia de género de manera sostenida, el campo principal no son el Congreso ni los juzgados: es la cultura. Los cambios que perduran son los que ocurren en el ámbito del comportamiento colectivo, en los imaginarios que una sociedad tiene sobre el poder, el cuerpo y el género. El endurecimiento de las penas puede contribuir, pero su efecto es limitado cuando la norma social sigue siendo la impunidad. Mientras el patriarcado no sea desmantelado desde sus cimientos culturales, seguiremos viendo acoso, violencia de género y violencia intrafamiliar con la misma regularidad escandalosa de siempre. La semana pasada, según datos de la Policía, en Bogotá se registraron 8.999 casos de violencia intrafamiliar entre enero y febrero, el 70% con mujeres como víctimas. Ciento cincuenta y dos casos al día. Más de seis cada hora. Cifras que no deberían poder leerse sin que alguien responda por ellas. Esto no puede quedarse en un informe frío y en una nota de prensa. Haría bien el Sr. Alcalde en abrir y liderar el debate.

El patriarcado es un sistema de organización social, política y cultural —no una actitud, ni un mal hábito— en el que los hombres detentan el poder de manera estructural y las mujeres quedan sistemáticamente subordinadas. Atraviesa las instituciones, las normas jurídicas, las prácticas económicas y los imaginarios simbólicos. Se expresa en la cultura machista cotidiana, en el control territorial de los cuerpos femeninos y en la carga desproporcionada del trabajo doméstico y del cuidado que recae sobre las mujeres como si fuera su destino natural. Hace que las mujeres vivan formas de subordinación que el derecho formal, con toda su buena voluntad igualitaria, no alcanza a corregir.

Cambiar la ortodoxia judicial

Existe, además, un obstáculo dentro del propio sistema de justicia. La visión ortodoxa del derecho penal —garantista con el victimario en un grado mayor que con la víctima— contribuye a silenciar las denuncias. No son pocos los casos en que quienes denuncian terminan denunciadas, atrapadas en la imposibilidad de probar más allá de toda duda razonable que sí hubo acoso o vejamen. La mayoría de esas conductas ocurren en espacios privados, donde la intimidad garantiza la impunidad: es la palabra de la víctima contra la del victimario, sin testigos, sin rastros documentales. El estándar de la plena prueba —diseñado para delitos con evidencia material— resulta inadecuado para estas situaciones. No se trata de invertir la carga de la prueba de manera irreflexiva; se busca reconocer que cuando estas conductas se dan en espacios privados, el proceso penal convencional puede producir impunidad, y es otra forma de revictimización que induce al silencio.

El actual episodio podría abrir una grieta en el casco de la sociedad patriarcal por donde drene, por fin, ese acumulado histórico de silencios y permisividad. No es una tarea de meses: se requieren años, quizás décadas, para que el cambio sea irreversible. Lo importante es que ya empezó. Gracias a que las mujeres ya no lloran en silencio y en soledad. Ahora denuncian. Y eso lo cambia todo.