La nueva tarifa del agua en Colombia: más exigencias para las empresas y facturas menos predecibles

Cambia la tarifa que los colombianos pagarán por el agua. El Gobierno nacional anunció esta semana un nuevo esquema para definir los cobros por los servicios de acueducto y alcantarillado. Afecta a los 188 prestadores que tienen más de 5.000 suscriptores, con lo que impacta a alrededor de 30 millones de usuarios. La reforma no fija un precio único, ni implica, en principio, un aumento o reducción inmediata o generalizada, sino que modifica la metodología con la que se determina el valor. El Ejecutivo de izquierdas lo ha presentado como un marco regulatorio enfocado en la protección del “derecho humano al agua y al saneamiento básico” que “busca que los hogares paguen lo justo”.

El nuevo esquema, creado por la Comisión de Regulación de Agua Potable o CRA, condiciona los cobros a los indicadores de eficiencia de cada empresa, da mayor peso a las inversiones futuras y hace más visibles los costos ambientales en la tarifa. El modelo anterior, vigente desde 2014, incluía esos criterios de eficiencia de manera menos profunda y, a la vez, menos notoria en el valor final de la factura. En resumen, con el ajustes se refuerza un modelo que no solo se basa en cuánto cuesta operar, sino también en qué tan bien se presta el servicio.

“Se quiere premiar la buena gestión de la empresa”, explica la experta en gestión ambiental Clara Inés Pardo, pues “el usuario no tiene que pagar la ineficiencia, sino la empresa”. En el modelo saliente, señala, el precio giraba alrededor de los costos reportados por las empresas. Así, si una de ellas tenía sobrecostos, los podía trasladar al usuario. Por eso, el nuevo modelo introduce mayores umbrales de eficiencia que deben reflejarse en la tarifa.

Un elemento clave es el endurecimiento de las reglas sobre las pérdidas de agua debidas a fugas, errores de medición o conexiones ilegales, que mide el Índice de Agua No Contabilizada. En esencia, este calcula la diferencia entre el agua que entra al sistema y la que se factura. En el modelo anterior, hasta el 30% de esas pérdidas se entendía como normal, por lo que hasta ese techo las empresas podían cobrar a sus usuarios como si fueran totalmente eficientes. En la práctica, eso significa que los usuarios han asumido por años el costo de esas pérdidas. El nuevo esquema exige a las empresas crear unas metas de reducción de pérdidas, que deben aprobar y revisar las autoridades, para poder incluir esos costos en la tarifa. La definición de esos valores y su supervisión abren un nuevo espacio para disputas entre las empresas de acueducto, usualmente públicas, y entidades como la CRA o la Superintendencia de Servicios Públicos.

El modelo también modifica cómo se incorporan las inversiones en el cobro. Hasta ahora, las empresas podían incluir principalmente las obras ya realizadas o los costos justificados; ahora se da más importancia a los planes de inversión y las obras sólo se cobran cuando empiezan a funcionar. Esto implica que el usuario asuma parte del costo de mejorar el sistema, pero solo cuando el avance tiene un impacto real. Pardo explica que el usuario ya paga por parte de la infraestructura, pero ahora se refuerzan los incentivos para que las empresas inviertan de forma adecuada y planificada.

A eso se suma un mayor peso en la fórmula de los costos ambientales del servicio de acueducto, como el tratamiento de aguas residuales o la protección de fuentes hídricas. Ahora se incluyen de tal forma que una mayor parte de lo que pagan las familias y las empresas debe ir a financiar la sostenibilidad. Además, el modelo incorpora incentivos a la economía circular, como el reúso del agua, y busca mejorar la transparencia de la factura mediante una mayor desagregación de los costos.

Los cambios han sido recibidos con críticas por el gremio que incluye a las empresas de acueducto y alcantarillado, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco). La agremiación advierte que las nuevas obligaciones podrían traducirse en mayores costos y presionar el alza de las facturas, con los problemas económicos y sociales que eso trae. Además, cuestiona la viabilidad de aplicar estos estándares de manera uniforme en todo el país.

En la práctica, el cambio no producirá un aumento o reducción uniforme del costo del agua: las tarifas pueden subir cuando las empresas requieran inversiones para ampliar el servicio, corregir fallas o reducir pérdidas, o por mayores costos ambientales, pero también bajar cuando las empresas mejoren su desempeño. El resultado es un sistema más variable, en el que el valor de la factura dependerá en mayor medida de cada operador.

La entrada en vigencia está prevista para el 1 de julio, con una implementación gradual en la que las empresas prestadoras deben definir sus metas de eficiencia en 2027 y la CRA evaluará su cumplimiento desde 2028. Andesco advierte que ese cambio requiere estudios tarifarios, planes de inversión, ajustes técnicos y coordinación institucional, y que la falta de tiempo podría generar condiciones inviables para los prestadores. “Nos están diciendo el qué y falta el cómo”, dice Pardo. Según explica, el reto será lograr una implementación gradual que evite choques bruscos en las tarifas y defina con claridad cómo se medirá la eficiencia.