Más allá de Coca-Cola: el Gobierno de Colombia no sabe cuánto pagan las industrias por usar el agua

Una factura detonó una discusión que aún no para sobre el precio del agua en Colombia. La publicó hace un año el portal Vorágine y decía que en 2016 Coca-Cola había pagado 607.501 pesos (unos 217 dólares de la época) por haber captado 56 millones de litros de agua de las montañas del pueblo de La Calera, a las afueras de Bogotá, para venderla en botella. Autoridades nacionales y locales coinciden en que es un precio ínfimo, aunque sea lo que exige la ley. El Ministerio de Ambiente prometió revisar la norma, pero en el proceso se ha encontrado enormes vacíos e inconsistencias en la información sobre los cobros del agua en todo el país. Hay más dudas que certezas.

Eso se desprende del informe en el que el Minambiente evalúa cómo se ha implementado en los últimos 20 años el sistema de cobro a las empresas que tienen permisos (concesiones) para extraer agua de ríos, quebradas y nacimientos. Ahí caben desde embotelladoras, ingenios azucareros, arroceras, ganaderos y mineras hasta acueductos grandes y comunitarios.

EL PAÍS conoció el documento mediante un derecho de petición. El informe está fechado el 22 de noviembre de 2024, el año en el que la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhammad, dio a conocer, a raíz del caso Coca-Cola, que el ministerio pretendía actualizar la regulación de las tarifas de esas concesiones. “Estoy de acuerdo en que el cobro por el uso del agua hoy es, de verdad, ínfimo”, resaltó entonces.

Para definir el nuevo esquema requería de un insumo técnico sólido, así que el ministerio recopiló la información de las entidades locales que otorgan los permisos y hacen los cobros. Pero los funcionarios se toparon con un mar de inconsistencias que no dan mayor claridad.

Información poco confiable

El mecanismo para cobrarles a industrias y acueductos se llama Tasa de Uso de Agua (TUA), una especie de peaje por extraer el líquido. Las encargadas de cobrarlo son las poderosas corporaciones autónomas regionales (CAR), autoridades ambientales que deben invertir la plata que recaudan en el cuidado del agua. También deben reportarle al ministerio cuánto cobran y por cuánta agua. Por eso, el inédito ejercicio del Minambiente fue recopilar los reportes de 2004 a 2023. Fue ahí donde encontró los problemas.

El primer vacío de información con el que se topó fue que, según el informe, “resulta imposible” hacer un análisis sobre el cobro a cada empresa o acueducto. Es decir, no logró hacerle un seguimiento año a año a los datos ni de Coca-Cola ni de ninguna otra industria.

Decidió, entonces, evaluar el papel de las CAR, que establecen la tarifa final para cada empresa de un marco que define el ministerio. Las entidades locales deben incorporar en la fórmula el uso que se le dará al agua —no es lo mismo un acueducto que una industria— y el contexto local —es diferente si una quebrada tiene mucha o poca disponibilidad de agua—. El ministerio encontró que, de 41 corporaciones, en los últimos años apenas la mitad le ha enviado los reportes. Así que el informe usó los reportes que tenía a la mano, a manera de una muestra representativa: fue el 41% de la información que debió haber tenido.

Pero además de esa falta de datos, los que hay generan poca confiabilidad. Al analizar solo lo que reportaron las CAR en los últimos dos años (2022 y 2023), el ministerio encontró una caída de los indicadores de coherencia, calidad estadística y credibilidad. Para 2023, de hecho, calificó esta última en 0%.

Para María Cecilia Roa, profesora de la Universidad de los Andes que ha investigado la asignación de concesiones de agua en Colombia, todo esto muestra que “las CAR, en términos de capacidad técnica, son cada vez más débiles, pues han sido capturadas por muchos intereses”.

Cálculos mal hechos

Esa falta de capacidad se nota también, según el informe del ministerio, en la manera en la que las CAR han cobrado la TUA: entre el 69% y el 99% de los reportes, dependiendo del año, presentan “problemas de cálculo”. Es decir, casi siempre incurren en errores al hacer las facturas. Eso incide directamente en lo que pagan industrias y acueductos.

Para entender la magnitud de las inconsistencias, el ministerio hizo sus propios cálculos para 2023. Aparecen en un documento posterior, fechado el 31 de diciembre de 2024, que señala que 19 de las 21 CAR de las que tenía información habrían cobrado tarifas más altas de las permitidas. Por ejemplo, Corpoguajira, autoridad ambiental del departamento de La Guajira, reportó una facturación por 46.500 millones de pesos, pero el ministerio calcula que debía ser por 10.900 millones. Al sumar los cobros de más que habrían hecho esas 19 CAR, la cifra total es de 75.600 millones de pesos (unos 18,3 millones de dólares).

“Genera bastante preocupación que las estimaciones que hace el ministerio sean tan bajas”, dice Felipe Ojeda, investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional. Es una consideración en disputa porque hay industrias poderosas que piensan distinto, como la del arroz. Los representantes de ese gremio lograron, en nueve días de paro a comienzos de este año, comprometer al Gobierno a que les dé un trato diferencial en la revisión de las tarifas, para que paguen menos por el agua. Consideran que los cobros son muy altos y que en algunos casos rayan con la ilegalidad. Así lo dijo en ese momento Juan Guillermo Bahamón, gerente de Asoprado, un distrito de riego del Tolima, que paga el agua a Cortolima. El informe del ministerio, de hecho, calcula que esa CAR ha facturado 20.200 millones de pesos por el agua (unos 4,9 millones de dólares), pero que ha debido hacerlo solo por 6.000 millones (cerca de 1,4 millones de dólares).

Esos cálculos, sin embargo, son hechos con base en los reportes de las cantidades de agua extraída, que también quedan en duda en el informe. Cada concesionario debe hacer su propia medición del agua que capta, e informarla a la CAR para que esta le facture. Pero en una encuesta que hizo el Minambiente a las propias corporaciones, estas admitieron “la ausencia de sistemas de medición que permitan la existencia de reporte de volumen captado, por lo que el cobro se termina haciendo sobreestimaciones y no sobre el valor real”. De acuerdo con los datos que obtuvo el ministerio de 21 CAR, en 2023 el 24% de las concesiones no tenía sistemas de medición y el 53% ni siquiera reportó información sobre el volumen de agua que había captado.

La intención de revisar la tarifa se mantiene

Con todas esas inconsistencias, el informe cierra con dudas sobre la decisión política que lo produjo: “con base en la información presentada, no existe evidencia concluyente que sugiera que es necesario modificar la TUA”. Sin embargo, el ministerio mantiene su interés por cambiar el esquema de tarifas, sin que eso necesariamente implique aumentarlas para todas las industrias. En respuesta a un derecho de petición, Alejandro Bañol, jefe encargado de la Oficina de Negocios Verdes del ministerio, dijo a EL PAÍS que este año la entidad “está adelantando una revisión” de la tasa, “especialmente dadas las presiones del sector arrocero” para su reducción.

Para los investigadores Roa y Ojeda es positivo que el Gobierno se meta, después de tanto tiempo, a revisar la TUA. “Que hayan hecho este documento muestra voluntad de querer tomar una decisión”, dice Ojeda, de la Nacional. “Falta ver cómo se desarrollará el proceso con el cambio de ministra”.

La nueva jefa de la cartera, Lena Estrada, llegó al cargo en febrero. Este diario buscó desde hace dos semanas respuestas del ministerio sobre el informe y sobre los pasos que piensa seguir, pero al cierre de este artículo no había respondido. Tampoco contestó la exministra Susana Muhamad.