Violencia vicaria: una agresión machista desatendida en Colombia

“Mataré al niño para hacerte sufrir”, dice la amenaza de Adrián Pinzón a la madre de su hijo. No fue un exabrupto de rabia, fue una sentencia. Cuatro días después de su desaparición, el pasado 21 de enero el pequeño de 9 años apareció muerto junto al cadáver de su padre. Este no es un caso aislado de filicidio: es el rostro más extremo de una violencia calculada que usa a los hijos u otros seres queridos como armas contra las mujeres. Psicólogos y juristas lo han llamado violencia vicaria, pero en los juzgados de Colombia el término es un fantasma sin nombre ni ley ni cifras. Pero sí numerosas víctimas: de acuerdo con organizaciones sociales, como la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria, sumaron más de 3.000 casos sólo en 2024.

Ese tipo de agresiones, que se dirigen a los hijos u otras personas del entorno afectivo de una mujer con el fin de hacerle daño a ella, enfrentan un vacío legal que sostiene la impunidad y dificulta la prevención. Mientras en Costa Rica, Argentina y México se han hecho reformas para penalizarla, en Colombia la discusión avanza a un ritmo que se parece a la inacción. El mayor impulso ha sido promover una ley que crea un delito específico para ella. Desde 2024 cursa en el Congreso de la República el proyecto bautizado Ley Gabriel Esteban, en honor a un niño asesinado por su padre en 2022, de autoría de la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador. En él, se propone crear los delitos de homicidio vicario y violencia vicaria, entre otras disposiciones, con el fin de levantar estadísticas que permitan abordar de manera estructural la problemática. En este se contempla que la violencia se puede ejercer contra el padre.

En paralelo, en 2024 la Representante a la Cámara, Alexandra Vasquez de la coalición Pacto Histórico, radicó otro enfocado en modificar la la Ley 1257 de 2008 – contra la violencia hacia la mujer – para incluir en ella la violencia vicaria. A diferencia de la de Blel, en esta se priorizaba el enfoque de género en todas las disposiciones, desde la prevención hasta la sanción, bajo el entendido que la mayoría de agresiones se dan contra mujeres. Como esta iniciativa terminó archivada por demoras en el trámite, varias juristas feministas temen ahora que el proyecto de la senadora Blel tenga el mismo destino. A cuatro meses del fin de este Congreso, necesitaría superar dos debates restantes para salvarse y convertirse en ley. El tiempo juega en contra en un semestre de elecciones legislativas y luego presidenciales, en los que en general pocos proyectos salen aprobados en cualquier congreso.

Yamile Roncancio es abogada especializada en Derechos Humanos de las mujeres y las niñas y lleva varios procesos con estas características. En conversación con EL PAÍS, subraya que para dimensionar la gravedad y la urgencia de abordarlo debe entenderse que la violencia vicaria es también violencia contra la niñez, pues son los hijos e hijas las principales víctimas, aunque en ocasiones son las mascotas u otros seres queridos quienes se convierten en objetivo de los victimarios.

Esa violencia no aparece de repente ni en el vacío, explicaba la psicóloga argentina Sonia Vaccaro, la primera en acuñar el término, en un encuentro sobre el tema organizó el año pasado ONU Mujeres en alianza con la Embajada de Suecia en Colombia. “En la violencia vicaria existe una historia previa de maltrato y surge, de forma particularmente cruel, tras una separación o divorcio”, sostuvo la experta en Bogotá. Esos otros rostros de la violencia los refleja la historia de la colombiana Laura Posada, quien se hizo viral hace un par de semanas por sus denuncias en redes sociales y en el periódico El Espectador: la lucha que sostiene por recuperar a su hijo de tres años que salió del país con su padre, de vacaciones, y jamás regresó por decisión unilateral del hombre.

Posada lleva alrededor de diez meses sin poder ver al niño, quien sigue en Francia con su progenitor pese a que revocó el permiso inicial que era por cuatro meses de viaje. La mujer, detalla, inició un litigio internacional para que el menor regrese al país, mientras que, dice, su hijo sigue preguntándose cuándo volverá a verla. Y ella se pregunta a diario qué más tendrá que hacer para volver a estar con su hijo. Las autoridades en Colombia no le han dado respuestas satisfactorias, reclama.

Para Roncancio, existen barreras estructurales que dificultan atacar la violencia vicaria. “Tiene un refugio, una cobija que facilita que exista, y es la violencia institucional”, reclama. La abogada se refiere al andamiaje de obstáculos que enfrentan las mujeres que van desde la revictimización al instaurar las denuncias, hasta las situaciones en las que ellas terminan siendo víctimas de acoso judicial, pasando por el desconocimiento de las rutas para atender la violencia machista. “Cuando hay violencia institucional, entendida como una acción absolutamente omisiva, que ignora los marcos legales para proteger a las mujeres y niños, o cuando no se aplican unos estándares internacionales de investigación, no hay cómo proceder”, insiste Roncancio.

En España, donde la discusión está algunos pasos más adelante, hay un hondo debate sobre cómo debe ser una ley de violencia vicaria machista. La discusión gira alrededor de asuntos que buscan enfrentar ese contexto de violencia previa o de violencias estructurales, como la necesidad que reclaman algunas expertas de regular las visitas de hijos a los padres que tienen antecedentes por violencia de género. Otro arista que pone sobre la mesa el parangón del país ibérico es que la protección a las niñas y los niños debe ser una columna vertebral de cualquier legislación. De hecho, una agrupación de más de 20 organizaciones de víctimas y expertos violencia machista han criticado ese punto en la actual ley que se adelanta en España. En particular en lo que refiere a las medidas puntuales de protección de los menores.

Con todo ello, el panorama sobre la violencia vicaria parece similar al de otros tipos de violencia machista. Solo hace unos meses, y después de varios años, los huérfanos por feminicidio lograron una ley que los proteja; las víctimas de intento de feminicidio han alertado que la violencia institucional las revictimiza y empeora su riesgo; y pese al nutrido marco jurídico para sancionar la violencia de género, en Colombia no existe un registro oficial de feminicidios. Quienes se han echado esa tarea al hombro son organizaciones de la sociedad civil, algo que seguirá ocurriendo con las víctimas de violencia vicaria a menos de que algo cambie.