Colombia retrocede por segundo año consecutivo en el Índice de Percepción de Corrupción

Colombia es percibido como un país cada vez más corrupto. Así lo indican los resultados del Índice de Percepción de Corrupción (IPC), que elabora anualmente la ONG Transparencia Internacional para 182 países. Este año, Colombia ocupó el puesto 99, con un puntaje de 37 sobre 100, en una escala donde cero representa máximos niveles de corrupción y 100 los más bajos. Es el segundo año consecutivo de retroceso. En 2023 Colombia alcanzó su máximo histórico positivo, con 40 puntos y el puesto 87. Pero en 2024 cayó a 39 puntos, ocupando el puesto 92.

Aunque la metodología del índice considera que solo variaciones de cinco puntos constituyen un cambio “estadísticamente significativo”, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, el capítulo colombiano de la organización, advierte que el descenso consecutivo sí rompe una tendencia de mejora que el país venía mostrando. Desde 2012, cuando inició la medición y Colombia obtuvo 36 puntos, el país había logrado un avance gradual hasta llegar a 40, un puntaje que mantuvo tres años (de 2020 a 2023). “Faltaba un puntico para consolidar un cambio significativo que indicara que se estaban haciendo cosas bien y que debían fortalecerse. Pero no ocurrió”, dice Hernández.

El analista atribuye el retroceso a la frustración de las altas expectativas generadas al inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, a los reiterados escándalos de corrupción que involucran a figuras del alto gobierno y a la falta de medidas concretas para fortalecer la lucha anticorrupción y debilitar los incentivos de corrupción a nivel normativo e institucional. Durante la campaña y los primeros meses de gobierno, la promesa de enfrentar redes criminales y mafiosas, sumado al historial de Petro destapando escándalos desde el Congreso, generó confianza en la población. Ese contexto, explica, contribuyó al alza del índice hasta su punto más alto en 2023.

Sin embargo, los escándalos surgieron temprano. Casos como la violación de topes de la campaña presidencial de Petro, o el desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, entre otros, deterioraron la credibilidad institucional. A ello se suma “la continuidad”, dice Hernández, de prácticas nocivas y de obstáculos para investigar y sancionar conductas corruptas. El director de Transparencia por Colombia habla de “autopistas” normativas e institucionales por donde circula y se nutre la corrupción: debilidades en los controles del Congreso y la Justicia, falta de independencia entre poderes, opacidad en la contratación pública y amplios presupuestos con mecanismos insuficientes de vigilancia. “Mientras todo eso subsista, la corrupción continuará”, vaticina.

Aunque este índice mide la percepción, esta no surge en el vacío. El índice se construye a partir de evaluaciones de expertos, analistas y académicos que examinan factores como sobornos, abusos de funcionarios, irregularidades en licencias y contratos, y la capacidad real de los sistemas de control y sanción. “Hay un empate entre la lectura metodológica de la percepción y lo que ocurre en el país”.

El panorama latinoamericano muestra que Colombia permanece en una zona intermedia, o “mediocre”, como dice Hernández. No se acerca al grupo de países con mejores resultados, siempre por encima del promedio continental, como Uruguay, Chile, Costa Rica. Esos países cuentan con instituciones más efectivas y políticas sostenidas de transparencia. Pero Colombia tampoco cae al nivel de naciones con los puntajes más bajos, donde el fracaso de las políticas anticorrupción o el deterioro democrático han debilitado la separación de poderes y las libertades civiles, como Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela. “Colombia no cae hacia esos países con sistemas más deteriorados, pero tampoco logra dar el salto para acercarse al primer grupo”, explica.

Una oportunidad en las elecciones presidenciales de mitad de año

En todo caso, para Transparencia por Colombia, el ciclo electoral que inicia en Colombia desde el mes entrante abre una ventana de oportunidad. “Cada vez que hay un cambio de gobierno, nos tomamos la tarea para presentar el indicador, cómo funciona, el camino recorrido, y hacemos recomendaciones”. Más allá de eso Hernández insiste en la necesidad de que el nuevo gobierno establezca, idealmente en sus primeros cien días, una agenda clara: protección de recursos públicos, máxima transparencia y la visibilidad de la información pública, relacionamiento transparente con el Congreso y respeto pleno hacia organismos de control.

El llamado es también para la ciudadanía. El retroceso consecutivo debe ser “un campanazo” que lleve a ejercer un voto no sólo informado, sino crítico. “Es un llamado a la ciudadanía a participar, vencer el abstencionismo, porque estamos ante una oportunidad, como en todos los ciclos electorales, de impulsar alguna diferencia que nos saque del estancamiento de los malos puntajes, que se traducen en afectaciones al país”.

Las reformas, en todo caso, deben ser también estructurales y por ello requieren amplios consensos políticos. Hernández dice que hay que romper con las prácticas que siguen generando dinámicas corruptas entre el legislativo y el ejecutivo, como los cupos indicativos (cuando congresistas señalan hacia qué proyectos de su región se deben destinar partidas del presupuesto, y quién debe ejecutarlos); debe haber transparencia plena sobre la manera en cómo se asignan recursos públicos y se debe revisar el estatuto de contratación, que contiene elementos que permiten e incentivan la corrupción como los regímenes especiales, los convenios interadministrativos y los fondos extrapresupuestales. Asimismo, remarca la necesidad de trabajar en el fortalecimiento de la protección para quien denuncia, la efectividad de ese proceso, la fortaleza de la sanción y la reparación de los daños.

Hernández subraya que este tipo de transformaciones suele ser más viable al inicio de los ciclos políticos, cuando el capital político es mayor y existen condiciones para construir acuerdos. “Si no aprovechamos esa ventana de seis a doce meses, habrá que esperar otro ciclo, con todo lo que eso implica en desvío de recursos y afectación de derechos”, concluye.