Colombia pasa a la ofensiva en la guerra comercial lanzada por Ecuador
Gustavo Petro suspende la exportación de electricidad al país andino y ordena aranceles recíprocos, mientras que Daniel Noboa retalia con restricciones a la industria petrolera colombiana


De socios a enemigos. La relación comercial entre Colombia y Ecuador, dos países vecinos con una larga historia de fraternidad, ha dado un giro en las últimas horas, tras el anuncio de Daniel Noboa de imponer un arancel del 30% a las importaciones colombianas. El presidente ecuatoriano acusa a su homólogo Gustavo Petro de no ayudar a su país en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, dos problemas que, pese a la política de mano dura que implementó tras su llegada al poder en noviembre de 2023, se mantienen con fuerza en un país sumido en una inédita crisis de seguridad.
Petro, usualmente presto para un debate a través de redes sociales (como antecedente está la pelea con Donald Trump el pasado enero), ha optado por la mesura y los canales diplomáticos. Pero no se ha quedado de brazos cruzados. La Cancillería colombiana envió una nota de protesta rechazando los motivos que alegó Noboa —la “falta de acciones firmes” contra los criminales— y Petro ordenó a sus ministros tomar medidas urgentes.
El primero en responder fue el encargado de Minas y Energía, Edwin Palma, al suspender desde este jueves el suministro de electricidad a Ecuador. Se trata de una medida especialmente dura para un país que atraviesa una profunda crisis energética, escenificada por los apagones de finales de 2024. Su vecino del norte suministró el 8% de la electricidad que consumió durante 2025, por lo que la situación actual lo deja más propenso a nuevos cortes.
Petro lamentó la decisión, que defendió como protección de la soberanía energética en un país que también enfrenta dificultades por su creciente demanda de electricidad. “No lo queremos por el pueblo ecuatoriano, pueblo hermano; apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente, en el mediano plazo se restituirá nuestro servicio”, dijo. El Gobierno ecuatoriano pidió calma y aseguró que su sistema cuenta con capacidad “suficiente” para cubrir la demanda.

Por su parte, el Ministerio de Comercio colombiano anunció que retaliará con una medida espejo e impondrá el mismo gravamen del 30% en una veintena de productos importados, aunque no detalló cuáles. “Estas medidas son instrumentos legítimos para corregir desequilibrios y preservar condiciones justas”, explicó la ministra Diana Morales.
La escalada de decisiones continúa en ambos lados de la frontera. Inés Manzano, ministra de Energía, anunció que Ecuador cobrará una tarifa adicional al transporte del crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados, que permite a Colombia sacar de forma eficaz su petróleo —un producto fundamental para su comercio exterior— desde la Amazonía hasta el Pacífico.
Mientras la guerra comercial crece, los gremios empresariales coinciden en hacer un llamado “a la cordura” y a pedir que se instale una mesa de concertación. Los más afectados, recalcan, serán los consumidores. Ecuador es el sexto comprador de todas las exportaciones colombianas; Colombia es el segundo proveedor del país andino. Las ciudades fronterizas ya alertan de un aumento del coste de vida y temen que se fomente el contrabando para evadir las tarifas adicionales.
En la esfera política hay menos consenso. La oposición colombiana culpa a Petro de la decisión que tomó Noboa. La candidata del uribismo, Paloma Valencia, aseguró que Ecuador responde a una fallida política del Gobierno colombiano de negociar la paz con todos los grupos armados, por la que “ha entregado el país a los ilegales”. Por su parte, el ultraderechista Abelardo de la Espriella pidió a Noboa que “no castigue” a los empresarios por “culpas de Petro”. La oposición ecuatoriana tampoco cerró filas alrededor de Noboa. El expresidente Rafael Correa, cercano a Petro, tildó al mandatario ecuatoriano de “payaso” y de creerse “una miniatura cómica y mal hecha de Trump”.
Una pregunta reiterada es la motivación de Noboa para lanzar una guerra comercial, que justifica en la necesidad de buscar más recursos para combatir la inseguridad. Las cifras presentadas por Colombia muestran esfuerzos en aspectos que Noboa echa de menos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, cifró las incautaciones de cocaína en operaciones conjuntas en 195 toneladas durante 2025, un 43% más que el año anterior, con un gran énfasis en los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo. Sánchez también destacó las capturas estratégicas de criminales ecuatorianos: en octubre del año pasado cayó en Medellín alias Fede, líder de la banda Los Choneros y fugitivo desde junio, tras huir de la cárcel más vigilada de Ecuador. John Reimberg, ministro ecuatoriano del Interior, agradeció entonces el apoyo de la Policía y la Armada de Colombia para una “operación impecable”.

Laura Bonilla, subdirectora de la fundación Paz y Reconciliación (Pares), sugiere en un análisis hecho por la organización que Noboa tomó la decisión contra Colombia “porque no ha logrado posicionarse como una persona capaz de crear soluciones” en materia de seguridad. “Hubo cambios en el mercado de las drogas desde la pandemia y Ecuador está creando grupos propios. Es mentira que sea una infiltración de grupos armados colombianos. Está claro que esta medida suena a intentar justificar su política de seguridad”, añadió la experta.
Los datos en Ecuador dan peso para creer que Noboa quiere externalizar la responsabilidad de la crisis de violencia. El Ministerio del Interior informó el martes que 2025 cerró con 9.216 homicidios, la cifra más alta desde que hay registros y un 30,4% mayor que la del año anterior. Un informe recién publicado del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado muestra que el año pasado se consolidaron el narco y la minería ilegal como los mercados ilícitos más importantes. No importó que Noboa declarase un “conflicto armado interno” ni que mantuviera el estado de excepción en gran parte del país. Grupos como Los Lobos y Los Choneros mantienen sus tentáculos criminales y su fuerza en el ecosistema ilícito ecuatoriano.
Pese a la escalada de sanciones económicas entre ambos países, aún está viva la posibilidad de diálogo. La Cancillería colombiana se ha mostrado dispuesta a lograr una “resolución amistosa” para “prevenir los impactos nocivos sobre los pueblos”. Aun así, reconoce que en esta ocasión no está en entera desventaja, como ocurría con Estados Unidos. Colombia tiene un superávit comercial y baja dependencia frente a Ecuador. La Comunidad Andina (CAN), el organismo multilateral de carácter económico del que ambos países forman parte, exhortó a mitigar las tensiones postergando las medidas. A poco más de una semana de la entrada en vigor de los aranceles, resta por ver si alguno dará el primer paso.
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