“Un mural” para Carlos Jiménez Gómez

El pasado 16 de enero se cumplió el primer lustro del fallecimiento del doctor Carlos Jiménez Gómez, quien fuera procurador general de la Nación entre 1982 y 1986. Entre sus actuaciones y decisiones más trascendentales, que fueron muchas, figura la denuncia que presentó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el entonces presidente Belisario Betancur Cuartas y su ministro de Defensa, el general Miguel Vega Uribe, como máximos responsables por el letal desenlace del asalto terrorista del M-19 al Palacio de Justicia. Lo hizo, al optar el presidente Betancur por una acción militar de tierra arrasada y carecer de una clara estrategia para el rescate de los rehenes.

Así lo planteó en su denuncia, formulando dos preguntas vitales: “¿Puede el Estado envolver en una misma acción represiva a unos ciudadanos fuera de la Ley y a otros ciudadanos inocentes, antes de haber agotado todos los medios a su alcance para tratar de rescatarlos a estos sanos y salvos?”. ¿Es esa decisión de aplicarles de inmediato, por cualquier razón, un mismo tratamiento, legítima? Y respondió a ese par de interrogantes en forma contundente: “La Procuraduría no puede responder a dichos interrogantes sino negativamente”.

Denuncia civilista rigurosa

Por lo cual, el 20 de junio de 1986, remitió la denuncia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sustentada en una rigurosa investigación, que ya desde entonces afirmó que: “Sobrevivieron al desastre y salieron de las ruinas del Palacio, sin que se tenga noticia alguna posterior acerca de su paradero o suerte final: Irma Franco Pineda, Clara Helena Enciso y un tercero no identificado, reconocido sobre su fotografía por un testigo”, además de señalar “que los magistrados Manuel Gaona y Horacio Montoya murieron en los momentos finales del operativo, ignorándose, sí, de qué lado llegaron los disparos que les dieron muerte”.

Hubo también una relación precisa de 54 civiles asesinados, entre los que figuran 32 funcionarios de la rama judicial, desde el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, magistrados y numerosos auxiliares judiciales, que relacionó con nombre y apellido y siempre deben ser recordados: Julio Cesar Andrade Andrade, María Teresa Barrios Rodríguez, Luz Estela Bernal Marín, Fabio Calderón Botero, Cecilia Concha Arboleda, Jaime Alberto Córdoba Ávila, Jorge Alberto Correa Echeverri, Hermógenes Cortes Nomelin, Manuel Gaona Cruz, Fanny González Franco, María Cristina Herrera Obando, Carlos José Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano, Isabel Méndez Herrera, Lida María Mondol de Palacios, Luis Horacio Montoya Gil, Ana Beatriz Moscos de Cediel, María Teresa Muñoz de Jiménez, Aura María Nieto Navarrete, Alfonso Patiño Roselli, Blanca Inés Ramírez de Ángulo, Lilia Rincón Mora, Lisandro Romero Barrios, Rosalba Romero de Díaz, Yaneth Rozo Rojas, Emiro Sandoval Huertas, Pedro Elías Serrano Abadía, Nury Soto de Piñeros, Carlos Horacio Uran, Miguel Darío Velásquez Gaviria, Ruth Mariela Zuluaga de Correa. Para entonces, un total de 95 víctimas mortales, incluyendo guerrilleros, miembros de la Fuerza Pública y 14 personas denunciadas como desaparecidas.

‘Mural’, de Ricardo Silva Romero

En su magnífica obra, Ricardo Silva Romero, recrea, entre la cruda realidad descrita en numerosos libros e investigaciones y su lúcida ficción reflexiva, lo acontecido esos fatídicos y reveladores 6 y 7 de noviembre de 1985, tanto al interior del Palacio, en la Casa de Nariño, como en la vida nacional, reseñando incluso pormenores del partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena, que pretendió ocultar la incineración y destrucción del Palacio de Justicia. En Mural aparece una breve y pertinente referencia a la investigación y el informe del procurador Jiménez Gómez, en la página 382. Mural proyecta en todas las dimensiones tan violento y execrable acontecimiento contra la civilidad y el derecho, sin los cuales no existe democracia, y desde entonces vivimos atrapados en esta tramoya política tanática, que alterna magnicidios y masacres con periódicas elecciones. Silva Romero lo hace con el rigor de un documentalista y recorre con la cámara de la memoria al hombro, en medio del fuego, los infernales laberintos del Palacio. Retoma así literariamente la senda de la escuela italiana del cine realista de Roberto Rossellini (“Roma, ciudad abierta”, 1945) y Vittorio De Sica (“Ladrón de bicicletas”, 1948), complementada con el vértigo violento de las películas de Tarantino, siendo todos estos directores superados por el horror dantesco del Palacio y la pluma de Silva Romero.

Un mural para Jiménez Gómez

Con el propósito de agregar una imprescindible escena a esa visión panorámica e integral que nos brinda Mural, es preciso contar con algunas claves imprescindibles que aportó el informe del procurador Jiménez Gómez. Especialmente para comprender la turbia y criminal relación entre el poder civil y el militar, develado brutalmente por el fatídico desenlace del asalto delirante y terrorista del M-19. Un asalto para presentar una irónica demanda armada titulada “Antonio Nariño, por la defensa de los derechos del Hombre” y enjuiciar al presidente Belisario por su incumplimiento del Acuerdo de Paz. Para ello, voy a permitirme citar apartes de dicho informe que tuvo y tiene el inmenso valor y coraje civil de haber sido la primera voz en condenar en forma rigurosa y valerosa la atroz vulneración de los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario y del artículo 121 de la Constitución política de 1886, que exigía al presidente Belisario y a la Fuerza Pública el respeto absoluto del Derecho de Gentes.

Así lo expresó Jiménez Gómez claramente: “En el Palacio de Justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Por eso, en el acápite referido a la “Tesis del acto de guerra” señaló: “Eso fue uno de los tantos combates que una de esas bandas terroristas que asuelan al país protagonizan aquí y allá, indistintamente. Los terroristas no son guerreros nobles; ellos actúan cayendo por sorpresa… y con llamar a sus asaltos acto bélico, aquí no se busca magnificarlos política o jurídicamente, o elevar su nivel de consideración ante la opinión nacional. No se trata de ellos, sino de los civiles que se ven implicados en sus pendencias”. Para concluir en el punto tercero: “Todos estos actos, que en muchas direcciones pueden seguramente originar buenos efectos, en este sentido han engendrado uno malo, pésimo, que el Procurador General no puede disimular: han disminuido el sentimiento de seguridad de los ciudadanos, que mientras no se censure esta demasía, saben que en el evento de verse fortuitamente envueltos dentro de un mismo espacio con una cuerda de forajidos, pueden ser exterminados por la Autoridad sin que su inocencia amerite el que se haga hasta el último esfuerzo por su rescate”.

Archivo funesto de la denuncia

Lamentablemente, estas democráticas y firmes consideraciones del Procurador no fueron atendidas y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, con fundamento en una ponencia presentada por los entonces representantes liberales Horacio Serpa, Carlos Mauro Hoyos y el conservador Darío Humberto Ordoñez, solicitó su archivo, con la peregrina tesis de tratarse de un “típico acto de gobierno”, que el Legislativo no tenía competencia para juzgar. Así las cosas, quedaba al desnudo la más grave y mortal verdad sobre la quintaesencia de la relación entre el poder civil y el militar en esta supuesta democracia, como es su relación simbiótica de impunidad, que luego se expresaría en la llamada política de “seguridad democrática” con un saldo de más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales, conocidas cínicamente como falsos positivos. Habría que concluir, entonces, que no cabe hablar de un supuesto “pacto de silencio gubernamental” para encubrir responsabilidades mutuas entre civiles y militares por lo sucedido ese 6 y 7 de noviembre de 1985, sino más bien de un pacto estratégico sustancial entre dichos poderes, que expresa bien una de las dimensiones históricas de un régimen político electofáctico como el nuestro, que oculta bien sus crímenes bajo la coartada de las elecciones. Un régimen cuyo origen actual se remonta, por lo menos, al Frente Nacional con su permanente estado de sitio como fórmula de gobernabilidad y que se prolonga hasta nuestros días con los bombardeos contra cambuches guerrilleros donde continúan muriendo menores de edad, reclutados por “esas bandas terroristas que asuelan al país aquí y allá”, como con exactitud las caracterizó hace más de 40 años el procurador Jiménez Gómez.