Selva tomada: la Amazonía que no se entiende en cifras

“Atención, habitantes del departamento del Guaviare. El Ejército Nacional informa que se ofrece una recompensa de 500 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a Jhon Wilmer Ulcue Trochez, alias Jimmy Parra, cabecilla principal del Frente 44”, dice una cuña de la emisora del Ejército que termina con el número del celular que recibe las denuncias. Le sigue una cumbia. Es el sonido de fondo en la mañana del 2 de diciembre en una finca muy cerca al casco urbano de San José del Guaviare. Aunque un combatiente llamó a la línea a dar datos del jefe que escapó del bombardeo militar en el que murieron siete menores de edad, no han dado con su cabeza. Mientras tanto, en esta finca se negocian otro tipo de cabezas.

Decenas de las más de 500.000 vacas que tiene Guaviare -departamento que, según datos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), lideró el incremento del censo ganadero en Colombia entre 2016 y 2023, con un crecimiento del 95%-, llegan hasta aquí de varias veredas para pesarlas. Son tantas que Diana Restrepo, profesional regional de desarrollo ganadero de Fedegán en Guaviare, dice que los 30 vacunadores que tiene para el departamento no dan abasto. Otras fincas con básculas cumplen la misma función: ser el epicentro de las ventas de ganado que se negocian, en medio de cuñas y cervezas, por peso. El kilo oscila entre 8.500 y 9.000 pesos y las vacas pesan unos 200 kilos, por lo que se venden a 1,7 millones de pesos en adelante.

Las vacas, que se han convertido en el principal renglón de la economía de Guaviare, llegan embutidas en camiones en los que pierden peso por el sudor y el excremento que sueltan en el camino. Buena noticia para el comprador y mala para el vendedor. Algunos de estos animales terminan sacrificados en la planta de San José -la única de todo el departamento con registro en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)-, que abastece de carne a los locales, y que, pese al aumento del hato, recibió más animales durante 2020, cuando los sacrificios ilegales y los robos de ganado bajaron por las restricciones sanitarias de la pandemia, que ahora. La mayoría de las vacas del Guaviare salen despachadas a abastecer grandes mercados, sobre todo en Bogotá, Meta y Cundinamarca.

El encargado de explicar parte de esta minucia es don Carlos, dueño de una finca con báscula que le costó 1.000 pesos a su mamá en los años sesenta, y por la que hoy, después de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi actualizara el catastro en San José, le están cobrando un impuesto predial de 15 millones de pesos. “Hasta los atendí y les di de comer aquí a esos señores y me salieron con eso”, dice parado mientras el sol de casi mediodía hace que se le escurran gotas de sudor de la cachucha.

Don Carlos no es el único que se queja por esta actualización del impuesto sobre la tierra. Varios pobladores -muchos acostumbrados a décadas de rezago en ese cobro por el Estado y, en cambio, habituados a pagar extorsiones sobre la tierra y el ganado a las extintas FARC y ahora a las disidencias- se quejaron este año. La discusión escaló a la Alcaldía, llevó a que la Defensoría del Pueblo mediara, y muestra cómo la tierra es el cimiento de todas las varias colonizaciones de la Amazonía: primero el caucho, después la coca, y ahora, casi anunciándose como algo irreversible, la ganadería.

En el mundo del ganado en Guaviare priman los acuerdos informales y el efectivo. Pequeños, medianos y grandes ganaderos, autoridades y políticos locales y nacionales, e inversionistas que no han puesto un pie, pero hace rato tienen sus ojos puestos aquí, o gente que sin ser dueña de una sola hectárea tiene cientos de vacas regadas en distintas fincas, se encuentran en un microcosmos en el que saben que tienen que lidiar con dos las disidencias de las antiguas FARC: el Estado Mayor Central o EMC, al mando de Iván Mordisco, y el Estado Mayor de Bloques y Frente, al mando de alias Calarcá. Ambas disidencias cobran un impuesto de 10.000 pesos al año por cabeza de ganado, otro cobro que varía sobre la tierra y “orientan” sobre cómo, cuándo y dónde talar o no.

Así, la ganadería extensiva se ha convertido en la punta de lanza de un modelo de desarrollo que avanza a expensas de la selva. Un modelo con el que las disidencias lavan plata, tienen ganado propio, invierten en proyectos agroindustriales, abren carreteras y cobran extorsiones en las que la moneda de cambio pueden ser las mismas vacas.

Todo eso es posible porque tienen mejores datos que el Estado, con catastros propios, información de los dueños de la tierra, o claridad sobre cuántas vacas tiene cada uno, información que obtienen a punta de presión armada a varios presidentes de las juntas de acción comunal. Tan seguros están de ese poder, que el EMBF propuso en agosto, en su negociación con el Gobierno, “contribuir” con “15.000 hectáreas” para que el estado formalice, como si fueran tierras propias. “Estas tierras se distribuirán en parcelas de 70 hectáreas por familia, con el propósito de reubicar a campesinos que lleven menos de tres años en áreas de Parques Nacionales Naturales”, dice el documento del grupo armado, redactado como si fuera una política pública.

En el Guaviare, la selva muere en medio de un sistema de gobernanza armada que ocurre ante los ojos de todos, y que no se entiende lo suficiente en una pantalla de celular, con imágenes satelitales ni con los datos de los informes anuales que señalan el número de hectáreas taladas. Se entiende, sobre todo, desde arriba. Volando la selva.

El sobrevuelo

Una avioneta, para unos diez pasajeros, se mete en la selva, a 1.500 pies de altura. Cada minuto que pasa, la ventana muestra retazos de la historia completa.

El sobrevuelo al que a FCDS invitó a EL PAÍS comienza en las Sabanas de la Fuga, una zona inundable que sirve de frontera entre la Orinoquia y la Amazonía: las tierras están mecanizadas, con maquinaria amarilla, y sobresalen cultivos de palma y eucalipto sobre zonas deforestadas.

Diez minutos después, la avioneta pasa por la antigua zona veredal de Charras, donde decenas de antiguos miembros de las FARC han recibido amenazas de las dos disidencias. Más adelante está el Resguardo Nukak, zona en la que manda la disidencia de Mordisco, donde se concentran las fincas más grandes del departamento, de hasta 4.000 hectáreas de un solo dueño, y que han comercializado 200.000 vacas durante los últimos cinco años, según datos de FCDS. Estos grandes ganaderos, que son los que más deforestan, representan el 72% de los ganaderos de la región. Otro 17% son mediados y apenas 11% pequeños.

Que un resguardo esté repleto de vacas es un reflejo de la mala trazabilidad del ganado y no pasa por generación espontánea: después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016, el mismo Estado incentivó la ganadería en Guaviare y las disidencias han sabido aprovechar ese auge. Por ejemplo, según datos de FCDS, los créditos del Fondo de Financiamiento para el Sector Agropecuario (Finagro) dirigidos a la ganadería en el departamento, pasaron de 7.000 millones de pesos en 2015 a 32.000 millones en 2022, y más del 30% de los 241 proyectos de inversión aprobados por el Departamento Nacional de Planeación en ese mismo periodo estaban orientados al mismo negocio. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que nació con el Acuerdo con el fin de erradicar la coca, tampoco ayudó. Como lo demuestra un estudio académico liderado por María Alejandra Vélez, el programa impulsó una bonanza cocalera que, entre 2014 y 2019, disparó la deforestación y llevó a que creciera en 302% la tierra que se deforestó para crear pastizales ganaderos en la región amazónica de Colombia.

La avioneta sobrevuela luego la Reserva Nukak, que abarca la cuenca media del río Inírida y el río Papunaua. Allí, en plena zona ambientalmente protegida, sobresalen grandes cultivos de hoja de coca, que también se ven cerca, en el sector de Salto Gloria, pegado al Inírida, en el límite con la reserva y con carreteras perfectamente trazadas. Aunque el Guaviare fue catalogado en 2023 por la Oficina de las Naciones Unidas como una zona de “desconcentración” de cultivos de hoja de coca, en los que los lotes son más dispersos y menos productivos, la realidad que se ve desde arriba es otra. Se trata de hectáreas pegadas una a otra repletas de la hoja, con carreteras, casetas y todo a su disposición listo para sacarla.

Esa zona se ha convertido en el corazón de la economía cocalera que va del Guaviare hacia el Vaupés y al Brasil, y es conocida porque en varias de sus cuevas naturales guardaba armas y explosivos el ya abatido jefe disidente Gentil Duarte. Fue aquí, en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, donde en abril de este año el Ejército dio de baja a alias Dumar, cabecilla de Mordisco, y en retaliación resultaron retenidos 34 militares.

El vuelo continúa hasta la vía entre los municipios de Calamar y Miraflores, una zona que muestra como pocas cómo las decisiones estatales mantienen la deforestación rampante. Allí hay una vía ilegal de aproximadamente 159 kilómetros de longitud, según un análisis de Mongabay Latam, sobre la que distintas organizaciones han prendido alertas, pero que sigue creciendo. En septiembre de 2019, una fiscal acusó a los entonces alcaldes de El Retorno y de Miraflores y a un funcionario de la Gobernación de varios delitos, porque habrían contratado obras para mejorar esa carretera ilegal y, según narra Mongabay, un juez de San José puso medidas cautelares para restringir el tránsito de vehículos pesados en ella, pero otro levantó esas restricciones. Desde entonces, la vía solo se ha ampliado, sin nadie que la frene.

La avioneta se aleja de la vía y avanza hacia el borde del Parque Nacional Natural Chiribiquete, acercándose al fortín estratégico de la otra disidencia, la de Calarcá. Aquí sobresale un modelo planificado, en el que sitios que antes eran campamentos de las antiguas FARC ahora son puntos de una colonización dirigida por la disidencia.

Más adelante está la mayor retaguardia de Calarcá, el eje entre la vereda Puerto Cachicamo - por décadas epicentro del Frente Séptimo de las FARC-EP- y las extensas Sabanas del Yarí. Aquí, esa disidencia ha montado proyectos agropecuarios como cultivos de panela o soya, enormes corrales de vacas y una trilladora de arroz que administra la organización llamada Asociación Revolucionaria de Campesinos Sin Tierra. Es también un núcleo de ampliación de vías clandestinas, con peajes que administran las juntas y de las que la disidencia cobra un porcentaje. Este es otro enclave de grandes ganaderos. Muchos de ellos no viven acá, pero ponen la plata y pagan cumplidamente las extorsiones para mantener su ganado.

El sobrevuelo termina en el Resguardo Yaguara, hasta donde llega una vía que se desprende de la Marginal de la Selva y atraviesa el Parque Chiribiquete, anunciándose como una enorme herida que rompe la selva.

Petro prometió proteger a la Amazonía y, con su paz total, busco llegar a acuerdos ambientales con las disidencias, pero no logró revertir la deforestación en la zona, donde aumentó un 74% entre 2023 y 2024, la más alta de todo su gobierno. A nueve meses de dejar el poder, y a seis de las elecciones presidenciales, los grupos siguen controlando la tala. “Cuando vengan los candidatos, verán cenizas”, dice Rodrigo Botero, director de FCDS, antes de bajarnos de la avioneta.