Amenazas de visado y presiones diplomáticas: así cerró Europa el asilo a los colombianos

La Unión Europea le ha dado un portazo a los colombianos. Llevaba meses enviando señales, pero el golpe final ha llegado esta semana. Tras un goteo de trabas silenciosas, presiones directas a la Cancillería y la amenaza explícita de imponer un visado de viaje, la Comisión Europea ha decidido restringir de facto el acceso al asilo para ellos. Es una vía que ha permitido a más de 200.000 personas instalarse en Europa —sobre todo en España— en los últimos cinco años.

Colombia es ahora el único país latinoamericano incluido en la lista europea de países considerados “seguros”, una herramienta que permite a los Estados miembros desestimar con mayor rapidez las solicitudes de protección internacional. Pasa a compartir categoría con Marruecos, Bangladés, Egipto o Túnez, grandes emisores de migración irregular hacia Europa. Detrás de esta decisión —que tendrá un fuerte impacto en quienes aún pensaban en emigrar— hay una larga historia de presiones diplomáticas.

A finales de abril, varias embajadas colombianas en Europa publicaron un vídeo en redes sociales en el que una funcionaria advertía: “¡Ten cuidado! Si eres de los que creen que solicitar asilo es una opción para vivir y trabajar en otro país. ¡Ojo! Este no es un trámite migratorio”. La grabación llamó la atención en la diáspora. Era el propio Gobierno colombiano intentando disuadir a sus nacionales de pedir protección internacional. Un intento de contener unas cifras de solicitantes que se habían multiplicado en los últimos años. Un mensaje dirigido a los colombianos, pero también —y sobre todo— a los países europeos que exigían a Colombia que actuase.

“Recibimos varios toques de atención de cancillerías europeas”, explica una fuente diplomática colombiana que vivió de primera mano este episodio. “Primero fue el Reino Unido, luego Alemania y después España. Nos decían abiertamente que, si queríamos mantener la exención de visado, teníamos que actuar”. Colombia, que compartía el diagnóstico de que una parte importante de sus emigrantes no cumplía los requisitos para obtener asilo, planteó entonces más controles en los aeropuertos, campañas de información para explicar las condiciones específicas que justifican la protección y otras medidas disuasorias.

Lo llamativo del caso —que revela el nerviosismo de grandes potencias ante unos pocos miles de solicitantes— es que, salvo en España, las peticiones de asilo de colombianos son marginales. Aunque Colombia ocupa el cuarto lugar entre las nacionalidades que más asilo solicitan en la Unión Europea, en 2024 se trató de apenas 50.330 personas, y el 79% lo hizo en territorio español, según datos de Eurostat. Una gota en una enorme región en la que viven 450 millones de habitantes, pero que mantiene sus sistemas de asilo desbordados. Los colombianos son solo una pieza más que las autoridades europeas han movido para limitar lo que consideran que es un abuso del procedimiento.

Las presiones comenzaron a escalar con el Reino Unido, ya fuera de la UE. Londres, que había eximido de visado a los viajeros colombianos a finales de 2022, protestó por el aumento de solicitudes de asilo, que registraron un salto notable, aunque seguían siendo cifras modestas: de apenas una treintena entre 2019 y 2021 a algo más de 700 en 2024. Aun así, menos de un millar de peticiones bastaron para que el Gobierno británico reinstaurara el requisito de visado. El entonces embajador de Colombia en el Reino Unido —y hoy candidato presidencial—, Roy Barreras, lamentó que “los falsos asilos” y la “cultura del atajo” impidieran siquiera negociar una solución intermedia.

Tras la contundencia de Londres, Berlín empezó a presionar por los mismos motivos. El enviado alemán para asuntos migratorios, Joachim Stamp, visitó Bogotá en diciembre de 2024 para abordar el aumento de solicitudes, que pasaron de 135 en 2018 a unas 3.500 el año pasado. Aunque en la práctica el asilo se rechazaba casi automáticamente —el 99,7% de las peticiones eran denegadas—, el mensaje alemán fue inequívoco: “Necesitamos fuerza laboral. Pero, por favor, no a través del derecho de asilo”. Stamp lanzó además una advertencia grave: “En los círculos europeos ya se está hablando de tomar las mismas decisiones que el Reino Unido”. Es decir, suspender la exención del visado Schengen, que permite la entrada a 29 países europeos para estancias cortas.

Poco después se sumó España. El único país que, además de haber registrado un crecimiento espectacular de solicitantes de asilo —a los que, por otro lado, denegaba sus peticiones de forma casi sistemática—, acumulaba cifras de hasta 60.000 solicitudes anuales. Los números empezaron a inquietar en Madrid, donde desde hacía tiempo se observaba con recelo la llegada masiva de latinoamericanos exentos de visado que llegaban como turistas con la intención de instalarse en el país. Y la postura española de defensa sin fisuras de la exención de visado empezó a resquebrajarse con el caso de los colombianos, recuerdan a EL PAÍS fuentes diplomáticas de ambos países. En paralelo, España reformó su ley de extranjería y rompió el puente que facilitaba regularizarse a través del asilo. Los principales afectados eran los colombianos y el efecto fue inmediato: las solicitudes cayeron de unas 40.000 al cerrar 2024 a menos de 14.000 a noviembre de este año.

Más allá de las cifras, la cuestión tiene una dimensión jurídica. “Muchos de los colombianos que emigraban eran de clase media o baja y no tenían claro en qué consiste el asilo”, explica esta fuente diplomática. “Creen, quizá, que haber sufrido una extorsión o haber recibido alguna amenaza intimidatoria es base suficiente para obtenerlo, pero no funciona así”.

La descripción del funcionario coincide con decenas de testimonios recogidos por EL PAÍS en España en los últimos años: relatos de violencia real y grave que, sin embargo, no suelen encajar en los supuestos de protección previstos por la Convención de Ginebra, el marco jurídico que regula el asilo. Esta norma reconoce la protección a quienes sufren una persecución individualizada por motivos de raza, religión o pertenencia a un determinado grupo social, así como a quienes huyen de contextos de violencia generalizada o conflictos armados. La clave es que no ampara de forma automática situaciones de inseguridad, criminalidad o violencia no vinculadas a esos motivos.

Las quejas crecientes de estos y otros países —como Dinamarca e Irlanda, que no suman 5.000 colombianos— acabaron empujando a la Comisión Europea a intervenir. En abril, propuso incluir a Colombia en la lista de países “seguros” con el objetivo de acortar los plazos de examen de las solicitudes y acelerar las expulsiones de quienes reciban una denegación. La Comisión justificó la medida señalando que la tasa de reconocimiento de los solicitantes colombianos fue de apenas el 5% en 2024, un dato que para las autoridades europeas refuerza el argumento de que este perfil no cumple los requisitos de protección reservados a refugiados de guerra o perseguidos políticos.

En cualquier caso, la lista de países seguros es objeto de fuertes críticas. Expertos en el tema recuerdan que, más allá de la situación general de un país, los expedientes deben evaluarse de forma individual y que rechazar por norma en virtud del origen del solicitante puede generar situaciones de grave vulnerabilidad. En el caso colombiano, la UE reconoce la delicada situación de seguridad que enfrentan líderes sociales y habitantes de zonas rurales controladas por grupos armados, pero sostiene que “la población no se enfrenta a persecución ni a un riesgo real de sufrir daños graves”. Argumenta además que quienes sí son objeto de persecución “pueden trasladarse de forma segura y legal” a otras regiones del país sin necesidad de solicitar protección internacional.

“Es gravísimo”, denuncia la eurodiputada española Estrella Galán. “La lista se presentó supuestamente avalada por informes de la Agencia Europea de Asilo, pero resultó que se elaboró antes de que esos informes estuvieran terminados”. Galán, representante de Sumar —el partido de izquierdas que cogobierna en España—, advierte que esos documentos, que no son públicos, “alertan de graves violaciones de derechos humanos, que en ningún caso avalan que estos países sean considerados seguros”. Galán lamenta que a la Comisión “le ha dado igual”.