El ministro Benedetti insulta a una magistrada de la Corte Suprema tras denunciar un allanamiento a su casa: “Está completamente loca y enferma”

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha arremetido este martes contra la Corte Suprema, tras denunciar un allanamiento en su casa en Barranquilla por una causa de corrupción. “La magistrada [Cristina] Lombana está completamente loca, demente, y además es una delincuente (...). Está enferma, obsesionada conmigo”, ha señalado en un video difundido en redes sociales, horas antes de que el alto tribunal confirmara el procedimiento. Después, el político la ha llamado “loca hijueputa” en una entrevista en W Radio. Ha anunciado, además, que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar a la magistrada, que lo investiga en varios hechos de corrupción que datan de su pasado como congresista.

“No tiene testigos, no tiene una prueba para decir de dónde supuestamente me robé la plata”, se ha defendido el veterano político de 58 años, que fue congresista entre 2006 y 2022, inicialmente de derechas y luego de centro. Según quien ahora es mano derecha del presidente de izquierdas Gustavo Petro, la magistrada solo “explora el Planeta Tierra” para encontrar delitos con los que perjudicarlo e incluso ha presionado a personas en Barranquilla para declarar en su contra. “Está abusando de su poder (...). Ha sido RECUSADA porque se ha demostrado su interés en incriminarme. Ha filtrado TODO, pruebas reservadas con videos y audios, a los medios de comunicación”, ha comentado.

Tras la denuncia inicial, Benedetti ha señalado que el allanamiento finalizó sin ninguna incautación. “[Lombana] se fue con las MANOS VACÍAS. Eso demuestra lo obsesionada que está conmigo. Ella no es imparcial por su sevicia y falta de objetividad”, ha escrito en X. Ha asegurado, además, que “30 hombres fuertemente armados” entraron a su casa, que la magistrada “retuvo ilegalmente” a sus empleados y que le quitaron los celulares a su esposa y sus custodios.

La Corte Suprema ha respondido a través de un comunicado que “todos los funcionarios cuentan con los mecanismos legales para ejercer su defensa, presentar recursos y manifestar sus diferencias dentro del marco del debido proceso y el respeto institucional”. Ha hecho un llamado a “desescalar el lenguaje” y a que “la prudencia se mantenga en todo momento”. “La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales (...), dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”, se lee en el texto.

El Gobierno se ha solidarizado con Benedetti. El presidente ha definido el allanamiento como “el secuestro de una familia” y ha dicho que la magistrada es “víctima de su propio odio”. El Departamento Administrativo de la Presidencia, por su parte, ha enviado “un mensaje de apoyo” al ministro y su familia por “el acoso judicial del que están siendo víctimas”. “A su esposa y sus hijos, enviamos un abrazo fraterno esperando que cuenten con medidas de seguridad y protección”, ha declarado en un comunicado. El Ministerio de Justicia ha señalado que las actuaciones judiciales de este martes “podrían comprometer” los derechos de Benedetti y ha pedido que “los hechos denunciados se esclarezcan plenamente”. “Todas las personas, sin excepción, tienen derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la imparcialidad de los jueces y al respeto por su dignidad humana”, ha subrayado.

Otros han criticado el lenguaje violento de Benedetti contra la magistrada. “Vergonzoso. Los funcionarios del Gobierno deben ser ejemplo de respeto por la institucionalidad y acudir a los mecanismos legales que la justicia ofrece para su defensa, no al irrespeto, la descalificación y al matoneo verbal”, ha apuntado el partido de oposición Cambio Radical. Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y exsecretario de Transparencia de Juan Manuel Santos, ha presentado ante la Procuraduría una solicitud de “suspensión provisional e inmediata” del ministro. Ha argumentado que Benedetti utilizó “calificativos impropios” de un servidor público, buscó deslegitimar un procedimiento judicial y afirmó tener información que “a todas luces es interna y confidencial de la Corte Suprema”. “Su permanencia en el cargo puede (...) afectar la independencia judicial y facilitar presiones sobre quienes intervienen en el proceso”, se lee en la solicitud. La Procuraduría, en tanto, ha señalado que evalúa abrir una indagación preliminar.

Los precedentes de violencia verbal

Esta no es la primera vez en la que la violencia verbal del ahora ministro queda en evidencia. Hace dos años, se filtraron unos audios en los que insultaba a la entonces jefa de Gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia, quien llegó a la política de su mano. “¡Usted está allá por mí, hija de puta, por mí!”, “bobita”, “claro que todo me lo debes a mí, ¡todo!”, “eres el hazmerreír delante de todo el mundo”, “idiota”, “estúpida”, “estás más chiquitica de lo chiquitica que eres”. Es larga la lista de insultos a quien fuera su secretaria privada, y luego hiciera carrera con Petro como su jefa de Gabinete, directora del Departamento de Prosperidad Social y canciller. Benedetti después dijo que esas expresiones se dieron cuando estaba borracho, admitió tener un problema de adicción a sustancias y declaró que se había rehabilitado en un programa exprés en México.

El presidente Petro quería a Benedetti lejos del Gabinete cuando llegó al poder en agosto de 2022, sobre todo mientras se investigaban las denuncias de corrupción en su contra. Lo nombró embajador en Caracas y luego ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en Roma. Sin embargo, quien fue uno de los arquitectos del apoyo de grupos políticos tradicionales a la campaña de la izquierda fue acercándose poco a poco al centro del poder en Bogotá. En febrero de este año, Petro lo designó jefe de Despacho y luego, en marzo, ministro del Interior. El mandatario incluso dejó ir a varios ministros de izquierda que se opusieron a su llegada, como Susana Muhamad, para retenerlo en el Gabinete. Desde entonces, el ministro de la política ha demostrado su cercanía con el mandatario que ayudó a elegir.

Las causas judiciales

En contra de Benedetti hay al menos siete procesos penales en curso, por delitos que van desde el tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito hasta la compra de votos y la exigencia de coimas para autorizar transacciones con dinero público. El caso más avanzado, que se destapó en 2017 y ya se encuentra en el juicio, está relacionado con Fonade, una entidad financiera estatal liquidada en 2025 y que se encargaba de canalizar recursos nacionales para financiar proyectos en las regiones. De acuerdo con el denunciante, el abogado Jaime Lombana, Benedetti y otros congresistas habrían intercedido ilícitamente para que se le entregara a Certicámara S. A. un contrato de manejo de archivos por más de 1.000 millones de pesos.

También está cuestionado por su relación cercana con el clan Torres, una poderosa familia del Caribe. Según explicó Benedetti ante la Corte Suprema, para justificar un capital cuyo origen las autoridades no lograban rastrear, fue el contratista Euclides Torres —financiador de la campaña de Petro— quien le prestó 3.600 millones de pesos para comprar una casa. Con respecto a sus vínculos con ese clan, el alto tribunal ha señalado que Benedetti habría desplegado algunas maniobras desde el Congreso para que la empresa Simetric, de los Torres, obtuviera un permiso de porte de armas.

La magistrada que investiga a Benedetti, en tanto, es parte del sector conservador de la Corte Suprema. El periodista Daniel Coronell denunció en 2019 que Lombana trabajó en el despacho de Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, y que no lo había mencionado en su hoja de vida antes de ser elegida. Ella reconoció la omisión y explicó que no le habían expedido una certificación en los tres meses en los que estuvo ahí, en 1997. Asimismo, la magistrada fue mayor del Ejército durante la Administración de Uribe y terminó apartada del proceso contra el exmandatario por manipulación de testigos cuando aún se tramitaba en la Corte Suprema.