Un juzgado revoca la libertad condicional de Emilio Tapia, condenado en el caso de corrupción de Centros Poblados

El juzgado 15 penal de Bogotá ha revocado este viernes la libertad condicional del abogado Emilio Tapia, implicado en el caso de corrupción de Centros Poblados, un viejo contrato público con el que se buscaba llevar internet gratuito a zonas rurales del país. El despacho ha dejado sin sustento la decisión del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que había excarcelado a Tapia, conocido como el zar de la contratación, en abril pasado. El juzgado ordenó, además, la captura de Tapia y su ingreso en prisión. Contra la decisión anunciada este viernes no hay recurso de apelación válido.

Emilio Tapia es uno de los rostros de la corrupción más visibles en Colombia. En 2011, fue parte medular del llamado carrusel de la contratación, un entramado corrupto con el que se ejecutó un desfalco multimillonario de recursos públicos durante la Alcaldía de Samuel Moreno Rojas en Bogotá. Una década después, en 2021, fue uno de los cerebros de otro caso de corrupción, el de Centros Poblados, durante el Gobierno uribista de Iván Duque. Por esa trama, Tapia está condenado por “alquilar” desde la cárcel el nombre del conglomerado, falsificar parte de los documentos necesarios y quedarse con parte del anticipo de 70.000 millones de pesos.

Sobre Tapia, sin embargo, recaen cuatro condenas. La primera data de mayo de 2015, por concierto para delinquir. La segunda, de agosto del mismo año, por los delitos de cohecho y celebración indebida de contratos. Dos años después, otro juez lo sentenció por enriquecimiento ilícito de particulares. Por tener tantos procesos en su contra, en octubre de 2024 la justicia acumuló las penas y finalmente lo condenó a 31 años de prisión y una multa de unos 5.000 millones de pesos (1,29 millones dólares). Ese mismo año, pero en diciembre, otro juez emitió la que ha sido su más reciente condena por el escándalo de corrupción de Centros Poblados por el que fue sentenciado a seis años más.

En ese último fallo, Tapia pactó un preacuerdo con la Fiscalía y la Procuraduría para dar información, a cambio de una rebaja de penas o de acceder al beneficio de prisión domiciliaria. En abril de este año, un juez falló a su favor y fue dejado en libertad por considerar que estaba reparando a sus víctimas y colaborando con la justicia. Sin embargo, la decisión de este viernes deja sin efectos a la anterior, por considerar que, a pesar de sus contribuciones y de que ya haya pagado una buena parte de sus condenas en la cárcel, no es suficiente para acceder al beneficio de casa por cárcel o libertad condicional.

En el documento, el juez también es enfático en decir que, si la resocialización que se atribuye hubiese sido eficaz, no habría vuelto a participar de casos de corrupción como el de Centros Poblados, por el que fue condenado en 2024. “Tapia Aldana no asume un tratamiento penitenciario acorde con su comportamiento porque estuvo involucrado nuevamente en temas de corrupción”, argumenta. Con la sentencia se emitió, de forma inmediata, una orden de captura en su contra.

Después de sus primeras condenas, Tapia pasó por al menos cinco centros de reclusión en Colombia. Estuvo en la cárcel La Picota de Bogotá, donde protagonizó una celebración con whisky y parranda vallenata que era tan irregular que les costó la destitución a dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). De allí pasó a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá). Al cumplir la mayor parte de su sentencia, accedió a prisión domiciliaria. Luego gozó de la libertad condicional, que aprovechó para asistir al Carnaval de Barranquilla. Volvió a la casa por cárcel por solicitud de la Procuraduría y, en su regreso, recibió la más reciente condena en su contra.