Niñ@s soldado, parte 2

El Estado y la sociedad colombiana están en deuda con las niñas, niños y adolescentes, sobre todo los de comunidades indígenas y poblaciones campesinas de las periferias del país. Desde hace más de cinco décadas, la guerra ha escrito con sus nombres parte de los capítulos más violentos de la violencia reciente. Combates a sangre y fuego, escuelas de entrenamiento, operativos especiales, centros de tortura y adoctrinamiento escolar han sido parte de lo vivido por los menores de edad.

La Defensoría del Pueblo reveló que 541 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados en 2024 por parte de grupos paramilitares y guerrilleros. La cifra devela una práctica sistemática que va en aumento paralelo a la expansión de las facciones armadas y de la cruenta guerra en los territorios, como ocurrió a finales de enero de este año en el departamento del Guaviare, donde en enfrentamientos entre las disidencias de las Farc de Calarcá e Iván Mordisco murieron 20 combatientes, entre ellos, seis menores de edad entre los 14 y 17 años. Los otros 14 no superaban los 24 años, según reportó Medicina Legal.

Lejos de tener freno y un combate eficaz por parte de las autoridades, han sido las comunidades las encargadas de monitorear esta violación de derechos humanos y las que han encarado a los actores armados en región pidiendo el regreso a casa de sus seres queridos. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en su informe anual de Derechos Humanos señaló que 273 menores fueron reclutados, de los que el 94% pertenecían al Pueblo Nasa. El principal responsable eran las disidencias de las Farc. En 2024 los pueblos afro del Chocó denunciaron ante la Defensoría del Pueblo más de 7.000 casos de derechos fundamentales vulnerados, entre ellos el reclutamiento forzado de niños.

En su más reciente informe, fechado el 27 de junio, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte que entre 2022 y 2024 recibió más de 788 alegaciones relacionadas con la vinculación de menores de edad en el conflicto armado, de las cuales pudo verificar 658 casos. Las cifras evidencian la dimensión de la tragedia respecto a los pueblos indígenas: según el mismo documento, 915 niños y niñas del norte del Cauca han sido reclutados desde 2016. Con estrategias de reclutamiento que incluyen el uso de las redes sociales para atraer a los menores, los registros indican que niños desde los 9 años se han vinculado a estructuras armadas en sus territorios.

La alerta creciente de las comunidades y los llamados que ha hecho la Defensoría del Pueblo al Gobierno no deben subestimarse. El reclutamiento forzado de menores alcanzó dimensiones que el país apenas está conociendo. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso 07 -el único que aborda las violencias contra niños y niñas en el conflicto armado- identificó un universo de 18.677 víctimas únicas entre 1971 y 2016, sin tener en cuenta el subregistro existente. A pesar que existan denuncias desde 1980, fue solamente la Ley 599 del 2000 la que lo tipificó como delito. Hoy, detrás las crisis humanitarias en Chocó, Guaviare, Arauca, Cauca y Norte de Santander hay un temor latente a repetir los ciclos de violencia y con ello el impacto en la infancia y adolescencia.

A la luz de las cifras, el panorama es aún más desolador. Según cifras de la Comisión de la Verdad, de 1985 a 2018 más de 450.000 niños, niñas y adolescentes perdieron la vida por el conflicto armado. La desaparición forzada, el secuestro, el reclutamiento, el desplazamiento forzado y la violencia sexual han sido los hechos victimizantes más recurrentes en su contra. Informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y de la Comisión de la Verdad ejemplifican parte de las violencias vividas*.

Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), al mando de Ramón Izasa, construyeron cinco escuelas de formación en Antioquia en las cuales enseñaron a menores de edad a torturar, asesinar, planificar masacres y desmembrar cuerpos, según relataron ante el Tribunal de Justicia y Paz varios desmovilizados. En el año 2002, el extinto Bloque Elmer Cárdenas de las AUC desarrolló los PDS o promotores de desarrollo social, una estrategia implementada en el Urabá para bachilleres con liderazgo en la región. Su fin era lograr un acercamiento con las poblaciones y generar en conjunto proyectos de desarrollo social.

Las guerrillas, aparte del reclutamiento forzado, apelaron a incidir en la formación de los niños y niñas de escuelas rurales. Tanto las extintas FARC como el ELN implementaron abecés de formación y pedagógicas para infancia y adolescencia. El extinto Bloque Oriental de las FARC creó la cartilla ”Clubes infantiles Bolivarianos” con el propósito de orientar la pedagogía crítica y los valores del socialismo para niños entre los 5 y 12 años.

A esto se sumaron decenas de acciones militares, ordenadas en cumplimiento del plan estratégico del grupo insurgente, que involucraron niños y niñas, como la creación de la columna móvil “Arturo Ruiz”, formada durante los diálogos del Caguán con el objetivo de llegar al Magdalena Medio a recuperar el territorio y el trabajo político. El plan fue frustrado por el Ejército mediante la ‘Operación Berlín’ que diezmó la facción armada y desnudó su composición: 150 de los 400 combatientes eran menores de edad.

Con la guerra a cuestas, el reclamo al Estado debería ser un clamor nacional. La única variable constante que ha incidido en los picos de reclutamiento es la deficiente oferta institucional para generar cambios estructurales en los territorios y superar los problemas socio económicos de las comunidades asentadas, sobre todo en la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia. Mientras los grupos armados siguen ofreciendo sumas de dinero mensuales superiores a un salario mínimo, las entidades territoriales siguen sin hacer presencia integral en los territorios. El esfuerzo que viene adelantando la Defensoría del Pueblo será inútil sin un despliegue institucional integral.

*En este link podrán escuchar testimonios de niños y niñas que fueron reclutados.