O invertimos juntos, o no hay futuro que financiar

“Podemos pagar nuestras deudas con el pasado poniendo el futuro en deuda con nosotros mismos”, escribió el novelista escocés John Buchan. Hoy, esta frase resuena con relativa urgencia teniendo en cuenta las “duras verdades”, como las llamó el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, alrededor de la financiación para el desarrollo (F4D, en sus siglas en inglés): los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aquella promesa que se le hizo a las generaciones futuras, están dramáticamente lejos de cumplirse, las arcas públicas de muchos países, que deberían ser el principal motor de desarrollo humano, están asediadas por una tormenta perfecta de crisis superpuestas —los coletazos de la pandemia, la inflación, el cambio climático, las guerras y conflictos armados, etc.—, y los recursos de la cooperación internacional, aunque todavía permanecen como una importante fuente de financiación, disminuyen a pasos acelerados a medida que las prioridades geopolíticas cambian. El ideal de un desarrollo global sin dejar a nadie atrás continúa vigente, como también lo está la inminente amenaza de la crisis climática; lo que ya no parece haber son los recursos suficientes para afrontarlos.

Pero la desesperación es un lujo que no podemos permitirnos. Debemos ser los arquitectos de una nueva esperanza que se construya sobre cimientos financieros más sólidos, diversificados e innovadores, que logren superar la brecha de financiamiento global para el desarrollo que se calcula, de acuerdo con la OCDE, en 4,3 trillones de dólares anuales, el equivalente al PIB de Colombia, Argentina, Perú y Ecuador multiplicado por cinco. La solución a esta crisis no puede provenir únicamente de las fuentes tradicionales: es de vital importancia construir un nuevo modelo, uno que combine lo público como habilitador y el dinamismo del sector privado.

Durante mucho tiempo, la conversación alrededor de la F4D ha mantenido al sector privado en la periferia, viéndolo con escepticismo o simplemente como una fuente de ingresos fiscales. Esta narrativa debe cambiar para fomentar y promover su activa participación y la de los mercados de capitales globales en el desarrollo. No es un llamado ingenuo a la filantropía corporativa ni a que los privados reemplacen al Estado en sus responsabilidades. Se trata de que estos actores, sin renunciar a su legítimo objetivo de lucro, participen activamente en las discusiones y el desarrollo de soluciones que impacten el desarrollo del país.

Invertir en desarrollo no es caridad: la inestabilidad, la desigualdad y los autoritarismos son algunos de los mayores riesgos sistémicos para el propio mercado. En ese sentido, es una estrategia de gestión de riesgos a largo plazo y una inversión en futuros consumidores, mercados estables y cadenas de suministro resilientes. Tampoco se trata de que esa carga recaiga solo en los privados: los gobiernos deben, paralelamente, fortalecer el Estado de derecho, combatir la corrupción, simplificar las regulaciones, generar incentivos en el rol del Estado y garantizar la estabilidad macroeconómica. La meta es crear ecosistemas donde la inversión para el desarrollo humano, y el uso sostenible de la naturaleza no solo sea posible sino, además, preferible y rentable.

El Estado colombiano ha demostrado un compromiso firme con superar sus desafíos estructurales, pero la realidad fiscal lo limita: con un recaudo tributario del 14% del PIB —muy por debajo del promedio de países OCDE— y una deuda pública que roza el 60%, los recursos públicos simplemente no alcanzan. La cooperación internacional, aunque útil, representa apenas el 0,4% de los flujos financieros. En total, el Estado aporta el 41% del financiamiento para el desarrollo; el restante 59% proviene del sector privado. Sin embargo, estos esfuerzos aún no marchan al mismo ritmo ni en la misma dirección. Lo que falta es una estrategia común que los articule, los oriente y los potencie al servicio del bienestar colectivo. El desarrollo de Colombia no puede seguir siendo responsabilidad exclusiva del Estado: es una tarea compartida.

La buena noticia es que, en la actualidad, son muchos los privados que apuestan por el desarrollo o que, por lo menos, quieren hacerlo, aunque no siempre encuentran las condiciones ideales para ello. Cada vez más son los que imaginan marcos de inversión que incentiven las energías renovables, la agricultura sostenible o los negocios inclusivos con poblaciones vulnerables; cada vez más los que ven viable la promoción de mecanismos financieros innovadores que generen impacto social, la creación fondos de capacidad de riesgo centrados en soluciones para el desarrollo o la habilitación de fintech que tenga impacto en las poblaciones alejadas. Un ejemplo son las líneas de crédito a víctimas del conflicto armado que ofrece la Unidad de Víctimas con el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia, Bancoldex, las cuales reducen las barreras de financiamiento a esta población al tiempo que logran movilizar hasta tres veces el valor invertido. O la ruta de reverdecimiento de los créditos del Fondo para el financiamiento del sector agropecuario, Finagro, con los que, por cada peso invertido en mejorar la colocación de crédito a proyectos con protección ambiental, se logra movilizar hasta cuatro veces la inversión.

No se trata de privatizar el desarrollo ni de estatizar la economía; es un modelo catalizador en el que los fondos públicos se utilizan de forma más estratégica para reducir el riesgo y atraer la inversión privada, y en el que la financiación privada crea y aprovecha las condiciones habilitantes del mercado para llegar a nuevos sectores, ofrecer mejores productos que incluyen a la población desatendida y así fomentar el desarrollo.

La brecha de financiación es inmensa, pero no insuperable. Llenarla requiere la misma audacia y creatividad que nos llevó a imaginar que el desarrollo humano sin dejar a nadie atrás era posible. El científico y futurista Buckminster Fuller lo expresó de manera brillante: “Nunca cambiarás las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga obsoleto el modelo existente”. Debemos construir un nuevo modelo de financiación para el desarrollo que, más que simplemente responder a la crisis presente, moldee un mejor futuro basado en la promesa cierta de bienestar y sostenibilidad ambiental.

Esto requiere que todos los actores —públicos, privados y multilaterales— se vean a sí mismos no como entidades separadas, sino como coinversores del desarrollo humano sin acabar con el planeta. Esa es la deuda que debemos saldar con el futuro. Y es una deuda que, trabajando juntos, podemos convertir en nuestro más valioso legado.