El Gobierno compra 22.000 litros de glifosato pese a que Petro siempre ha criticado el uso del herbicida

La paradoja de que el Gobierno de Gustavo Petro compre glifosato, después de haber prometido en campaña no usar “ni una sola gota” de ese herbicida, no termina ahí. El Ejecutivo ha adjudicado un contrato por 2.673 millones de pesos (unos 646.000 dólares) a Del Monte Agrosciences, la misma empresa con la que el Gobierno de Iván Duque suscribió una millonaria compra para dejarle a su sucesor 263.000 litros del químico. Todo esto apenas dos meses después de que el presidente negara que estaba avanzando el proceso para volver a usar el glifosato. “Esto no es cierto. La política del gobierno es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja y su sustitución por productos agroindustriales que generen prosperidad en las comunidades“, escribió el pasado 9 de abril en X, en respuesta a una noticia de Caracol Radio que afirmaba que el Gobierno ”habría ordenado retomar el uso de glifosato para erradicar los cultivos ilícitos”.

El nuevo contrato, firmado el 28 de mayo por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, contempla la compra de 100 canecas de 200 litros y 130 bidones de 20 litros, destinados a operativos de erradicación terrestre en 15 de los 32 departamentos del país. El Gobierno insiste en que lo utilizará solo en tierra y no reanudará las aspersiones aéreas, suspendidas por la Corte Constitucional desde 2015, que las condicionó al cumplimiento de estrictos requisitos ambientales. Aun así, el regreso del herbicida a gran escala —y con el mismo proveedor— ha revivido las tensiones comunitarias y políticas por su polémico uso.

Por ello, seis organizaciones sociales —el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Centro de Alternativas al Desarrollo, el Colectivo Maloka de Cataluña, A la Orilla del Río, la Fundación Viso Mutop y la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva— han emitido un pronunciamiento en el que expresan su preocupación por la reactivación del uso de glifosato. Cuestionan que el Gobierno haya retomado una estrategia que había prometido dejar atrás, sin contar con estudios científicos actualizados y “apoyándose en argumentos técnicos elaborados por la misma empresa proveedora del herbicida”. Asimismo, llama la atención que tome la decisión cuando siguen pendientes de cumplimiento más del 51% de los compromisos del Acuerdo de Paz que hacen referencia a la solución al problema de las drogas ilícitas. A esto se suma, indican, el rezago en la implementación del programa de sustitución de cultivos ilícitos o PNIS, al que están vinculadas cerca de 100.000 familias. Por eso, le solicitan al Gobierno la suspensión del contrato, el cumplimiento de los compromisos del programa y el respeto a la consulta previa herbicida en las zonas étnicas.

El ingeniero Gabriel Tobón Quintero, docente de la Universidad Javeriana y experto en desarrollo regional, ha seguido de cerca las implicaciones del uso de glifosato en Colombia. En su concepto, su aplicación siempre “implica varios tipos de enfermedades y riesgos para las personas, y afectaciones ambientales”. Dice, además, que aunque el Ministerio de Defensa ha sido enfático en decir que su aspersión será terrestre, “no existe un plan que permita controlar las implicaciones sociales, ambientales y culturales que causa la fumigación”. Y advierte que la fumigación terrestre no se hace a la altura de los suelos, “debe hacerse a unos metros de altura y el aire esparce el químico a otros cultivos”. En el plano ambiental, advierte que el glifosato puede permanecer desde semanas hasta 10 años en la capa superficial del suelo, afectando su fertilidad.

Además de las consecuencias ambientales y sociales, Tobón pone el foco en los motivos para la contratación: “El Gobierno está cediendo a las pretensiones del nuevo Gobierno norteamericano, que busca a toda costa retomar las fumigaciones con glifosato, que son un negocio”, y afirma que la decisión de Petro es un retorno a la política prohibicionista, que considera un fracaso en la lucha contra las drogas. Argumenta que su experiencia en campo señala que la sustitución voluntaria de cultivos ha mostrado resultados más sostenibles, pero requiere voluntad política, inversión constante y mecanismos de participación local. Por todo ello, afirma, el regreso del herbicida es una contradicción estructural del Ejecutivo.

Es una conclusión que no comparte la investigadora Estefanía Ciro, para quien tampoco es un giro inesperado. A su juicio, desde el inicio del mandato quedó claro que la estrategia oficial contempla la erradicación forzada y no excluye explícitamente el uso del glifosato, lo que dejaba abierta la posibilidad de reactivarlo. Desde su óptica, Colombia atraviesa un escenario geopolítico tenso, influenciado por la presión de Estados Unidos para reducir los cultivos de coca, que para 2023 alcanzaron las 253.000 hectáreas. “Estamos viendo una incapacidad profunda de diseñar e implementar una política de drogas a la altura de los retos del país”, dice. Su mayor preocupación es que el uso del herbicida termine exacerbando tensiones entre los funcionarios y las comunidades rurales, como ya ha sucedido en el pasado, cuando operativos de erradicación han derivado en choques con la Fuerza Pública.

El viraje ya se había confirmado el 10 de abril, cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el país reactivaría la erradicación forzada terrestre con glifosato, una “herramienta legal disponible” para enfrentar el narcotráfico. Ese día explicó que la licitación se había abierto en febrero, mientras el presidente Petro, en X, insistía en privilegiar la sustitución voluntaria. Sobre la mesa pesaba también la inminente evaluación de Estados Unidos, cuyo informe anual en política de drogas podría descertificar a Colombia si no mostraba resultados, lo que podría producir un menor flujo de cooperación e incluso mayores aranceles.

El Ministerio de Defensa he argumentado que el programa de aspersión terrestre siempre ha estado vigente y cuenta con una licencia ambiental. Sin embargo, Irene Vélez, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y exministra de Minas, lo ha cuestionado, como lo hizo en abril vía X: “Suficientes fallos hemos tenido con la erradicación forzada y con los programas que niegan la falta de tierras y de medios de producción como factores de empobrecimiento”, afirmó entonces. El glifosato vuelve, pero el debate sobre su uso sigue abierto.